El país vive una crisis política profunda. El malestar ciudadano ha ido decantando en demandas sociales muy específicas: pensiones, salud pública, poder adquisitivo y endeudamiento. Está impregnado además de una indignación generalizada respecto de abusos y privilegios asociados a la elite, con el consiguiente descrédito de las instituciones.

La crisis es política precisamente por la incapacidad del sistema político, de procesar y resolver ese malestar e indignación ciudadana mediante los cauces institucionales, lo que se ve agravado por un proceso insurreccional, acotado en términos cuantitativos, pero extremadamente violento, sistemático y persistente en el tiempo.

Confundir ambas dinámicas es errar profundamente el diagnóstico. La violencia que, con distintos niveles de intensidad se mantiene hasta nuestros días y amenaza perpetuarse indefinidamente, no se detendrá con las reformas sociales, ni menos aún con un eventual triunfo de la opción Apruebo en el plebiscito. La vía insurreccional tiene como propósito derrocar el orden establecido, creando las condiciones para una Asamblea Constituyente.

Esta vía insurreccional, que cuenta con un importante contingente de violentistas movilizados, opera bajo el paraguas de organizaciones como la Mesa Social y el PC con algunas fracciones del FA, que buscan legitimarla, presentando la violencia como una forma de “manifestación ciudadana”, y el control del orden público como una represión brutal y sistemática.

No es casualidad que estando el Metro aún humeando, el PC haya pedido la renuncia del presidente. Tampoco es casual el historial de violaciones a los DD.HH. profusamente denunciadas, que han resultado ser falsas; o las acusaciones constitucionales en contra del presidente, del ministro del Interior, del Intendente de la RM y la campaña de desprestigio y amedrentamiento de Carabineros, que son parte de la misma operación.

Lo cierto es que en Chile opera un sistema judicial independiente y organismos autónomos como el INDH, en tanto el gobierno- a diferencia de lo que ocurre en Cuba o Venezuela- invita a los organismos internacionales de DD.HH. a constatar la realidad. El relato de una violación sistemática de los DD.HH. no se sostiene, pero ha logrado inhibir el uso de los instrumentos democráticos para el restablecimiento del orden público.

Frente a las demandas sociales, se han impulsado iniciativas legislativas que suponen un esfuerzo fiscal enorme, que nos sitúa ya en los límites de lo sostenible: endeudamiento público que llegará al 40% del PIB y tasas impositivas de las más de la OCDE. Sin embargo, con la calculadora electoral en la mano, la oposición califica de migajas todas las iniciativas sociales del gobierno, exacerbando el malestar ciudadano. Pero sus niveles de aprobación siguen cayendo, lo que confirma que ni ellos ni sus recetas son la solución esperada.

Frente a la violencia -la oposición “moderada”- en vez de respaldar republicánamente las instituciones y los mecanismos democráticos para la mantención del orden público, han sido vagón de cola de la izquierda más extrema, dejándose utilizar por la estrategia insurreccional ya descrita.

En ese contexto, Chile Vamos debe perseverar en la búsqueda de acuerdos, pero sobre la base de dos condiciones esenciales: 1) exigir que la oposición cumpla el compromiso suscrito en el acuerdo por la paz, y pase de las meras declaraciones a actuar y votar en contra de la violencia y 2) concordar al interior de nuestra coalición los objetivos, contenidos y alcance de las reformas sociales frente a una oposición que todo lo encuentra insuficiente.

Con una operación insurreccional en marcha, en medio de un proceso constituyente asediado por la violencia y una más que probable crisis económica y social, la unidad y coordinación de Chile Vamos para generar gobernabilidad es un imperativo histórico. Sólo unidos podemos lograr la colaboración de los sectores más moderados de la oposición, en torno a acuerdos razonables para seguir avanzando y sortear una encrucijada histórica en que nos jugamos la república misma.

/Escrito para El Líbero por Luis Pardo, diputado RN