Los parlamentarios se superan a sí mismos. Pareciera que creen que es posible mejorar su imagen, hoy la peor en cualquier evaluación, violando la Constitución una y otra vez. No les faltan argumentos. Que presentan mociones inconstitucionales, sabiendo que lo son, con el fin que el gobierno legisle sobre lo que a ellos les interesa, como aseveró el ex presidente de la Cámara, el DC Iván Flores. O que es preferible infringir la Carta Fundamental a dejar de atender necesidades básicas, como aseguró la actual presidenta del Senado.

El coronavirus les cortó las últimas amarras de pudor y han presentado decenas de mociones que atropellan las atribuciones del Ejecutivo porque irrogan gastos y abordan materias que son competencia exclusiva de éste. Proyectos para no pagar los permisos de circulación, disminuir pagos a colegios particulares y subvencionados; suspender los cobros de educación superior; condonar el CAE; retirar los fondos destinados a pensiones desde las AFP, extender el post natal, etc., etc., etc., porque son múltiples las iniciativas para cada objetivo. Todos disponen de lo ajeno y violan el marco jurídico, despreciando la Constitución que juraron o prometieron respetar.

En marzo aprobaron apuradamente una ley que permitía prorrogar la renovación de los permisos de circulación, quedando tan mal hecha, que obligó al gobierno a presentar un veto para eliminar el cobro de intereses de postergarse el pago. La semana pasada se dieron el gustito de despachar una ley (originada en dos mociones) que suspende los cobros de los servicios básicos y obliga a las empresas proveedoras de internet a entregar servicios como planes sin límite máximo de descarga, incluso a personas que no son sus clientes. Ya en el colmo del populismo, establecieron que para acceder a este reparto de lo ajeno (el “asqueroso” lucro) basta una declaración jurada simple.

La ansiedad de lucimiento le impidió a los honorables considerar que tempranamente, a fines de marzo, el gobierno llegó a acuerdo con las compañías de electricidad, agua y gas para evitar cortes en caso de no pago, dándose la facilidad de 12 cuotas y sin intereses, plan al que se han acogido más de 100 mil personas. Ese acuerdo respondía a las necesidades de las personas dentro del mismo marco jurídico que permitió a Chile dar una rápida cobertura de servicios básicos de la mano de la empresa privada. Pero los parlamentarios parecen creer que las certezas jurídicas no tienen valor si así lo deciden.

Completo desdén por la focalización y la cobertura del gasto tiene este “parlamentarismo de facto”, ya anunciado en enero por el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana. La moción que busca extender el post natal (y que llevó a la presidenta del Senado a sus célebres palabras de desprecio de la Constitución) es inconstitucional, regresivo (porque favorece sobre todo a las mujeres de mayores ingresos) y poco focalizado en las más vulnerables al beneficiar sólo a las mujeres con contrato. Lo peor, no busca solucionar a todas las madres-padres el problema del cuidado de los hijos menores para volver a trabajar con las salas cunas, jardines y colegios cerrados por la pandemia, sino que solamente a las 7.500 mujeres que tienen derecho al pre y post natal de las de los 20 mil niños que nacen por mes.

Ninguna de estas consideraciones mínimas de política pública impidió que el proyecto avanzara al Senado, con la complicidad de votos de RN que han estado empujando junto a la izquierda éste y otros proyectos inconstitucionales. Sorprende que pertenezcan a RN, y que se sume su presidente Mario Desbordes, poniendo, el partido más grande del oficialismo, en apuros a su propio gobierno. La Moneda ha pedido incesantemente racionalizar las demandas, ante la escasez de una economía en caída libre, y respetar el marco jurídico.

Lo peor es que los mismos parlamentarios que se sientan en la Constitución viven acusando a las autoridades y ministros de este gobierno de infringirla, incluso al Presidente, con el ánimo de derribarlos. Y son los propios que defienden con dientes que nada debe impedir el calendario electoral para obtener una nueva Constitución. Inevitable preguntarse para qué, si ellos mismos se encargan de convertirla en letra muerta (salvo que la puedan usar como arma política para destituir autoridades contrarias). Más aún, demandan eliminar el Tribunal Constitucional justamente para que ningún poder del Estado les diga que están violando las reglas básicas para vivir en un Estado de Derecho.  Ese es un mínimo civilizatorio que no parecen dispuestos a acatar.

/escrito por Pilar Molina para El Líbero

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