En el 2014 entró en vigencia la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas (N° 20.720), conocida popularmente como Ley de Quiebras. Esta iniciativa pese a que significó un gran avance normativo en nuestro país es considerada por muchos expertos como insuficiente y perfeccionable en varios aspectos. Uno de ellos, necesario de ajustar tiene que ver con facilitar el trámite a las personas naturales y jurídicas que se quieren declarar en “bancarrota”. Es por este motivo que el diputado RN, Eduardo Durán, presentó un proyecto para mejorar esta legislación, reduciendo el número de trámites, acelerando los procesos y evitando discriminación para los afectados, que por el escenario actual de COVID-19 y el estallido social de octubre pasado, están recurriendo más a este procedimiento legal.

 

Los pilares del proyecto son:

  • Modificación de los requisitos de admisibilidad del procedimiento, como por ejemplo: relación de juicios pendientes con efectos patrimoniales.
  • Reducción del monto para declararse en quiebra, ya que actualmente no se condice con la realidad del país. Cambiar el monto de 80 UF (casi $2,3 millones) a tres sueldos mínimos mensuales líquidos (cerca de $760 mil) para evitar la discriminación que hoy se produce con las personas con menos recursos, considerando que más de la mitad de los trabajadores vive con $400 mil al mes.
  • Prohibición expresa de todo tipo de discriminación arbitraria. Con esto se busca evitar todo tipo de discriminación financiera a quien se ha acogido a la ley, especialmente, luego de dictada la resolución de término, no siendo ni pudiendo ser una vía de justificación de ningún tipo de trato menos favorable.

 

“El proyecto tiene como objetivo establecer mejoras al Procedimiento de Liquidación Voluntaria de Empresas y Personas, con la finalidad de disminuir barreras de acceso al mismo, haciéndolo más expedito y prohibiendo todo tipo de discriminación arbitraria. Necesitamos más que nunca contar con una legislación que facilite la declaración de quiebra para miles de personas y empresas que lo están pasando muy mal desde octubre pasado y que ahora por la pandemia no tendrán otro camino que recurrir a esta ley que les permitirá volver a partir desde cero y levantarse nuevamente”, explicó el diputado Eduardo Durán.

 

Es importante señalar que el primer semestre de 2019 se iniciaron 2.328 procedimientos de liquidación de personas, lo que representa un aumento de 62% en relación al mismo período de 2018, de acuerdo a cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

 

Desde el 2017 ya el Fondo Monetario Internacional señaló que Chile era el país con los consumidores más endeudados de América Latina. De hecho, los hogares chilenos presentaron un stock de deuda equivalente a 75% del ingreso disponible en el tercer trimestre de 2019, superior en 0,7 puntos a lo registrado en el trimestre anterior, y nuevo máximo histórico. A ello se suma un panorama laboral desalentador, ya que solo en diciembre pasado la Dirección del Trabajo cifraba en más de 100.000 las desvinculaciones por necesidades de la empresa y en enero sumaron otros 130.000.

 

La situación económica de las familias chilenas hoy es crítica. Por dar un contexto, la mitad de los chilenos ganan $400.000 o menos (Según el INE) con una familia de 4 integrantes ya estaría bajo la línea de la pobreza con ese ingreso. Esto lleva a las familias a tener que endeudarse en el consumo básico y por lo mismo el 40% de la participación de deuda está en la llamada deuda mala, es decir, en el retail, en compras para alimentación y otros aspectos (Informe USS).

 

Con todo, aumentó la deuda hipotecaria luego del incentivo de la baja de las tasas de interés, lo cual ha llevado a un aumento de las quiebras en Chile, tanto de personas como de empresas con la que buscan exitosamente comenzar de cero y recuperar su solvencia económica y tranquilidad.

/gap