Sin tanta exposición comparado con el caso civil en Santiago, avanza la arista penal del “fraude orquestado”del que Codelco acusa ser víctima por parte de Chilena Consolidada, Gestión y Servicios y los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata y uno de Radomiro Tomic (RT), y que gatilló la presentación de una querella por presunta estafa en el Juzgado de Garantía de Calama. El fiscal jefe de la zona, Cristián Aliaga, ha realizado una serie de diligencias, como el allanamiento que concretó a fines de enero en las oficinas de los sindicatos de la minera implicados en el caso, como también en las oficinas locales de Gestión y Servicios y Servisalud.

A eso se suman las labores que se concretaron en los últimos días y que tienen relación con la información que entregó Cochilco, datos que según cuentan conocedores del avance del proceso, “valen oro”. Y es por esos antecedentes que la fiscalía citó a declarar a los ejecutivos de Codelco que estaban a cargo de fiscalizar la adjudicación y renovación de las pólizas de los seguros de vida y de accidente que los sindicatos de la estatal administraban, y que Codelco pagaba en un 50%.

Se trata de Robinson Cortés, director de Contabilidad de Chuquicamata entre agosto y diciembre de 2018; Cecilia Restovic, directora de Contraloría de la misma división entre junio de 2016 y junio de 2017; Nemesio Ramírez, director de Contabilidad de RT; y por último, a Álvaro Dumont, director de Gestión y Riesgos de Codelco, todos los cuales deberían llegar en estos días a las oficinas de avenida Granaderos, en Calama.

El CDE

La citación encendió las alarmas en la estatal, pues se podría concretar un cambio en la figura del potencial ilícito hoy calificado como estafa, a fraude al fisco, apropiación indebida o contrato simulado, entre otras opciones. Pero también encendió las alarmas, porque la fiscalía ya informó a la oficina local del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que hoy cuenta con todos los antecedentes que contiene la carpeta investigativ,a para analizar si presenta una acción judicial adicional en el proceso.

En el organismo corroboran la información y señalan que “el Consejo tomó conocimiento de los antecedentes contenidos hasta el momento en la investigación que sustancia el Ministerio Público e instruyó a su Procuraduría Fiscal, en Antofagasta, presentar al Comité Penal, la primera quincena de marzo, un informe que detalle hechos que pueden haberse incorporado a ella durante este tiempo, con el propósito de determinar la existencia de eventuales delitos que puedan producir perjuicios patrimoniales al Estado y/o hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, respecto de los cuales el CDE posee atribuciones para intervenir”.

Si el organismo que dirige María Eugenia Manaud se hace parte del caso, Codelco debe salir como titular de la querella, señala una fuente cercana a la estatal. Además, la potencial intervención también complicaría al directorio de la minera, la que mantiene el proceso judicial ante el 25 Juzgado Civil de Santiago, relacionado con la facultad del organismo que dirige Jorge Bermúdez de fiscalizar a Codelco, en que el CDE está apoyando a Contraloría.

Las gestiones del fiscal Aliaga para establecer las responsabilidades en el caso van más allá y también está realizando diligencias con la PDI de Santiago para que Chilena Consolidada entregue la documentación que acredite su vínculo con Gestión y Servicios, y los pagos realizados bajo ese concepto.

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