Las fuerzas chavistas impidieron el acceso a la Asamblea Nacional de decenas de diputados venezolanos, habilitaron la entrada rápida de los legisladores del régimen y impusieron a un aliado de Maduro en al presidencia del Congreso, para desplazar a Juan Guaidó. La oposición ya denuncia la maniobra como un nuevo golpe a la democracia.

“Golpe de Estado parlamentario de la dictadura de Maduro contra la Asamblea Nacional. Sin votos ni quórum reglamentario, diputados del PSUV y la fracción corrupta Clap juramenta falsa directiva”, denunció el Centro de Comunicación del gobierno interino de Guaidó.

Luis Parra, antiguo miembro del partido Primero Justicia y actual aliado del régimen, juró como titular de la junta directiva y cerró la sesión rápidamente.

“Alertamos al mundo que la dictadura sin quórum juramenta a una junta directiva ilegal e insconstitucional. Ellos no representan al pueblo venezolano, es una maniobra para tratar de imponer a un grupo de cómplices de Maduro y su régimen en la AN”, denunció Julio Borges, canciller de Guaidó.

Desde temprano, las fuerzas chavistas bloquearon los accesos del edificio en una jornada clave para Venezuela. La práctica, usual los días martes -jornadas en que funciona el plenario-. Ahora, cuatro horas más tarde, se entiende que la maniobra estaba premeditada y el objetivo era impedir la reelección de Guaidó como jefe Parlamentario.

EEUU fue el primer gobierno internacional en reaccionar al atropello chavista. “ALERTA: Lo que el régimen está haciendo ahora en la @AsambleaVE va completamente en contra de la voluntad del pueblo y de las leyes que gobiernan el proceso. La democracia no puede ser intimidada”, escribió la embajada virtual de los EEUU en su cuenta de Twitter. El perfil es la voz autorizada del gobierno de Trump en el país caribeño.

El pasado mes de diciembre Luis Parra, por entonces diputado por el partido opositor Primero Justicia (PJ), junto a otros seis parlamentarios, fue señalado de haber estado involucrado en una trama de corrupción en el marco del programa de las cajas alimentarias CLAP.

Además de Parra, José Gregorio Noriega, José Brito, Adolfo Superlano y Conrado Pérez (principales), Leandro Domínguez y Jesús Gabriel Peña (suplentes), fueron acusados tras un informe del portal Armando.Info.

De acuerdo a las acusaciones, los parlamentarios utilizaron su rol en la Comisión de Contraloría para favorecer a Alex Saab, el colombiano señalado por EEUU como testaferro de Nicolás Maduro, y su red empresarial detrás del programa CLAP, que distribuye comida subsidiada en Venezuela.

Tras conocerse esta información, la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, denunció que el propio Parra y los otros seis diputados fueron comprados por el régimen chavista para formar parte de la “Operación Alacrán”, cuyo objetivo era sumar voluntades para impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento en la elección de este domingo.

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