La ministra en visita Romy Rutherford seguirá investigando los hechos de corrupción al interior del Ejército por dos años más.

Así lo determinó de manera unánime el Pleno de la Corte Suprema luego de aplicar la recientemente promulgada ley que permite extender el periodo de los magistrados de la Corte de Apelaciones en la Corte Marcial, y la cual se levantó desde el Congreso a raíz de la gestión de Rutherford.

“El Pleno acaba de tomar la determinación por unanimidad de prorrogar la visita extraordinaria de la ministra, señora Rutherford, conociendo la causa por dos años”, informó el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva.

Fue en 2017 cuando la ministra asumió la indagatoria que dos años antes había iniciado Omar Astudillo a partir del millonario fraude a la Ley Reservada del Cobre, y que debió dejar tras concluir su período de tres años como integrante de la Corte Marcial. A la fecha, el caso suma cerca de 30 aristas y 40 encausados.

El desempeño de la ministra fue valorado desde distintos sectores, razón por la que en mayo del año pasado tres diputados impulsaron el proyecto que deja en manos de la Suprema ampliar en dos años más el periodo de tres años, considerando que Rutherford debía dejar la Corte Marcial en marzo de este año.

Finalmente aquella fue la decisión que adoptaron los supremos, decretando la permanencia de la magistrada por el nuevo máximo legal, y superando las diferencias que en un principio se manifestaron.

Y es que cuando la ley aún era proyecto, la Suprema manifestó sus primeras impresiones, las cuales no fueron las mejores. En julio del 2019 el tribunal se refirió a la moción parlamentaria como “un ajuste improvisado que no se hace cargo del problema de fondo”.

En el oficio de 10 páginas se indicó que “el plazo actual de tres años, dada la estructura institucional vigente, parece un adecuado equilibrio entre estabilidad de los criterios jurisprudenciales y la distribución equilibrada de la carga de trabajo” y que, “al menos desde el punto de vista orgánico, un periodo de integración de cinco años no parece más razonable ni lógico que el existente de tres años”.

Señalaron que la extensión del periodo “mira sólo a un caso particular, pero está lejos de resolver” algunos problemas en el sistema, como la rotación de ministros en causas complejas y de relevancia pública, considerando que “nada obsta a que un nuevo caso motive la designación de un ministro en visita, a la mitad de su periodo de integración de la Corte Marcial, repitiéndose el problema que se pretendía subsanar”.

Por contraparte, la Corte sí valoró que la extensión fuese decisión del Pleno ya que “permite el examen caso a caso (…), no implica una alteración permanente a la orgánica de la Corte Marcial, sino que se aplicará únicamente en determinadas coyunturas, que pueden darse o no. Dadas estas ventajas, parece una modificación razonable”.

Entre las diligencias adoptadas por Rutherford se encuentra el haber procesado por malversación de caudales públicos provenientes de gastos reservados a los ex comandantes en Jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.

El presidente concluyó indicando que la decisión implica “una buena señal” sobre “la conformidad que existe” con el trabajo de la magistrada: ” Hay que tener en consideración que cualquier ministro está capacitado para conocer una causa como esa, pero se trata de un proceso que tiene 39 cuadernos, con varios procesados, y significaría un trabajo inmenso para una persona distinta a la ministra Rutherford para que siguiera conociendo la causa”.

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