Vivimos tiempos de convulsión atizada por modernos Savonarola que con resabios inquisitoriales se han apropiado de redes sociales y espacios en medios de comunicación. El debate, si así se lo puede denominar, no tiene matices. Sin lugar a dudas nos movemos entre dos aguas, la de la falta de convicciones y la de los excesos de prejuicios. El poeta irlandés William Yeats lo decía con acierto, “a los mejores les falta convicción, mientras que los peores están llenos de prejuicios”. Las grandes palabras son manipuladas a gusto de unos y otros. La razón no genera el entusiasmo que sí convoca al fanatismo y el fanatismo no relativiza nada. La duda no forma parte de sus cálculos ni siquiera a la hora de cuestionar la violencia como medio para la obtención de sus fines.

Lo anterior explica el manifiesto doble estándar presente en las posiciones que adoptan actores públicos ávidos de reconocimiento popular, capturados muchas veces por esa autoproclamada “élite” ciudadana que se expresa con odiosidad en twitter y otras redes sociales. Incluso el ocaso de la voluntad política se expresa nítidamente en la resignación frente a hechos delictuales que se han apoderado del día a día. La normalización de la violencia y la falta de coraje institucional para enfrentarla queda en evidencia con el predominio de “lo políticamente correcto”, acomodando el propio actuar y discurso a lo que se da por bueno, o en palabras de Heidegger en Ser y Tiempo, a los “efectos normalizadores de las opiniones públicas” del “uno” (das Man).

Un claro ejemplo de ello es el actuar del Ministerio Público, donde a partir del 18 de Octubre pasado se han definido criterios de persecución penal que tienden más a aplacar las críticas de sectores radicalizados y vociferantes, que a contribuir a preservar el estado de derecho.

Ilustrativo es el laxo trato a los partícipes de actos delictuales que conforman un grupo orgánico que con ingenuo romanticismo ha sido denominado “primera línea”. La detención de 44 de sus integrantes en un operativo policial como parte de un renovado intento por restaurar el orden público, quedó en nada ante la decisión de la Fiscalía de considerarlos responsables de simples desórdenes públicos. Uno se pregunta ¿cuáles fueron los criterios tenidos a la vista para formalizar por meros desórdenes en lugar de hacer uso de tipos penales más severos como la asociación ilícita, que hubieran asegurado la prisión preventiva de estos individuos, acompañando así el actuar policial?

El sesgo es aún más evidente a la luz de la práctica de la propia Fiscalía en otras causas en que sí asocia -a veces instrumentalmente- delitos de mayor gravedad como el lavado de activos, para instar por la prisión preventiva. La acomodaticia invocación al llamado Principio de objetividad solo enmascara la opción por no usar con firmeza el proceso penal frente a este tipo de delincuencia.

Por Gabriel Zaliasnik, abogado

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