La reciente encuesta CEP -cuyo trabajo de campo se realizó entre el 28 de noviembre y el 6 de enero- es la más reciente fotografía que tenemos desde que estalló la crisis social en octubre pasado. De su lectura es posible concluir que el país atraviesa por el peor momento desde el retorno a la democracia. Es así como la mayoría declara estar “enojada”, la confianza en las principales instituciones se ha desplomado -con gobierno, Congreso y partidos políticos al final de la tabla, con 5, 3 y 2% respectivamente-, el 47% estima que la democracia funciona mal o muy mal -a lo que se añade que el 44% piensa que solo es “regular”- y predomina el pesimismo respecto de la situación económica del país en los próximos doce meses. Este desolador cuadro se completa con el inédito desplome de la aprobación del Presidente de la República, con apenas un 6% de respaldo, y sin liderazgos políticos que estén surgiendo con fuerza en el horizonte.

Es posible que el cuadro de efervescencia social predisponga a la ciudadanía a una visión más negativa de la realidad, pero estos resultados deben conectarse con estudios realizados anteriormente, los que venían coincidiendo en un progresivo deterioro institucional. Convendría recordar que en julio de 2016 el expresidente Ricardo Lagos diagnosticaba entonces que el país atravesaba “por la peor crisis política e institucional que ha tenido Chile”. El cuadro ha continuado agravándose y parece haber entrado en una espiral cuya salida es una incógnita.

Debido al largo tiempo que lleva el debilitamiento de las instituciones, pareciera que la ciudadanía se ha empezado a resignar a esa idea, y probablemente no le asigna mayor relevancia. Así, el funcionamiento del país parece haberse disociado de las instituciones, generando un peligroso espejismo de “normalidad”, al hacer creer que ello es posible al margen de los procesos institucionales. Tal predicamento ha probado ser profundamente erróneo: cuando las instituciones y los partidos políticos pierden relevancia se abre un terreno fértil para aventuras populistas, reacciones autoritarias y progresiva pérdida del estado de derecho, favoreciendo cuadros de desestabilización con severo impacto en el crecimiento económico.

El desapego a las instituciones y la insatisfacción con la democracia constituyen la antesala para deteriores mucho mayores. Es ilustrativo el cuadro de la Argentina de 2001, cuando el grave cuadro económico y descrédito institucional llevaron a una profunda desestabilización política -simbolizada en el grito “¡que se vayan todos!”-, lo que a la larga permitió la llegada al gobierno de los Kirchner. Es un recordatorio de que en ambientes deteriorados las asonadas populistas pueden llegar inesperadamente al poder.

El país no puede continuar por esta senda, pero alarmantemente a los propios responsables de las instituciones pareciera no inquietarles demasiado. El Congreso ha preferido consumir parte importante de su tiempo en acusaciones constitucionales e interpelaciones, dilatando la tramitación de la agenda social. Jueces y fiscales tampoco parecen mayormente preocupados frente a la baja evaluación del Poder Judicial, en tanto que el Ejecutivo parece haber perdido el rumbo respecto de cómo dar una orientación al gobierno que sintonice con la mayoría que lo llevó al poder. El inédito desplome en la popularidad del Presidente de la República añade una dosis aún mayor de incertidumbre, pero es irresponsable suponer que su salida anticipada contribuiría a superar la crisis y a fortalecer la democracia, cuando además nadie, ni oficialista ni de oposición, está capitalizando este momento.

Es urgente recuperar los liderazgos antes que el daño sea aún mayor. Quienes tienen responsabilidad sobre las instituciones son los llamados a tomar la ofensiva, para que éstas recuperen su credibilidad, sean capaces de encauzar las demandas ciudadanas -seguridad social, educación y orden público- y orienten el rumbo que debería tomar el país. Ello es aún más necesario porque de acuerdo con la CEP la ciudadanía parece muy confundida sobre el momento actual, lo que dificulta los caminos de salida, y porque es poco probable que en este contexto el plebiscito de abril próximo resuelva por sí solo esta crisis.

Original de latercera.com

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