El informe documenta múltiples violaciones causadas por la falta de independencia del TSJ, los demás tribunales y los fiscales del ministerio público con graves consecuencias para el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.

El ACNUDH sigue preocupado por la falta de independencia que padece el sistema judicial en la República Bolivariana de Venezuela, como fue manifestado en sus informes anteriores por los órganos de tratados y de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, como durante el examen periódico universal de la República Bolivariana de Venezuela, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El ACNUDH identificó varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial, en particular, la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical.

Todo ello merma la capacidad del poder judicial para controlar el ejercicio del poder de otras instituciones y para velar por el respeto de los derechos humanos. En 1999, la Asamblea Nacional Constituyente emitió un decreto en que se establecía la “emergencia judicial”10 y constituyó una comisión dotada de la facultad para destituir a jueces de su cargo, sin seguir un debido proceso, por motivos como la corrupción o los retrasos judiciales.

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