«Hoy anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcotráfico con las FARC durante los últimos 20 años», resumió el fiscal federal Geoffrey S. Berman del Distrito Sur de Nueva York, en una conferencia de prensa realizada el jueves. El Gobierno de EE.UU. presentó cargos por narcoterrorismo contra quien dirige el régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, y ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a su captura.

Se trata, además, de una de las recompensas más alta de la historia estadounidense por la captura de un criminal internacional. Solo superada por Osama Bin Laden por quien en 2011 ofrecieron 25 millones de dólares; el actual líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, por quien también se ofrecen 25 millones de dólares; y el narcotraficante mexicano, Rafael Caro Quintero, por 20 millones de dólares. En cambio, el monto por quien entregue información que permita capturar a Maduro supera la recompensa ofrecida por la captura de Abu Bakr al-Baghdadi, jefe del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS), abatido en octubre del 2019 en Siria, cuya recompensa era de 10 millones.

El Departamento de Justicia informó que a Maduro se le acusa de cuatro delitos: 1.- participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua. 2.- conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua; 3.- usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos utilizadas en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de la vida en prisión; y 4.- conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.

Los hechos se remontan al menos al año 1999; e involucran, entre otros, a Diosdado Cabello Rondón, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Hugo Carvajal, alias “El Pollo”, ex director de inteligencia militar; Clíver Alcalá Cordones, ex general de las fuerzas armadas venezolanas; y a los colombianos Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», miembro de la Secretaría de las FARC, y Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias «Jesús Santrich», miembro del Alto Mando Central de las FARC.

Los cuatro venezolanos actuaron como líderes y gerentes del Cartel de Los Soles. El nombre del cartel se refiere a las insignias del sol pegadas a los uniformes de los oficiales militares venezolanos de alto rango.

“Abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela, incluidas partes del ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El Cartel de Los Soles buscó no solo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también ‘inundar’ a los Estados Unidos con cocaína”, denunció el Departamento de Justicia.

En la investigación están involucrados el Fiscal General William P. Barr; el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York Geoffrey S. Berman; la Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida; el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, y la DEA. Benczkowski es conocido por ser uno de los fiscales que dirigió la investigación contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, sentenciado en 2019 a cadena perpetua, por dirigir el Cartel de Sinaloa.

“Los hechos se sitúan en 1999, y Hugo Chávez aparece varias veces mencionando, dando instrucciones para que no se interfiriera en las actividades de la FARC. No soy especialista en derecho procesal penal de EE.UU., pero puedo augurar que será un juicio largo, a partir del momento en que los imputados sean puestos a derecho”, advierte Alejandro González, abogado integrante del Bloque Constitucional de Venezuela.

La investigación revela que mientras las FARC pretendía negociar la paz con el Gobierno de Colombia, acordaron con los líderes del Cartel de Los Soles reubicar algunas de sus operaciones en Venezuela. Las FARC, en coordinación con el cartel, enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras.

Para 2004, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya estimaba que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela al año. Había envíos marítimos que partían desde la costa de Venezuela utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y portacontenedores. Mientras que para los envíos aéreos utilizaban pistas de aterrizaje clandestinas, ubicadas principalmente en el estado Apure, ubicado al sur-occidente de Venezuela. Según el Departamento de Estado de EE. UU., aproximadamente 75 vuelos no autorizados y sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solo en 2010, utilizando lo que se conoce como “la ruta de la cocaína”, un puente aéreo entre Venezuela y Honduras.

Maduro como “líder” del Cartel de Los Soles, de acuerdo con el Departamento de Justicia, negoció envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cartel le proporcionara armas de grado militar a esa guerrilla; coordinó con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados. Estos milicianos, en esencia, funcionaban como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.

“La acusación por narcoterrorismo en contra de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno y Tarek El Aissami, por el Departamento de Justicia norteamericano, la DEA y la Corte Sur de New York, es la más contundente sanción jurídica, política y diplomática de carácter penal contra la cúpula cívico-militar del actual régimen”, manifestó el ex embajador de Venezuela en La India y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez.

El ex embajador destacó que el mismo fiscal que persiguió al narcotraficante «El Chapo» Guzmán, Brian Benczkowski, es el acusador de Maduro, por lo que está seguro no saldrá bien librado de la acusación norteamericana de ser el jefe del cartel de Los Soles y del cartel de Los Flores.

La acusación del Distrito Sur de Nueva York también alude a los sobrinos políticos de Maduro: Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas; condenados en 2017 a 18 años de cárcel por narcotráfico; quienes acordaron con personal encubierto de la DEA el despacho de cien kilogramos de cocaína, desde el «hangar presidencial» del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Además, explicaron que estaban en «guerra» con los Estados Unidos, discutieron una conexión con un comandante de las FARC de alto rango y también dijeron que buscaban recaudar 20 millones de dólares en ingresos de drogas para apoyar una campaña de la primera dama venezolana -su tía- Cilia Flores.

El documento señala que para lograr un paso seguro de los cargamentos de cocaína que transitaban por Venezuela, las FARC y el Cartel de los Soles pagaban sobornos que beneficiaban a Maduro, Cabello, Carvajal y Alcalá, entre otros, a cambio de información sobre puertos comerciales y datos de los radares aéreos o marítimos en Venezuela.

