¿Hasta cuándo los parlamentarios continúan dándose licencia para actuar con la bala pasada? Saltándose rejas de acceso al Congreso (Florcita Motuda); ingresando mujeres no autorizadas por debajo del torniquete para que le hagan barra a sus posiciones (Gabriel Boric); actuando disfrazadas en el hemiciclo (Pamela Jiles); contratando asesores que usan como barras bravas para, desde la tribuna del hemiciclo, insultar a los diputados que no votan según las órdenes del Partido Comunista; proponiendo y votando mociones que saben inconstitucionales (Camila Vallejo y otros)… En su mayoría los que eligen saltarse la legalidad y el mínimo decoro pertenecen a la oposición, pero no es patrimonio exclusivo. La diputada de RN Ximena Ossandón también propuso y aprobó duplicar las pensiones, desafiando a que alguien se atreviera a llevar tan generosa iniciativa (como si la pagara de su bolsillo) al Tribunal Constitucional. Ella sabía que se trata de un gasto para el Estado que sólo puede proponer el Ejecutivo, pero se dio el gustito mirando encuestas, sin duda.

Es bien triste observar cómo algunos parlamentarios degradan la función pública, como si ya no estuviera en el suelo. El Congreso tiene la peor aprobación junto con el PC (11%), pero insisten en sumar caos a la situación revuelta. El presidente del Senado, con cero responsabilidad por su investidura de Estado, ofrece una triple retroexcavadora, como si la de Michelle Bachelet no hubiera hecho lo suficiente para lograr crecimientos anuales del 1% e inversión negativa los 4 años de su mandato. Jaime Quintana ahora propone arrasar con fuerza mecánica con las AFP, el sistema tributario y la actual Constitución.

El mismo Quintana, del PPD, junto a la cabeza de la Cámara, el DC Iván Flores, postula dejar en cero la reforma previsional y partir de cero. Quieren que el Ejecutivo haga una nueva propuesta que esperan vaya más allá de la que propuso Bachelet, quien planteaba que dos puntos adicionales de cotización fueran  a reparto. Ahora están hablando de subir 5 puntos porcentuales la contribución para la pensión y que los 5 se utilicen para un sistema solidario, que no devolverá nada a los actuales trabajadores jóvenes porque progresivamente habrá menos contratados activos por cada pasivo. En  unos 20 años más pasaremos de una relación de 5 a 1 a otra de 2 a 1. Con mayoría en ambas Cámaras, convencieron al gobierno de lo que no habían logrado antes del reventón: que separara el proyecto de la reforma previsional y dejara aparte el que reajustaba los montos con cargo al Estado. El Ejecutivo se negó antes del estallido de violencia porque era obvio que querían comerse el pastel y no pagar la cuenta, que es hacerse cargo que las pensiones seguirán siendo bajas si no sube el aporte de las personas que imponen poco y viven más.  Tal cual ocurrió. Obtuvieron el reajuste y volvieron a cero la iniciativa para mejorar las pensiones que llevamos ocho años en discusión.

Ante el  peligro de que las hordas quemaran el Congreso, los honorables de la mayoría de los partidos, de los que se excluyó el PC y otros del FA, firmaron el  15 de noviembre el “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”, estableciendo condiciones para llamar a una Asamblea Constituyente y tener una nueva Carta Fundamental si así se resuelve en un plebiscito fechado para abril próximo. Uno de los acuerdos claves era que las decisiones técnicas para viabilizar el cambio deben aprobarse por 2/3 de los votos. La comisión técnica con 14 personas designadas por los mismos partidos refrendó el acuerdo. Haciendo caso omiso de lo firmado, dirigentes de la oposición en la sala de la Cámara de Diputados votaron indicaciones contradiciendo el acuerdo. Incluso los DC empezaron a colgarle a lo convenido cuestiones como cuotas de género de salida (es decir, que la mitad electa debe ser de mujeres), de pueblos originarios y de independientes en la nueva Asamblea Constituyente. Estuvo en ascuas si la Cámara lo iba a aprobar el miércoles pasado, porque en la izquierda muchos proponían boicotear su propio éxito, que es la posibilidad de tener una asamblea constituyente para que redacte una nueva Constitución, sueño que fue votado en contra en las últimas presidenciales. Y buscaron explicaciones para no honrar su palabra, extremando los argumentos para la participación de las mujeres y pueblos originarios (sin ellos en la proporción que sugerían, nada). No ocurrió, finalmente, y se volvió al acuerdo original sin los colgajos (sin los votos del PC, por supuesto) pero eso ocurrió porque el oficialismo no dio los 2/3 a las indicaciones no acordadas en el pacto del 15 de noviembre.

Y para seguir enumerando, el nuevo ministro de Hacienda acordó en noviembre con la comisión de Hacienda del Senado, es decir, con la oposición, porque la preside y tiene mayoría, una nueva reforma tributaria frente al nuevo escenario de demandas sociales. A cambio, el Ejecutivo enterró su propio proyecto que postulaba un efecto neutro en términos recaudatorios pero que simplificara el sistema, buscaba la justicia tributaria e incentivar la alicaída inversión. Acordaron otra que enfatiza la recaudación para responder a las nuevas demandas sociales, US$ 2.200 millones adicionales, y que no aborda ninguno de los ejes anteriores. Un mes después, el senador Carlos Montes, del PS, y Jorge Pizarro, de la DC, están proponiendo reabrir el acuerdo para extremar los cambios. El ministro Ignacio Briones tuvo que recordarles que hay que honrar el acuerdo y no volver as insistir en puntos que fueron descartados antes para llegar al acuerdo, como un impuesto al patrimonio de los más ricos.

Cada acuerdo del oficialismo con la oposición se está convirtiendo en una trampa. Solo  una parte cede para llegar a un acuerdo y luego la izquierda lo desconoce radicalizando sus propuestas a un nivel no visto ni en el gobierno anterior de la Nueva Mayoría.

Sólo se puede honrar la palabra cuando hay palabra y hay honradez.  No cuando se usa el acuerdo como un ardid.

/Escrito por Pilar Molina para El Líbero

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