Poco duró la resolución dictaminada esta mañana redactada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía Daniel Urrutia. El magistrado había liberado a 13 imputados del denominado caso “Primera línea” por tratarse de investigados por desórdenes públicos que fueron detenidos por Carabineros en medio de manifestaciones tras el estallido social del 18 de octubre. Las razones argumentadas por el magistrado eran las que les permitía sustituir de oficio -sin media interviniente- sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por una menos gravosa, en este caso arresto domiciliario total. Esto motivado por la pandemia de Covid-19 que afecta al país y, según sus argumentos, ponía en riesgo de contagio a estos imputados.

La orden de Urrutia se fue directo a Gendarmería: “liberación inmediata”. Sin embargo, apenas esta inédita resolución llegó a oídos de sus superiores, la Corte de Apelaciones de Santiago, se decidió realizar un pleno extraordinario debido a lo que algunos consideraban un actuar fuera de la ley por parte del magistrado.

Es así como los integrantes del tribunal de alzada capitalino hicieron se reunieron con carácter de urgente por videoconferencia esta mañana y resolvieron revocar la medida adoptada por el juez, dejar sin efecto la sustitución de la prisión preventiva, además de abrir un sumario disciplinario en su contra y suspenderlo de sus funciones hasta nuevo aviso.

“Habiendo tomado conocimiento esta Corte de la actuación del Magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia Laubreaux, con motivo de la dictación de la resolución de esta fecha pronunciada en la causa RIT N° 3894-202, RUC N°2000243616- 8, que se estima eventualmente puede quedar comprendida en la hipótesis del N° 3 del artículo 544 del Código Orgánico de Tribunales, se ordena la instrucción de una investigación sumaria administrativa en los términos del Acta N° 15-2018 de la Excma. Corte Suprema”, dice el acuerdo de la Corte santiaguina.

Agrega que “atendida la gravedad de los hechos que serán materia de la investigación y a fin de evitar las consecuencias que éstos puedan generar, se dispone como medida preventiva la suspensión de los efectos de la aludida resolución y de cualesquiera otras de idéntica naturaleza que se hubiere pronunciado por el juez Urrutia Laubreaux”.

Junto con esto se determinó la suspensión de sus funciones. “De conformidad con lo dispuesto en el N° 13 del Acta N° 15- 2018 y con el objeto de obtener el mejor funcionamiento del lugar de trabajo, se dispone la suspensión de funciones del investigado en tanto dure la investigación, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en el curso de ésta”, dice la resolución.

Se trata del segundo traspié de Urrutia en dos días. Ayer, La Tercera PM publicó que la Corte de Apelaciones le dio la razón a Carabineros y lo sacó de un caso abierto por la investigación que la Fiscalía Centro Norte sigue en contra del mayor Humberto Tapia. Este es indagado por disparar perdigones a una estudiante de un liceo capitalino y dejar herido de gravedad a otro manifestante tras el estallido social. Los jueces -en respuesta a una recusación interpuesta por Carabineros- afirmaron que Urrutia había adelantado una opinión sobre el caso al afirmar que “resulta similar al de Matías Catrileo, asesinado por la espalda por carabineros, evidenciando encubrimiento de la institución”.

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Juez Urrutia reemplaza “de oficio” prisión preventiva de 13 “primera línea” por riesgo de contagio de coronavirus en la cárcel

En una resolución catalogada de inédita y que podría ser replicada por otros tribunales del país, el juez Daniel Urrutia, basado en un acuerdo del comité de jueces del Séptimo Juzgado de Garantía, tribunal al que pertenece, decidió de oficio -es decir sin mediar petición alguna- sustituir la prisión preventiva que pesaba sobre 13 imputados por la medida cautelar de arresto domiciliario total, argumentando para ello el riesgo de contagio de coronavirus que hay en las cárceles chilenas. Los indagados son parte de la causa denominada “primera línea” y que se vincula a las detenciones masivas que hizo Carabineros en los alrededores de Plaza Baquedano por desórdenes públicos. Si bien en primera instancia estos imputados no estaban presos, la Corte de Apelaciones revocó esta medida tras la apelación del Gobierno y los envió a prisión preventiva hasta hoy.

En el documento, el magistrado detalla que “el Comité de Jueces del Séptimo Juzgado de Garantía, atendida la emergencia sanitaria y por razones humanitarias, ha decidido que todas y todos los jueces del tribunal revisen las causas donde existen personas sujetas a la medida de prisión preventiva de oficio, analizando cada juez un porcentaje de ellas, con el objeto de que en todos los casos donde sea posible una medida distinta de la prisión preventiva ésta se reemplace por una adecuada y proporcional, que asegure los fines del procedimiento y la salud del imputado y de la sociedad”.

Primero que todo el magistrado se basa para resolver esto en el estado de catástrofe decretado por la autoridad sanitaria el 19 de marzo. En ese sentido señala que “las cárceles son recintos donde la posibilidad de contagiarse es altamente probable atendido el hacinamiento y la imposibilidad de que las medidas sanitarias mínimas puedan ser implementadas razonablemente, prueba de esto, es la persistencia de la enfermedad de la tuberculosis en la población carcelaria, que al día de hoy no ha podido ser erradicada de nuestras cárceles”.

El juez además ponen énfasis en que a todo esto “se suma la cantidad de personas privadas de libertad con enfermedades de base que complicarían enormemente la respuesta del sistema de salud dentro de la población penal” y “que los internos en prisión preventiva, al igual que todas las personas tienen derecho a la salud y es deber del estado velar por su cuidado, no exponiéndolos innecesariamente a contagios de la epidemia que puedan evitarse tomando las medidas razonables”.

Los 13 imputados escogidos por el Séptimo Juzgado de Garantía que deberán abandonar hoy la cárcel para cumplir arresto domiciliario total, según la resolución, “no registran condenas anteriores y existe una más que razonable posibilidad que, de ser condenados, cumplan estas condenas en libertad dada la pena en abstracto a la cual se arriesgan por el delito que fueron formalizados”.

La resolución es firmada por Urrutia quien ordenó a Gendarmería dictar “orden de libertad inmediata”.

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