Este jueves, diputados y diputadas de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ingresaron un proyecto de ley que agrega una nueva causal para terminar el vínculo laboral entre los trabajadores que apoyan las labores de los parlamentarios. La iniciativa apunta a los asesores que participen en “actos proferidos en deshonra, repudio y maltrato hacia cualquier parlamentario u obstaculicen el funcionamiento del Congreso Nacional”.

En lo concreto, el proyecto busca modificar el artículo 3°A de la Ley Orgánica Constitucional, que regula el funcionamiento en el hemiciclo. El documento fue presentado a raíz de las distintas manifestaciones y “funas” que se han llevado a cabo al interior del Congreso durante los últimos meses, en el contexto de agitación social. Lo que se busca proteger, según la ley, es el “decoro, el honor y la dignidad de la función parlamentaria”.

El principal firmante de la iniciativa, el diputado Jorge Alessandri, contactado por El Desconcierto, explicó: “A muchos, durante estos meses e incluso antes, nos ha tocado ser ‘funados’. A mí en particular, dando conferencias de prensa, y no solo por diputados o como parte del intercambio político legislativo normal, sino que por funcionarios”.

Además, el parlamentario afirmó que tienen la voluntad de ampliar el proyecto para que también sea aplicable a todos quienes vayan al Congreso, como periodistas o invitados que expongan en las comisiones, sin especificar cuáles serían las sanciones en esos casos. Aun así, defiende que “no afecta la libertad de expresión, porque la libertad de uno termina donde inicia la del otro”.

No obstante, Juan Eduardo Soza, secretario y vocero de la Asociación N°1 de Funcionarios de Parlamentarios (Afunpar), reconoce que la iniciativa los tiene “bastante desconcertados, porque se presenta en un minuto en que, justamente por un estallido social, se han vulnerado los derechos esenciales de las personas y esto afecta el derecho de la libertad de expresión y a manifestarse”. Agregó, además que “no nos parece que con un proyecto de ley traten de callarnos cuando tengamos que manifestarnos en contra de los errores que ellos mismos han cometido”.

Soza advierte que se encuentran “vigilantes y atentos a lo que vaya a pasar con este proyecto”, por lo que se reunirán con “representantes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), de la Inspección del Trabajo y de los tribunales laborales, para ver si esto está dentro de las competencias de los diputados”./gap