El ministerio del Interior y Seguridad Pública presentó ayer tres nuevas querellas judiciales por distintos hechos ocurridos durante las últimas semanas, dentro del marco de conflictos tras el estallido social del 18-O.

La primera de ellas es contra los 15 manifestantes que se tomaron la sede del Departamento de Evaluación, Medición y Rendición (Demre) el pasado lunes 12 de enero.

En la denuncia presentada en tribunales se detalla que “fue cerca de las 8:50 de la mañana, cuando los individuos atravesaron de forma violenta el cordón de seguridad del edificio ubicado en Avenida José Pedro Alessandri N° 685, Ñuñoa”.

En el escrito se acusa que estos hechos tenían como finalidad evitar que el personal revisor de la PSU pudiese desarrollar sus funciones con normalidad.

La querella es por delito de alteración del orden público, tipificado en el articulo 269 de el Código Penal y de encontrarse responsables a los acusados arriesgan una pena que va desde los 541 días a cinco años de cárcel.

Caso bandera

Otra de las denuncias es contra Marcela Inostroza, acusada de “trapear el piso con la Bandera Nacional” y cuyo registro se habría masificado por las redes sociales. En la acusación legal, se hace referencia al artículo 6 de la Ley de Seguridad del Estado, en el que se señala que serán castigados los que “ultrajen públicamente” los símbolos patrios.

La mujer arriesgaría la misma pena de quienes se apostillaron en la sede el organismo encargado de la PSU.

Sede de parlamentarios

Finalmente, la última acusación legal es en contra del desconocido que provocó un incendio en el frontis de la oficina del diputado de Renovación Nacional, Leónidas Romero.

Fue personal de gendarmería, que tiene cámaras que apuntan al lugar, quien constató que habría sido un encapuchado el que quemó un neumático en la sede ubicada en la calle Manuel Montt de Coronel.

Las perdidas provocadas en el inmueble fueron avaluadas en 1,6 millones de pesos. Quienes resulten culpables o encubridores del delito de incendio, que castiga el articulo 476 del Código Penal, arriesgan penas desde los cinco años en adelante.

/psg