René Cortázar, un destacado economista y persona a la cual respeto y aprecio, ha enviado una carta pública al Presidente Sebastián Piñera a través de El Mercurio. El tema es de tal relevancia para el futuro de Chile que la vía utilizada por René me parece pertinente y también me lo parece, pese a no haber sido invitado a esta conversación, que yo pueda opinar sobre su contenido y planteamientos.

Hay puntos de la carta de René con los cuales concuerdo. Por ejemplo, que el Presidente se apresuró el 19 de octubre a decir que había escuchado con humildad la voz de la gente, cuando lo que habíamos visto hasta ahí era un estallido de violencia insurgente. Las manifestaciones masivas y pacíficas fueron posteriores. También estoy de acuerdo con Cortázar en que buscar grandes acuerdos políticos respecto de la Constitución, la justicia social y la paz no es una alternativa excluyente a aplicar la legítima coerción del Estado para reprimir actos de violencia. Este último es un deber irrenunciable del Estado y una de sus funciones primordiales. Por ello, estoy con René Cortázar cuando afirma que avanzar en acuerdos políticos es necesario, pero no resuelve el desafío de los encapuchados al Estado de Chile, pues los saqueos e incendios no se detendrán ante un avance constitucional o un aumento de las pensiones.

Luego, hay una afirmación de René que es interesante discutir: “los chilenos sabemos muy bien que nuestro Estado cuenta con los recursos y la capacidad para controlar a los violentistas si se tomara la firme decisión de hacerlo”. Los recursos están, no cabe duda. Lo que ha estado ausente es la capacidad de poner esos recursos a cumplir la tarea de controlar a los violentistas. ¿Por qué?

En mi opinión, en parte por la falta de decisión del gobierno y las autoridades encargadas del orden público de aplicar esos recursos, humanos y materiales, a combatir la violencia. El gobierno no ha estado dispuesto a pagar los costos políticos envueltos en esa decisión. Es cierto lo que señala Cortázar respecto a que “la coerción de los actos de violencia no viene, necesariamente, acompañada de violaciones a los derechos humanos de los manifestantes”. También es cierto que “El Estado democrático tiene la clara obligación de no usar la fuerza que se le ha otorgado para transgredir los derechos de las personas”.

Todo esto suena muy bien y en teoría es correcto. Sin embargo, al hacer la bajada a la práctica, nos encontramos con que hay muchos sectores relevantes de la ciudadanía que opinan que desalojar del principal eje de circulación de Santiago a manifestantes violentos, que, premunidos de piedras, palos y otras armas, causan todo tipo de desmanes desde hace varios meses, es una violación de sus derechos humanos. Esta opinión lleva a acciones; de hecho, el Intendente Metropolitano fue objeto de una acusación constitucional destinada a destituirlo por ello.

El mismo Presidente de la República vio cómo se intentaba, a través de una acusación constitucional de la Cámara de Diputados, destituirlo de su cargo por parte del Senado, lo cual no ocurrió porque seis, sólo seis diputados de la oposición, no apoyaron la acusación. Todos los diputados de oposición, excepto seis, estuvieron por dar curso al procedimiento para destituir al Presidente de la República más de dos años antes de terminar su mandato, por las acciones que su gobierno había tomado para combatir la violencia. Entre esos diputados está el presidente del partido en que milita René Cortázar, la Democracia Cristiana.

Por eso a mi juicio René Cortázar y muchos otros opositores de indudable vocación democrática, deben hacer esfuerzos, aun más allá de los que ya han realizado, para que existan las condiciones para que el Presidente de la República pueda cumplir, en la práctica, con su deber de mantener el orden público. Ello incluye la ingrata tarea de decir públicamente, y más de una vez, que no todo uso de la fuerza por parte de Carabineros es una violación de derechos humanos, como parecen entenderlos algunas instituciones y personas activistas de la causa de derechos humanos.

Los recursos para mantener el orden público están. La capacidad para poner esos recursos a cumplir su tarea ha sido escasa. Hay un problema de voluntad y capacidad política en el gobierno, cierto, pero hay también falta del apoyo mínimo de la clase política, en particular la oposición, para hacer viable el uso de la fuerza de legítima. El triunfo de la violencia es de tal gravedad, que todos los políticos demócratas debieran colaborar en la tarea de combatirla. No sólo ellos, también el Poder Judicial, el Ministerio Público y todos los hombres y mujeres de buena voluntad.

Por Luis Larraín, economista, para ellibero.cl

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