El abogado Alejandro González explica que hay antecedentes de otras personas en el poder, acusadas por narcotráfico, uno de ellos es Manuel Noriega, que siendo el hombre fuerte de Panamá (el presidente era Eric Delvalle), fue imputado por cargos de narcotráfico y asociación con el cartel de Medellín. “Paradójicamente, Noriega asume el poder formal, como jefe de Estado, 5 días antes de la invasión de Panamá. Otro caso es el de Norman Saunders, ex ministro en Jefe de Turcos y Caicos. Fue arrestado en Miami en 1985 y sentenciado a ocho años de prisión por cargos de conspiración relacionados con el tráfico de drogas”.

Otro ejemplo, explica González, es el del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien ha sido mencionado como co-conspirador en un caso de Nueva York que involucra a su hermano, quien fue condenado el año pasado por de tráfico de drogas y armas. Pero no se han presentado cargos contra el Presidente Hernández, quien sí es reconocido como Jefe de Estado por Estados Unidos.

«No reconocemos a Maduro como Presidente de Venezuela, pero esto ya pasó con (Manuel Antonio) Noriega (en Panamá a finales de los 80), a quien tampoco reconocíamos», subrayó el fiscal general Barr durante su declaración.

En declaraciones ofrecidas desde el palacio presidencial de Miraflores, Maduro respondió: «El Gobierno de Donald Trump en una acción extravagantemente extremista, vulgar, lanzó un conjunto de acusaciones falsas». Estaba acompañado por Diosdado Cabello, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, dos de las 14 figuras del chavismo a las que EE.UU. investiga por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.

Más altos funcionarios involucrados

La tarde del 25 de marzo el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, desde Caracas, acusó a Cliver Alcalá Cordones de preparar un atentado contra Nicolás Maduro; y la Fiscalía informó este jueves que investigará al líder de la oposición, y Presidente encargado, Juan Guaidó y a Alcalá por su supuesta participación en «un intento de golpe de Estado» para derrocar a Maduro.

El mayor general Alcalá Cordones se convirtió en adversario de Maduro en 2017, luego de ocupar altos cargos militares en la gestión de Hugo Chávez. El militar, que reside en Barranquilla, Colombia, desde hace dos años admitió en su cuenta de Twitter que organizaba una acción armada, supuestamente con el conocimiento de Guaidó.

“Las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano. En el marco de un pacto o de un convenio firmado por el Presidente Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor Vergara, y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses venimos trabajando la conformación de una unidad libertad para Venezuela”, dice en uno de sus mensajes. No obstante, Guaidó hasta el cierre de esta nota no se había pronunciado sobre el tema.

Ya en 2011, el general apareció en un documento de la OFAC -Oficina de Control de Bienes Extranjeros- en la que se le acusaba de ayudar a establecer rutas para cambiar armas por drogas a la FARC. El viernes trascendió que el mismo día en que se hicieron públicas las acusaciones de EE.UU., Alcalá, se presentó ante agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, para que mediaran en su entrega voluntaria a la justicia de Estados Unidos. Fue enviado a las 4:30 pm del 27 de marzo a ese país en un avión de la DEA, confirmó el diario El Tiempo de Colombia.

Ayer, la agencia de noticias Reuters informó que el ex jefe de la unidad de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, también está discutiendo su posible rendición ante las autoridades estadounidenses. Carvajal está en paradero desconocido desde que un tribunal español en noviembre aprobó su extradición a los Estados Unidos.

Otro de los investigados es Maikel Moreno, actual presidente del Tribunal Suprema de Justicia de Venezuela, acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, y de recibir decenas de millones de dólares en sobornos para arreglar docenas de casos civiles y penales en ese país; incluida una causa por un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Según la denuncia penal, en 2014 Moreno dijo a las autoridades estadounidenses, en una solicitud de visa, que ganaba el equivalente a unos 12.000 dólares por año. No obstante, entre 2012 y 2016, sus registros bancarios en EE.UU. muestran aproximadamente 3 millones de dólares en entradas a sus cuentas, “principalmente de grandes transferencias de dólares de corporaciones fantasmas con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al co-conspirador 1, quien es un ex abogado de defensa penal en Venezuela que actualmente controla una compañía de medios en Venezuela”.

Los registros bancarios además evidencian que Moreno gastó aproximadamente 1 millón de dólares en un avión y piloto privados, más de 600 mil dólares en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas de lujo en Bal Harbour, como Prada y Salvatore Ferragamo, alrededor de 50 mil dólares en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente 40 mil dólares en pagos a un director de concurso de belleza venezolano (su esposa es conocida por haber participado en el Miss Venezuela).

También hay una investigación en el Distrito Sur de Nueva York contra Tareck El Aissami, vicepresidente de Economía de Venezuela; Joselit Ramírez Camacho, superintendente de Criptomonedas de Venezuela (Sunacrip), y el empresario Samark López Bello.

La acusación alega que entre febrero de 2017 y marzo de 2019, El Aissami y Ramírez trabajaron con personas estadounidenses y entidades con sede en EE.UU. para proporcionar servicios de vuelos privados en beneficio de la campaña presidencial de Maduro 2018, en violación de las sanciones de la OFAC. El Aissami ya ha sido acusado de narcotráfico por EE.UU. y de tener vínculos con Hezbolá.

Por Emily Avendaño para ellibero.cl

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