Por una amplia mayoría, 11 votos contra tres, el Pleno de la Corte Suprema decidió ayer ratificar en su cargo al suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.

La petición de remoción la había presentado su superior jerárquico, el persecutor nacional, Jorge Abbott, por lo que él consideró un “mal comportamiento y negligencia manifiesta”, en el marco de una de las indagatorias internas en su contra.

Se trata de aquella que inició en abril del año pasado por las denuncias del persecutor adjunto de Rancagua, Sergio Moya -hoy también suspendido por otra causa-, en las que acusó una serie de irregularidades por parte de Arias. Alguna de ellas ligadas a violación de secreto, trato preferente con abogados y tráfico de influencias.

Abbott ordenó la apertura de una investigación interna, que quedó a cargo del regional de Antofagasta Alberto Ayala, donde se terminaron descartando estas últimas dos situaciones, pero confirmando otras. Por ello, el nacional decidió imponerle a Arias la máxima sanción contemplada para un miembro del ente persecutor, consistente en la suspensión del ejercicio del cargo por un plazo de dos meses con un goce de media remuneración, además de solicitar a la Suprema su salida. Esto último terminó por ser descartado por el máximo tribunal.

Sin embargo, sobre Arias todavía hay casos pendientes. Tal como señaló ayer el regional tras conocer el decisión de la Suprema, son dos las investigaciones que siguen en curso al interior del ente persecutor, y por las cuales Abbott mantiene su suspensión, la que a la fecha suma más de ocho meses.

“Lamentablemente aún existen procesos pendientes que se llevaron en mi contra por parte del fiscal nacional. En este caso, justo antes que dejara de ser efectiva la suspensión (por la indagatoria de Ayala) y el día previo a que volviera a trabajar hace un par de meses, se me iniciaron dos sumarios más”, explicó Arias.

Y agregó: “Sumarios respecto los cuales también se decretó suspensión. En consecuencia, y no obstante a que la Excelentísima Corte Suprema ha dicho que no hay mérito para removerme, no puedo volver a trabajar”.

Estas indagatorias, confirmaron fuentes de Emol, estarían ligadas a presuntas irregularidades en la custodia de especies en el marco de la causa contra ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

El lado penal

Arias no es solo indagado internamente. Penalmente también se inició una causa en su contra, la que quedó a cargo de su par de Magallanes, Eugenio Campos, y que sigue vigente.

Fue a fines de septiembre, cuando Campos le imputó delito informático y violación de secreto en lo que se convirtió en la primera formalización en contra de un fiscal regional.

De acuerdo a Campos, los ilícitos se configuraron en abril de 2018 cuando, “faltando a sus deberes legales y constitucionales”, Arias procedió a revelar a su hermana y cuñado información “sensible, secreta y reservada” de dos personas bajo la mira del ente persecutor por infracción a la Ley de Drogas. Datos “a los que (Arias) podría acceder como miembro el Ministerio Público”.

En detalle, explicó el persecutor de Magallanes, el indagado ordenó a su secretaria obtener las fichas propias del Ministerio Público, la que terminó reenviando.

El caso quedó al descubierto cuando la información en cuestión terminó siendo presentada por los familiares de Arias en una denuncia ante Carabineros, quienes alertaron del documento.

Independientemente de los resultados que puedan tener los sumarios, la continuidad de Arias al interior del ente persecutor se mantiene en suspenso por decisión del propio regional. Y es que el fiscal no descarta renunciar a su cargo una vez finalizados los procesos.

“La decisión que voy a tomar, no la voy a tomar pensando en mi, sino que la voy a tomar pensando en el interés de la fiscalía, sea que tenga que renunciar o que tenga que seguir. Lo que más me importa es la fiscalía de Chile”, zanjó ayer.

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