El 7° Juzgado de Garantía de Garantía revisó hoy las medidas cautelares de parte de los 28 adultos formalizados por desórdenes públicos en el perímetro cercano a Plaza Baquedano, apodado como la “zona cero”.

La decisión fue adoptada por la magistrada Tatiana Escobar, quien señaló haber aplicado el criterio de la proporcionalidad en este cambio de cautelares, decretando en su reemplazo la firma mensual.

“En este caso, el legislador establece una pena menor a este delito. Todos los imputados gozan de irreprochable conducta anterior, lo que los coloca en el mínimo del tramo y como posibles beneficiarios de una pena sustitutiva ante una eventual condena. Desde esta perspectiva, la prisión preventiva no es proporcional y el tribunal no puede desconocer la situación excepcional que vive el país por la pandemia, por lo que el tribunal accede a la modificación e impondrá para todos los imputados la cautelar de firma mensual”, razonó la jueza.

La situación fue valorada por los defensores públicos Patricia Alvarado, Nicolás Álvarez, Arturo Vergara y Cristián Calvo, quienes representan a nueve de los sujetos y solicitaron la revisión al amparo de las medidas que se están adoptando en torno a la pandemia.

“Por parte de estas defensas se solicitó la medida cautelar de firma mensual, el Ministerio Público solicitó el arresto total, al igual que el Ministerio del Interior, que modificó su pretensión de sostener la prisión preventiva. El tribunal entendió que cualquier medida cautelar más gravosa que la firma mensual era desproporcionada, teniendo en consideración la pena probable y los delitos que se habían imputado”, aseguró Vergara.

El grupo se suma a los otros dos imputados, para quienes el tribunal ya había revocado la prisión preventiva, dictando en su reemplazo el arresto domiciliario total.

El caso levantó polémica a comienzos de marzo debido a la medida cautelar que decretó el tribunal para los adultos.

Mientras el Ministerio del Interior, como querellante, pidió la prisión preventiva del grupo, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública solicitaron para la mayoría -27 de 28 adultos- la cautelar de firma, la cual terminó siendo decretada por el tribunal. La excepción la hizo un hombre que estaba con libertad vigilada intensiva, respecto quien finalmente se decretó la prisión preventiva, aunque bajo caución de $250 mil.

El Gobierno manifestó su descontento y apeló. Ya el 13 de marzo la Corte de Santiago revisó el caso y ordenó la prisión preventiva de los adultos y la medida de vigilancia de parte del Sename para los 16 menores que también fueron formalizados en dicho contexto.

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