El vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Aldo Valle, descartó tajantemente que el organismo acceda a que se rinda la prueba de Historia en el marco del proceso de selección universitaria, pese a que así lo han solicitado estudiantes que incluso recurrieron a la justicia.

Tras asistir a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el rector de la U. de Valparaíso explicó que si así se lo ordenaran los tribunales ellos actuarían con “sujeción a la institucionalidad”, pero advirtió que esto podría retrasar el proceso de matrículas incluso para más allá del mes de abril.

“Eso significaría detener todo el sistema y en definitiva tomar esta prueba en una fecha posterior al mes de febrero y en consecuencia impedir que el proceso de matrícula de primer año pueda tener lugar durante el mes de marzo y se postergue, no me atrevo a decir en este momento a decir si para el mes de abril o todavía más tiempo”, puntualizó el rector Valle.

En ese sentido explicó que “esos podrían ser los efectos de que se acogiera una orden de no innovar que ordenara la suspensión de todo el proceso, porque también pudiera ser una orden de no innovar que tuviera un efecto parcial”.

El representante del CRUCh indicó que la institución hizo una “evaluación acuciosa” para determinar los efector que significaban rendir el examen de Historia que debió suspenderse tras los graves desórdenes que se produjeron en el marco de la rendición de la PSU en distintos locales del país y más aún cuando esta prueba en particular se filtrara a través de redes sociales.

Valle indicó que esta prueba es la que tiene el mayor número de convocados con 202 mil jóvenes inscritos y a su juicio, “no hay en el país condiciones de seguridad” para garantizar que esta se realice en conjunto a la reprogramación hecha para quienes no pudieron dar los test de Lenguaje y Matemáticas.

“Estimamos que era imprudente, irresponsable careciendo de los recursos logísticos de los locales, porque los sostenedores no están en condiciones de conceder el uso de eso locales porque muchos de ellos sufrieron daños. Los examinadores, los jefes de local, estamos hablando de un desligue logística, de recurso humanos de 25 mil personas que no es posible reconstruir en la oportunidad que se requiere, y en consecuencia rendir la prueba significaba poner en riesgo la integridad de muchas personas. El país lamentablemente no está en condiciones de garantizar eficacia en el orden público, eso no es responsabilidad del Consejo de Rectores”, declaró.

El rector aseguró que ningún estudiante se quedará sin rendir la PSU “debido a fuerza mayor o actos de terceros”.

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