El fiscal nacional, Jorge Abbott, valoró de manera positiva la recién aprobada ley antisaqueos, la cual tipifica y establece sanciones para saqueos y barricadas, además de la práctica conocida como “el que baila pasa”.

Fue durante la tarde de ayer que la Cámara aprobó el proyecto, quedando este a la espera de su promulgación.

“Nosotros vemos en la misma algunas fortalezas, como es el aumento de la penalidad de algunas conductas que hasta ahora tenían solamente penas de multa, como también el que se entiendan como consumados delitos desde el momento en que se da inicio a su comisión”, explicó Abbott.

Y agregó: “Pensamos que con la aplicación de esta normativa podemos probablemente incidir en disuadir a las personas que cometan hechos como los que se han cometido y que nosotros no hemos podido sancionar, porque el marco legal vigente no nos permitía solicitar una sanción acorde a la gravedad de los mismos”.

En esa línea, descartó que la iniciativa restrinja de alguna forma el derecho a la manifestación, si no que a quienes, aprovechando dicha situación, cometan ilícitos.

“El que baila pasa”

Sus dichos marcan una distancia con aquellos entregados esta mañana por el regional Oriente, Manuel Guerra, quien manifestó reparos con la ley, señalando que, a su juicio, “el tomar tomar decisiones legislativas al calor de una contingencia que no solo ocurrió, sino que está ocurriendo actualmente, es un evento complejo, porque puede llevar a tomar decisiones muy rápidas”.

Guerra criticó la práctica de “el que baila pasa”, tildándola de “completamente inadecuada y que merece una respuesta del Estado”, aunque se manifestó contrario al hecho que se buscara una nueva tipificación ya actualmente aquello se persigue bajo la figura de amenazas.

“La penalidad que la ley señala hoy para eso es la misma que puso el legislador para este delito. No es que ahora van a ir a la cárcel o se van a sancionar severamente (…) genera la impresión, o se hace la promesa de que aquí se van obtener mejores resultados”, zanjó.

Y si bien Abbott coincidió que hoy la práctica está sancionada como una amenaza, este aseguró que “lo que pasa es que simplemente se ha tipificado de mejor manera y ha incrementado el reproche penal”.

“Es inaceptable que las personas puedan alterar la normal convivencia, articulación de las personas. Las penosas tienen derecho a transitar libremente sin que nadie pueda entorpecer esa circulación. Nadie tiene derecho a alterar o afectar los derechos a otras personas, sin que eso suponga una sanción en relación a dicha conducta”, concluyó el nacional luego de la cuenta pública del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

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