Un duro revés, ahora de sus propios compañeros de trabajo, recibió hoy el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia. A la suspensión de sus funciones y la apertura de un sumario por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago por haber sustituido de oficio la prisión preventiva de 13 personas de la llamada “primera línea”, ahora se suma la resolución del comité de jueces del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que refuta que haya existido un acuerdo para revisar “de oficio” medidas cautelares como el magistrado planteó en su polémica resolución que fue revocada horas después por el tribunal de alzada capitalino.

El presidente del Comité de Jueces de ese tribunal, Mario Cayul, citó a reunión de urgencia a los magistrados, la que se materializó por videoconferencia a raíz de la emergencia sanitaria del coronavirus. En la instancia se analizó la situación del tribunal luego que la Corte santiaguina decidiera sacar de sus funciones al juez Urrutia y revocar una decisión jurisdiccional.

En medio de esta cita se analizó lo resuelto por Urrutia, quien al momento de sustituir por despacho la prisión preventiva de 13 imputados citó un supuesto acuerdo de los jueces de ese tribunal para hacerlo. Los magistrados presentes aseguraron que eso excedía el acuerdo que ellos tenían y no correspondía a la realidad, ya que nunca se decidió hacer de oficio estas sustituciones de medida cautelar; se estaba recién analizando la confección de un listado de revisión y -según presentes en la cita virtual- siempre se dijo que no se tocarían las causas de mayor impacto social.

“En atención a la contingencia sanitaria que vive el país y la preocupación por la situación de las personas privadas de libertad, se acordó: Planificar las revisiones de prisión preventiva de oficio; hacerlo conforme al listado actualizado de presos de la visita de cárcel, entre los cuales no estaban los imputados de la causa RIT 3984-2020”, aclararon los magistrados.

Asimismo recordaron que se había acordado “repartir en su oportunidad ese listado consolidado, entre todos los jueces en funciones y luego se efectuaría o propondría un protocolo los jueces. Una vez revisado en su totalidad el listado consolidado, se presentaría el protocolo al resto de jueces estableciendo las directrices y acordando en forma unánime y conjunta la forma de resolver atendida la contingencia”. En tal sentido, entonces, el comité de jueces quitó piso a lo planteado por Urrutia en su resolución, asegurando que todo estaba en planificación y no había acuerdo para ejecutar el plan.

“Los firmantes queremos dejar expresa constancia que de lo anterior no existe un acta de comité que lo regule, en razón que dicha idea o proyecto está, al día de hoy, aún en proceso de implementación”, sostiene el acta de ayer a la que tuvo acceso La Tercera.

Indagar otras irregularidades

Los jueces del Séptimo Juzgado de Garantía acordaron además indagar el porqué el juez Urrutia se autoasignó la causa de los imputados de la denominada “Primera línea” -detenidos por desórdenes públicos en los alrededores de la Plaza Baquedano, ya que -según señalan los magistrados- dicha investigación no estaba en el listado de visita de cárceles vigente, no había solicitudes pendientes y además tenía una audiencia pendiente.

Los compañeros de labores de Urrutia le dieron un plazo de 24 horas a la jefa de causas del tribunal para que explique por qué el magistrado se autoasignó la indagatoria. “En razón de lo acontecido, se acuerda suspender, en el acto, indefinidamente el proyecto o propuesta en cuestión y, en definitiva, estar y resolver las solicitudes que los intervinientes pudieran presentar o efectuar en ejercicio de los derechos de los imputados y demás intervinientes”, sostiene la resolución.

Otra situación, señalan fuentes al interior del tribunal, es que Urrutia estaba con permiso al momento de dictar la resolución de la cual ellos se enteraron horas después de ya materializada. “Se saltó todos los acuerdos y lo hizo a nuestra espalda”, dijo un integrante del Séptimo Juzgado de Garantía.

El acuerdo fue adoptado por los jueces Marcia Figueroa, Carla Capello, Carolina Gajardo y Mario Cayul, el juez presidente de un tribunal que hoy está en el ojo del huracán.

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