«Traidor» fue uno de los insultos que lanzaron desde la tribuna de la Cámara de Diputados durante la votación de la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera este jueves. Epítetos que iban dirigidos en contra del legislador Pepe Auth, quien fue uno de los 8 congresistas que votaron a favor de la cuestión previa del libelo.

Las palabras se extendieron por varios minutos y generaron la reacción de Auth, quien desde la testera respondió a viva voz: «¡Fascista pagada con recursos fiscales!». Con esta frase, el diputado apuntó directamente a una funcionaria parlamentaria: Patricia Rivera, quien es secretaria del legislador del Partido Comunista Hugo Gutiérrez.

De hecho, el propio dirigente comunista utilizó sus redes sociales para responder a Auth. «Esa mujer que maltratas y ofendes Pepe Auth está muy lejos de ser una fascista; tú no tienes ni la pizca de coherencia y consecuencia que ella ha tenido en su vida y te lo digo porque es mi secretaria en la Cámara de Diputados».

Palabras que fueron replicadas por el diputado independientes, quien afirmó: «Tu ‘asesora’ se instala en las tribunas a gritar como desaforada insultando a tus colegas en lo que ya es una práctica habitual y pretendes presentarla como víctima de maltrato».

Aunque no fue el único asesor del PC que estuvo involucrado en la situación. El asesor de Karol Cariola, Juan Urra, difundió por su cuenta de Twitter el momento exacto en el que Auth le respondía a la secretaria de Gutiérrez, en el mensaje además el propio Urra aprovecha para cuestionar públicamente al diputado independiente.

Este no es un hecho aislado en el que funcionarios parlamentarios han increpado a diputados. Desde que empezó el estallido social, el 18 de octubre pasado, se han registrado al menos otros 3 incidentes en que asesores de los partidos políticos han increpado a otros diputados en ejercicio con este nivel de agresividad. Una situación que, explican desde el Congreso, nunca había sucedido. «Esto no había pasado en otros períodos nunca», explica una funcionaria.

Es por este motivo que un fiscal del Congreso inició investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios parlamentarios que hayan participado en estos actos. «Nosotros como asesores en estricto rigor no podemos tener ese tipo de conductas», explica una trabajadora del Congreso quien además comenta que esto es de público conocimiento, ya que la conducta de los funcionarios se rige por el Reglamento interno de orden, higiene y seguridad para funcionarios y trabajadores de la Honorable Cámara de Diputados de Chile, el que se acepta como leído al momento de firmar contrato para la corporación.

De hecho, en el artículo 20 del reglamento se señala que «cada funcionario o trabajador deberá ser respetuoso y cortés con sus superiores, compañeros de trabajo, subordinados y las personas que concurran a la Corporación o a la oficina distrital».

Algo que es profundizado en las letras ad y ae del artículo 53, referente a prohibiciones de los trabajadores y funcionarios de la Cámara Baja, en donde se sostiene que no está permitido «agredir física o verbalmente a jefaturas, subordinados o compañeros de labores, provocando riñas y discusiones» y «utilizar un lenguaje inadecuado y participar en acciones obscenas o reñidas con la moral, buenas costumbres o el orden público y en general; adoptar cualquier conducta que perjudique el prestigio y los intereses de la Corporación y su personal».

Si bien las sanciones que arriesgan los funcionarios involucrados son bajas -el reglamento establece que van desde una amonestación verbal, en caso de ser leve, o una anotación en la hoja de vida, si es que se acredita como una falta grave-, desde el Congreso comentan que en caso de ser actuaciones recurrentes el trabajador podría arriesgar hasta el término de su contrato.

Sin embargo, esta decisión debe ser tomada por el comité paritario, compuesto por trabajadores del Congreso y funcionarios designados por el secretario de la Cámara de Diputado, Miguel Landeros, quienes son los encargados de sopesar los antecedentes entregados por el fiscal que está a cargo de la investigación. Desde la Cámara señalan que ya existen indagatorias por los hechos de las últimas semanas.

Las funas realizadas por funcionarios en el Congreso

Desde que comenzó la crisis se han producido al menos 3 notorias manifestaciones en las que han participado asesores legislativos. Una de ellas ocurrió el pasado 23 de octubre, cuando el entonces ministro del Interior Andrés Chadwick asistió a la Cámara Baja para explicar las medidas que había tomado el Ejecutivo durante el estado de emergencia. Fue durante su visita al Congreso que un grupo de asesores y trabajadores parlamentarios protestaron en contra del titular de Interior a quien increparon con cánticos, gritos y carteles, en los que se señalaba, incluso, que el secretario de Estado tenía «sangre en sus manos».

Casi un mes después, el 21 de noviembre, la situación se repitió. Esta vez el foco de las protestas se concentraron en el diputado Juan Antonio Coloma, quien en medio de la discusión por la rebaja de la dieta parlamentaria ingresó una indicación para disminuir las asignaciones que reciben los congresistas. Este hecho fue rechazado por un grupo de asesores que increparon a Coloma y se manifestaron en el sector de El Pensador. De hecho, una funcionaria encaró al representante de la UDI, mientras este realizaba un punto de prensa explicando los alcances de la medida.

La última manifestación de asesores se realizó este jueves, cuando un grupo de trabajadores levantó carteles que tenían ojos rojos -en representación de los daños oculares que han ocurrido durante los disturbios-, mientras un grupo de diputados de RN realizaba un punto de prensa a favor del Presidente Sebastián Piñera.

Por Bastián Garcés para ellibero.cl

/psg