Este fin de semana se dieron a conocer los detalles del informe entregado por el Ministerio del Interior a la Fiscalía en el que se entregaban antecedentes sobre el comportamiento de redes sociales desde el 18 de octubre.

En dicho reporte se aludía a una intervención extranjera tanto en la generación de mensajes como en la influencia que habría tenido sobre las personas que cometieron daños en distintos lugares del país.

El documento -que fue ampliamente comentado y recibió críticas desde algunos sectores políticos- ya está manos del Ministerio Público. Desde dicha institución, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, se refirió a estos antecedentes.

El persecutor afirmó que “tenemos tres áreas fundamentales en las que se ha dividido el trabajo del Ministerio Público. Una de ellas es la relativa a lo que fueron los atentados a la red de Metro. Nosotros tenemos focalizado el tema en lo que es la Línea 4. Y en ese contexto nosotros ya tenemos dos personas que se encuentran privadas de libertad por lo que fue el ataque a Pedrero. Son elementos ligados a una facción de la Garra Blanca”.

“En la investigación del Metro tenemos distintas situaciones. Hasta el día de hoy, como noticia en desarrollo, nosotros no podemos afirmar la intervención de grupos organizados extranjeros en lo que fueron los atentados e incendios a la red del Metro. No lo tenemos ni en la investigación ni de manera informal, que podría ser a nivel de inteligencia”, señaló.

Guerra afirmó que “lo que sí tenemos son elementos chilenos que el propio día 18 de octubre en algunos casos se ponen de acuerdo para generar destrozos en distintos lugares de la red de Metro. Y esas personas pertenecen a distintos colectivos, Garra Blanca, como decía, hay colectivos que tienen alguna relación con movimientos secundarios, con movimiento estudiantil universitario, hay otros de carácter anárquico que, efectivamente cuando empieza a fluir la noticia el día 18 de la evasión masiva se comienzan a convocar para acudir a la red de Metro”.

“Ahora, no tenemos establecida una coordinación central única pero sí se ven estos elementos que tienen algún nivel de conocimiento previo entre ellos y que toman una decisión conjunta de ir a vandalizar el Metro, es el caso que tenemos en estación Pedrero. Hay conversaciones, hay WhatsApp que dan cuenta cómo se van convocando, llegan y destruyen el Metro Pedrero”, detalló el fiscal.

“Pero en eso, hasta ahora, no tenemos ninguna influencia de alguna organización ya sea política, o de algún gobierno extranjero como en su momento también se dijo de parte del gobierno. Entonces nosotros creemos que en esto hay que ser bastante serios en las aseveraciones que se realizan porque se generan expectativas, legítimas, por parte de la ciudadanía, sobre esta materia”, indicó.

Informe Big Data

Particularmente sobre el tema de la información entregada por el gobierno, Guerra indicó que “en los informes hay dos situaciones distintas. Hay un informe que se entrega por el Ministerio del Interior al fiscal nacional, que es lo que se ha conocido como proveniente del Big Data. Aquí hay dos fenómenos, uno, personas de nacionalidad chilena que tendrían influencia de cierto movimiento extranjero, se ha llegado a hablar inclusive de influencia de determinado grupo con una determinada tendencia musical, pero también tenemos tuits o hashtags que se fueron masificando y que se generaron en el extranjero. Ahora, que eso haya influido decididamente en lo que fue la acción que se desarrolló el 18 de octubre, y de ahí en adelante, la verdad es que yo creo que es un poco temerario hacer una aseveración de esa naturaleza”.

“Ese dato, de dónde provenían los tuits, es parte del estudio que se realiza. Pero de ahí a decir que esa influencia fue la decisiva en que la gente saliera a vandalizar el Metro la verdad es que yo creo que hay una distancia enorme y al día de hoy no hay prueba de aquello”, añadió.

Además informó que “paralelamente se ha sabido que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) habría entregado un informe al fiscal nacional, un informe de inteligencia distinto a este, el cual en todo caso se entrega pero sin liberarlo. La ley de inteligencia establece que el director de la agencia puede liberar la información. Al liberarla y entregarla así al fiscal nacional, el fiscal nacional la puede incorporar en una causa penal. Al no venir liberado, es una información que conoce el fiscal nacional pero que no la podemos utilizar en causas penales. De hecho, yo le puedo decir que no conozco el contenido de ese informe, no tendría por qué conocerlo, está en manos del fiscal nacional, y él tampoco lo puede utilizar para la investigación”.

“Entonces estamos hablando de una situación bien especial, porque tenemos un informe que todos sabemos de lo que se trata, que habla de un análisis de redes sociales, que fue entregado por el ministro del Interior y tenemos otro informe que es un informe de inteligencia, el cual no podemos ocupar. Entonces la verdad es que el aporte de antecedentes resulta bastante escaso como para fundamentar la persecución penal y aseverar la intervención extranjera”, afirmó el fiscal Guerra.

Además indicó que “lo que nosotros decimos es que esa información efectivamente le fue entregada al fiscal nacional por parte del ministro del Interior. Esa es una información a la cual se le añadieron en su momento adjetivos como ‘altamente sofisticada, con tecnología de punta’ y otra serie de aseveraciones más que yo creo que distan mucho de la realidad. Y el otro es el informe que hace entrega la ANI al fiscal nacional, pero que el fiscal nacional aclara que nos han hecho entrega de un informe por parte de la ANI distinto al del ministro Blumel, con otra información, pero con la mención expresa de que es reservado y que no se puede liberar”.

Consultado sobre si hay algo que le sirva del informe de Big Data, afirmó que “hasta ahora no. Ninguna cosa que a nosotros nos llame la atención o que tenga vinculación con las investigaciones que desarrollamos”.

“Para esas dos líneas de investigación que estamos viendo, yo al menos no veo que un informe que de cuenta que hubo una profusión de difusión de información en redes sociales sea particularmente útil. No obstante, tenemos el deber de analizarlo. Es un tema que tenemos que ver con la policía con la cuál trabajamos, que es la PDI y los organismos especializados de Carabineros. Obviamente que si es útil lo vamos a usar, pero no tiene la relevancia que se le ha pretendido dar de que poco menos que con esto se entregó una prueba fundamental para el trabajo del Ministerio Público. Lamentablemente no lo es, aunque nos encantaría que así fuera”, sostuvo.

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