«Esta vez no fueron encapuchados, respecto de los cuales la justicia y la Fiscalía no pueda actuar, fueron jóvenes a cara descubierta, con nombres y apellidos, que llamaron a boicotear el proceso de admisión», aseguró la ministra de Educación, Marcela Cubillos, tras la decisión del Demre y del Cruch de suspender la aplicación de la PSU de Historia a raíz de la filtración de una de las formas de la prueba. Esto, unido al boicot que afectó a 147 locales de un total de 729.

Las palabras de la secretaria de Estado apuntaban, entre otros, a los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau y Ayelén Salgado, quienes desde la semana pasada han realizado llamados públicos, a través de conferencias de prensa y redes sociales, para funar e interrumpir la realización normal del proceso de selección universitaria.

De hecho, durante este lunes el grupo de estudiantes secundarios subió a su cuenta de Instagram una imagen en la que ofrecían apoyo para funar locales de rendición de la prueba, mientras que en Twitter publicaron un mensaje en el que explicaron cómo fue su forma de operar. «Miles de secundarios se organizaron, se coordinaron por grupos cuando fuimos a reconocer sala, cada grupo buscó la forma de como movilizarse», se puede leer en el tweet.

En la tarde de ayer los voceros de la Aces realizaron un «balance positivo» de su actuar. «Hoy día que se haya cancelado la PSU de Historia no es un triunfo solamente para los estudiantes secundarios, sino que para el pueblo en su conjunto que se pudo filtrar la prueba y que pudo difundirse», dijo ayer Ayelén Salgado.

En la misma línea Víctor Chanfreau agregó que hacían un «balance exitoso al igual que durante el día de ayer (lunes). Nos estuvimos manifestando y son más de 150 sedes donde se suspendió la PSU (…). Nosotros se los advertimos».

Además de Twitter e Instagram, la Aces es activa en Facebook donde publican sus convocatorias, registros de funas, transmisiones en vivo, además de postear instructivos sobre cómo actuar para el boicot de la PSU. Así se lee, por ejemplo, en una publicación del domingo 5 de enero un día antes de la prueba. «¿Qué hacer para que nunca más haya PSU? Años criticando la prueba y ahora la eliminaremos». Con ese enunciado plantean formas de actuar como «Asamblea post reconocimiento de sala: Reconócete con otros y organicen todo para estos días». Para los días lunes y martes indican: «Toma de liceos desde las 05:00 horas. Haz ocupación del liceo durante la madrugada hasta las 10 am. Luego a la calle a marchar!» En otro posteo del día de reconocimiento de salas dicen: «Una vez que estés adentro del liceo donde rindes la prueba segregadora, observa el espacio y cómo es la entrada. Usa un pañuelo rojo o negro para identificarte con otros participantes de acciones para este lunes y martes».

Ayer en la tarde, en La Moneda, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, fue enfático al señalar que invocarán la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra «todas las personas y aquellos dirigentes que hayan incitado o promovido la interrupción de la PSU».

Y agregó: «No confundamos las responsabilidades. Acá hubo anuncios públicos de personas, a rostro descubierto, que llamaron a paralizar este proceso y eso causó un daño profundo a miles de jóvenes y estudiantes”.

El jefe de la cartera explicó que se trataría de un delito que «está contemplado en la letra C del Artículo 6» de dicho cuerpo legal, el cual señala que cometerán delitos contra el orden público quienes «inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública».

La misma ley establece que quienes cometen dichos actos «serán castigados con presidio, relegación o extrañamiento menores en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de las penas accesorias que correspondan según las reglas generales del Código Penal». Dicha pena fluctúa entre los 61 días a 3 años de prisión.

Este accionar es similar al realizó en 2002 por el entonces Presidente Ricardo Lagos. En la oportunidad, junto a su ministro de Interior, José Miguel Insulza, invocaron la Ley de Seguridad del Estado por el paro de micros que interrumpío el libre tránsito por la capital. La justicia actúa y se detuvo a los dirigentes de las «micros amarillas» como el emblemático Demetrio Marinakis. Muchos recuerdan la imagen de los líderes del paro -que no estaban en sus máquinas sino en sus oficinas- cuando fueron conducidos con esposas a la cárcel tras ser condenados a tres años y un día de cárcel. Finalmente la condena fue cambiada a pena remitida.

Interior presentará querellas por daños a Carabineros

El jefe de gabinete además señaló que «ya hemos tomado contacto y le hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado que estudie todas las acciones penales y civiles que correspondan por los delitos y perjuicios que se han causado». Aunque impedir el desarrollo normal de la PSU no es el único delito que busca perseguir el gobierno.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que presentaron «querellas en contra de 4 personas por los delitos de desórdenes públicos, y lanzamiento y porte de bomba molotov en Puente Alto, además de dos querellas en Puerto Montt por desórdenes públicos». También expresó que durante este miércoles el gobierno presentará querellas contra otras 3 personas por lesiones y agresiones a Carabineros y otras 4 acciones legales por barracidas realizadas durante la rendición de la PSU.

