Puesto que el orden público se ha convertido, por la fuerza de los hechos, en la variable más crítica del proceso político que está viviendo el país, son razonables las dudas que genera el mes de marzo y también el plebiscito constitucional de fines de abril si es que no se logra contener la violencia que se ha visto en días recientes. El fenómeno, es verdad, no tiene la misma densidad ni los mismos alcances que tuvo en las semanas peak del estallido social. Pero la situación sigue siendo muy precaria. Basta una chispa para que explote el polvorín. Fue lo que ocurrió con el desafortunado accidente del tránsito, porque eso es lo que fue, en que murió un hincha de Colo Colo (nunca se entenderá por qué diablos un camión de Carabineros para el transporte de caballos circulaba -en el peor momento y en el peor lugar- por las afueras del Estadio Monumental a la misma hora que terminaba el partido y comenzaban a salir las barras bravas), episodio que a fines de enero volvió a reinstalar en la agenda informativa algunas de las imágenes más feroces de violencia y destrucción asociadas a la crisis. ¿Quién asegura que esto no volverá a ocurrir? Y si ocurre, ¿quién puede garantizar que de nuevo -salvo a dos o tres pajarones sorprendidos de refilón y en el margen- los responsables no volverán a quedar otra vez en la más completa impunidad? En la práctica, y tal como están las cosas, en el Chile de hoy pareciera que la violencia depende más de las treguas, los ciclos y las resacas de los grupos de pandilleros, de delincuentes o de extremistas que del temor de estos mismos contingentes a verse expuestos a la potestad represiva del Estado. Esto ciertamente es grave y ninguna sociedad puede llegar muy lejos si esta correlación sigue manteniéndose.

¿Es culpa del Presidente, del gobierno, de las policías? En principio, sí. Porque tienen atribuciones, los instrumentos y la responsabilidad de resguardar el orden público. Pero en realidad las tienen en el papel, porque en rigor la violencia terminará solo el día en que la mayoría ciudadana quiera que termine. En ningún caso antes. Y -no nos engañemos- de ese día todavía estamos lejos, porque, cualquiera sea el ámbito al que la mirada se dirija, la complicidad social con la violencia sigue en Chile en niveles impresentables. Sin ir más lejos, y solo a título ilustrativo, somos un país donde hay tribunales que prescriben que las fuerzas policiales tienen que contener las protestas con fuerza proporcionales (uno esperaría que la fuerza de la ley fuera muy superior a la de los violentistas), donde hay barrios completos capturados por el narco y a los cuales ni la policía se atreve a entrar, donde hay políticos que aplauden y rinden homenaje a los encapuchados, donde hay periodistas que describen en la televisión como “pacíficas” tomas y barricadas que por definición son actos de fuerza (¿hay algo más matonesco que copar con agresividad un local o impedir la circulación por las calles?), y donde en una proporción altísima de la ciudadanía, entre el 60 y el 70%, cree que la policía “nunca o casi nunca” debiera usar la fuerza para controlar a un manifestante violento. Aunque parezca un contrasentido, esto es lo que está pensando la gente. En semejante contexto, hasta tiene poco sentido hablar de orden público y, por lo mismo, más allá de la actual contingencia, no parece justo cargarle toda la responsabilidad al gobierno.

Estamos, ciertamente, frente a un problema serio. Hay consenso entre los expertos en que de esto no se sale de un día para otro ni moviendo una sola pieza o variable. Pero habrá que comenzar a enfrentar pronto el tema en toda su complejidad. Por supuesto que sería sano que los poderes públicos comenzaran a mirar su intervención en estas materias con un poco de autocrítica, porque son muchas las prácticas, instituciones y figuras públicas que no están dando el ancho en este plano.

El país nunca pudo imaginar que a partir del descrédito de Carabinero por el fraude institucional cometido por una trenza de oficiales corruptos, triste episodio al cual más tarde se unieron las chambonadas de la Operación Huracán y las mentiras sobre la muerte del comunero Matías Catrileo, caso que por lo demás sigue sin aclararse, la institución iba a quedar con tanta fragilidad operativa y tanta desconfianza ciudadana para enfrentar un desafío como el planteado por el estallido social. Es difícil dimensionar cuál de estas tres puñaladas fue más artera. Lo concreto es que cuando más se necesitaban fuerzas de orden entrenadas, competentes y con buena información, más desprolijidad hubo. La policía uniformada enfrenta, por otro lado, acusaciones relacionadas con derechos humanos y esta dimensión de los cuestionamientos desde luego seguirá complicando el propósito de rescatar pronto a Carabineros del charco donde quedó. Lo ocurrido ha sido especialmente traumático. Se supone que ahora las cosas se están haciendo con más cuidado y que la institución está un poco mejor preparada que hace tres meses. Pero como también la insurgencia ha afinado sus ataques, con operativos más focalizados y menos espontáneos, más vale no dar todavía vuelta la página. En el neto, el nivel de amenaza sigue en rojo.

Por Héctor Soto, Abogado por formación y periodista por oficio, ha ejercido por décadas la crítica de cine y fue editor de las revistas Capital, Mundo Diners y Paula

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