Este lunes y mañana martes casi trescientos mil jóvenes rendirán la PSU, con la esperanza de ser admitidos en alguna de las universidades chilenas. Sus familias seguirán este proceso con ilusión, pues todavía en nuestro país la educación universitaria es la principal herramienta de ascenso social. En la Universidad Católica, considerada por muchos como de élite, más de la mitad de los alumnos son primera generación de su familia en la universidad.

La ilusión de estos jóvenes, entre los que también hay cerca de 1.700 haitianos, 1.600 peruanos y 1.200 venezolanos, es acompañada de una natural ansiedad, a la que esta vez se agrega la amenaza de estudiantes secundarios de boicotear el proceso e impedir la rendición de la prueba. Es una amenaza insensible, que tiene en ascuas a tantas familias chilenas, pero a quienes la realizan eso no les importa. No+PSU se ha agregado a tantas consignas que apuntan al mérito. Una sociedad meritocrática que derrota al abuso y la desigualdad es intolerable para la ACES y Ayelén Salgado, su vocera, quien ha declarado que “esta prueba no se puede rendir” porque es un método segregador.

El Cruch (Consejo de Rectores), cuyo vicepresidente ejecutivo es Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, ha dicho que no cederán a la amenaza y que tampoco postergarán la rendición del Simce. También ha declarado que no han pensado tomar ninguna medida de seguridad extra. Ojalá alguien haya pensado en ello, pues dejar a más de doscientas cincuenta mil familias chilenas entregadas a su suerte no parece razonable.

Si se interrumpe la PSU habrá otras consecuencias. Los alumnos de primer año no podrían acceder al CAE, becas, gratuidad y carreras de pedagogías. Si se decidiera por parte de las universidades modificar el sistema de admisión, tendría que dictarse una ley especial para poder superar los vacíos que se producen, ley que tiene una serie de complejidades técnicas.

Pero no son solamente los estudiantes chilenos los que están sometidos a una prueba con este proceso de admisión; es el país entero. Ello, porque si las autoridades no son capaces de garantizar que se rinda la prueba PSU, porque un grupo minoritario de audaces decide impedirlo, puede presumirse que lo mismo ocurrirá con el proceso constituyente. Es más, la ACES participó en funas a dirigentes del Frente Amplio que suscribieron el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución.

El 26 de abril, los chilenos concurriremos a un plebiscito para decidir la continuación del proceso constituyente. Ese es el acuerdo al que han llegado las principales fuerzas políticas. Sería un desastre para el país que un grupo minoritario, empleando la violencia, demuestre que es posible en este país saltarse la institucionalidad para imponer sus propias propuestas al resto de los chilenos. El gobierno tiene la palabra.

/Escrito por Luis Larraín para La Tercera

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