La Prueba de Selección Universitaria (PSU) que se rendirá el 6 y 7 de enero enfrenta un escenario distinto. No solo porque es la última de su tipo, ya que para el próximo proceso de admisión el examen dependerá de la Subsecretaría de Educación Superior, la que le aplicará cambios. Además porque la prueba se hará por primera vez en enero, luego de ser postergada dos veces producto de la crisis, y se desarrollará en medio de la incertidumbre por posibles intentos de sabotaje o de protestas que podrían ocurrir ese día, y que podrían perjudicar a las 297.437 personas que se inscribieron para rendirla.

Esto obligó al Consejo de Rectores (Cruch), que administra la PSU, y al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la U. de Chile, que la aplica en todo el país, a pensar en planes alternativos para abordar estas “situaciones emergentes”, como se les llama técnicamente.

De esta forma, se creó una mesa técnica entre esos organismos, Carabineros y los ministerios de Educación y del Interior, donde se advirtieron cinco posibles escenarios que podrían complicar a la PSU, los que van desde las protestas hasta intentos de saboteo, y los protocolos de acción según la cantidad de personas afectadas.

Uno de esos planes, por ejemplo, es que los postulantes que eventualmente se vean afectados en un local de rendición puedan dar la prueba nuevamente, ese mismo día o el siguiente, con facsímiles de reserva que tienen las autoridades.

Actualmente, el Demre ya cuenta con diversos protocolos para abordar “situaciones emergentes” que ocurran durante la prueba, como en casos de temblores o de problemas de salud de los jóvenes. Y los planes en casos de protestas seguirían esa misma lógica.

“El Demre y el Cruch han trabajado junto a Interior y Carabineros para tener todas las medidas que permitan a los jóvenes rendir la PSU en condiciones de seguridad”, dice la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Beneficios a alumnos

Pese a que existen planes de contingencia, un eventual problema en la PSU no solo afectaría la rendición misma de los postulantes, ya que el puntaje de la prueba está asociado a políticas públicas, como la entrega de becas y créditos, e incluso la asignación de la gratuidad, ya que según el resultado que logre un joven, podrá entrar o no a una institución con este beneficio.

El rector de la U. de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, dice que de ocurrir un problema de este tipo “habría que hacer una reforma legislativa para poder otorgar los beneficios con otros parámetros. Eso complica las cosas, atrasa los procesos, pero no queremos pensar siquiera en que tendremos que hacer un cambio legal”.

El rector de la U. del Desarrollo, Federico Valdés, coincide en que sería necesario una “ley corta” para asignar los beneficios. También cree que, ante un problema que afecte a muchos postulantes, las universidades tendrían que tener sus propios sistemas de admisión. “Hay una serie de factores que ya están sobre la mesa, como las notas de enseñanza media y el ranking de notas. En muchos casos, los alumnos que van a postular ya hicieron la PSU, y están las notas de ramos determinados para carreras determinadas. También está abierta la posibilidad de que las universidades tomen pruebas específicas en las carreras más selectivas, como Medicina”, dice.

De hecho, la idea de aplicar pruebas específicas por carreras también ronda en otras universidades privadas del Sistema Único de Admisión (SUA), que es el grupo de 41 universidades que se rigen por la PSU para el ingreso de alumnos, con plazos y reglas comunes, para que el acceso sea más transparente.

“Este problema tenemos que resolverlo las instituciones, porque no puede ser que el costo lo paguen los alumnos que darán la prueba. Por lo tanto, de alguna u otra manera tenemos que estar matriculando en marzo”, puntualiza Valdés.

A eso se suman los mecanismos de admisión alternativos que han desarrollado las universidades en los últimos años. Por ejemplo, el vicerrector Académico de la U. Católica, Juan Larraín, cuenta que ellos tienen programas de inclusión “para alumnos de pueblos originarios, de familias migrantes y estudiantes con necesidades especiales”.

En las universidades del SUA, hasta el 15% de los cupos pueden ser completados con estos mecanismos. Pero si se quisiera aumentar ese tope en este contexto de crisis, dice Larraín, también habría que modificar el reglamento del SUA.

El vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, recuerda que este año ya se generó una nueva vía de admisión para cuatro planteles de zonas extremas, “de modo de cumplir esa función de inclusión social que deben tener las universidades”.

Despliegue de seguridad

Para esta PSU, se inscribieron más de 297 mil personas, quienes llegarán a 659 locales de rendición, los que se conocerán recién el 2 de enero, porque se quiere dar el menor tiempo a quienes eventualmente busquen atentar contra el proceso.

Al igual que en años anteriores, el test no solo será rendido por jóvenes, sino que participarán ocho personas mayores de 75 años y también 140 adolescentes de 16 años (ver infografía).

Además, casi 25 mil personas estarán a cargo de aplicar la prueba, desde examinadores hasta intérpretes.

Los 659 locales que estarán dispuestos para la rendición de la prueba contarán, además, con la presencia de Carabineros a fin de garantizar su normal desarrollo.

En total, señalan altas fuentes de la institución, cerca de 4.000 uniformados cumplirán labores preventivas y de control del orden público, en caso de que se registren incidentes.

Los uniformados, según detallaron desde la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de la policía uniformada, estarán a cargo de realizar “escoltas para los traslados de las pruebas en todo Chile, tanto de ida como de regreso”. Y también de coordinarse con las autoridades a fin de reaccionar de manera oportuna ante eventuales incidentes.

Asimismo, “se reforzarán, conforme a la contingencia, todas las sedes donde se rinda la PSU”, agregan desde la institución policial.

En regiones, el normal desarrollo de la prueba de selección es un factor relevante. Por esta razón, Lucía Pinto, intendenta de la Región de Coquimbo, manifestó que “desde la Intendencia le solicitamos a Carabineros un resguardo especial de los recintos durante el desarrollo de la prueba. La PSU es muy importante para muchos jóvenes y esperamos que se desarrolle con total normalidad”.

El organismo a cargo de la prueba detectó cinco escenarios problemáticos y baraja soluciones, como aplicar nuevamente la prueba a quienes se vean afectados.

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