Gali además explicó que en total se han individualizado a 16 personas a quienes se les van a presentar querellas por distintos delitos, quienes se suman a los más de 320 detenidos por distintos tipos de delitos los que van desde desórdenes públicos hasta daños a la propiedad pública y privada.

«Dentro de hay ellos 171 detenidos en la Región Metropolitana y en total 246 detenidos por desórdenes públicos hasta el último reporte de esta mañana (del martes)», afirmó el subsecretario y añadió que no era solamente relevante determinar las responsabilidades penales sino que también las civiles por el daño que se le ha ocasionado tanto al patrimonio público producto del gasto en que incurre el Estado para realizar la PSU y para realizar en una segunda oportunidad la PSU».

Filtración de PSU de Historia: Demre y Cruch entregarán antecedentes a la justicia

A menos de media hora de que empezara la PSU de Historia, el Demre emitió un comunicado señalando que la aplicación de la prueba electiva se iba a suspender a nivel nacional debido a que había filtrado el contenido de esta. Algo que fue explicado durante la tarde del marte por la directora del organismo, Leonor Varas, quien afirmó que «Recibimos una denuncia de una filtración, tal como hemos recibido varias. La investigamos, como lo hemos hecho con todas, y en este caso se comprobó que era una de las formas que se iba a tratar en la tarde».

Varas además sostuvo que «se habló con Carabineros, porque resguardan nuestro material, y la denuncia se está estableciendo y recopilando la mayor cantidad de antecedentes». Una medida que fue ratificada por el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, quien señaló que los antecedentes serán derivados a la justicia para que sean indagados, además de iniciar una investigación administrativa.

«Vamos a concurrir en su momento ante el Ministerio Público para que se hagan efectivas las responsabilidades; ya sean administrativas si son funcionarios públicos o de carácter jurídico penal en el caso de que haya un acto ilícito», afirmó Valle, respecto a la filtración del facsímil, el cual habría sido sustraído de uno de los locales de rendición de la prueba.

Respecto a otros posibles hechos ilegales que se habrían cometido durante el proceso de selección universitaria, el integrante de la Clínica Jurídica Derecho UC, Gabriel Cisternas, comenta que «irrumpir en un lugar que se encuentra cerrado, como podría ser por ejemplo un colegio o una sede de la prueba antes de su apertura, podría constituir eventualmente el delito de daños, una figura que lo que protege es la propiedad».

Si embargo, el experto sostiene que varios de los hechos que ocurrieron durante la rendición de la PSU, como quitarle los facsímiles a los jóvenes o generar ruidos molestos durante las funas, solo pueden ser considerados como faltas. «Más bien lo que aquí se ha producido es que mediante el bloqueo de los colegios o la generación de ruidos molestos que atentan contra la concentración que debiera tener una persona para rendir la prueba, la figura que más se asemeja es una falta que existe en nuestro Código Penal», señala Cisternas

El experto agrega además que «si veo a alguien que está entrando a un colegio a dar una prueba y se lo impido ahí estoy cometiendo la falta, porque lo que más se le se asemeja es el artículo 494, número 16, que es una figura que sanciona a una persona que, sin estar autorizado le impide a otro con violencia hacer una conducta que no está prohibida». Aunque no se descarta que pueda existir el delito de amenaza si quien impide el paso amenaza con causar algún mal si no se le hace caso.

«No lo podemos comparar a un robo, a matar a alguien o cometer una violación. Se sanciona, pero como tiene que ser proporcional, la falta se sanciona con una multa que va de una a cuatro unidades tributarias mensuales», afirma el integrante de la Clínica Jurídica Derecho UC y añade que «alguien dirá todo lo que eso implicó y las consecuencias que tiene para los postulantes, quizás no resulta proporcionado que esta gente solo tenga que pagar una multa, pero no podemos inventar figuras. La conclusión clara de esto es que en materia penal es complejo configurarlo».

Otras figuras que podrían aplicarse, según plantean otros expertos es el delito de usurpación, que dice relación con ocupar un inmueble, como es el caso de las tomas. En el caso de la quema de facsímiles y hojas de respuestas se estaría ante destrucción de material de uso público, pero en estos casos la pena va ligada al valor del material dañado. Otro instrumento es presentar una acción civil por el daño económico que este boicot representa.

Por Bastián Garcés para ellibero.cl

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