A casi 4 años de la “tormenta de fuego” que acabó con la vida de un grupo de brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), sus familias aún no reciben la indemnización que ordenó la justicia.

Fue en el año 2017 cuando en Chile se vivió una de las peores temporadas que se conozcan en materia de incendios forestales.

“Tormenta de fuego”

“Podemos recordar tristemente lo que fue el verano de 2017, lo que fue la tormenta de fuego. Las condiciones generales del país, con las condiciones de sequedad en el ambiente, podrían volver a repetir escenarios como aquellos”, señaló el presidente de la corporación de la Madera (CORMA), Juan José Ugarte.

El 15 de enero de 2017 los brigadistas de Conaf llegaron hasta el sector de Las Cardillas, en Vichuquén. El cambio en la dirección del viento los sorprendió cuando estaban sobre una ladera y los encerró entre las llamas. Sergio Faúndez Vergara, Ricardo Salas Martínez y Wilfredo Salgado Donoso murieron en el lugar. Paulo Cantero Peña falleció 10 meses después tras no poder recuperarse de sus heridas.

El año pasado, la justicia dictaminó, en primera instancia, el pago de $600 millones como indemnización a sus familias, quienes no han recibido el dinero.

Apelación del Estado

El Consejo de Defensa del Estado, órgano que representa a Conaf en este proceso judicial, apeló a la decisión del Tribunal, argumentando que no se consideraron aspectos como la instrucción y capacitación a los brigadistas. Finalmente, se estableció que Conaf se veía imposibilitado de impedir el hecho.

El proceso judicial se encuentra en la Corte de Apelaciones, quien deberá ratificar o dejar sin efecto el pago de la indemnización, confirmando de paso si el Estado tuvo o no responsabilidad en la tragedia de los cuatro brigadistas.

“Muchas veces los mártires que hemos tenido se dan por condiciones especiales o condiciones que van más allá de lo que uno puede prever dentro de lo que es el comportamiento del fuego”, sostuvo Aida Baldini, gerenta de incendios forestales de Conaf.

¿Qué dice el abogado querellante?

Francisco Javier Hurtado, quien representa a tres de las cuatro familias, argumentó que “hubo brigadas de una empresa, de una de las empresas forestales importantes en Chile, que se retiraron del lugar porque las condiciones eran de alto riesgo”.

Es en este punto en la que se sustenta la demanda civil. Y si bien la investigación penal terminó sin condenas para algún supuesto responsable por una decisión de no perseverar de parte del Ministerio Público, para el querellante las falencias en materia de seguridad quedaron acreditadas.

“Cómo usted lleva a trabajar a personas sin determinar una manera previa y precisa y segura de rescate. Si usted no tiene un mecanismo, un procedimiento de rescate, verdaderamente los está llevando a una trampa mortal”, afirmó el abogado.

Caso de Sergio Faúndez

Sergio Faúndez era brigadista de Conaf. Tres de sus 28 años los había pasado en esa labor. Era padre de una pequeña de solo meses y había asumido recién como jefe de cuadrilla. Pero los incendios del 2017 le quitaron la vida.

“A mi hermano le gustaba. Yo creo que era muy apasionado por eso. Él esperaba las temporadas para poder ir a trabajar. Le gustaba”, contó la hermana del brigadista fallecido, Katherine Faúndez.

“Uno no logra entender. Uno piensa que él anda trabajando, que está de viaje, que en cualquier momento va a llegar. Pero no”, agregó.

“Se pudo haber evitado

Katherine indicó que “ya no sacamos nada con buscar culpables o buscar explicaciones si mi hermano ya no está”. Sin embargo, recalcó que “el Estado a nosotros no nos ha pagado nada. No se ha visto materializado eso”.

“Se pudo haber evitado. Si era un incendio que no se podía controlar, debieron haberlos hecho que se fueran”, afirmó.

“Uno lo que espera es que cuiden más a sus trabajadores. Que los capaciten mejor. Y si es que llega a ocurrir alguna desgracia, como la que nos sucedió a nosotros, que puedan acompañar más a las familias”, sostuvo.

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