El nuevo paquete económico que lanzó el gobierno asciende a US$5.000 millones, que equivale a 2 puntos del PIB. De acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo, de este total, US$2 mil millones serán reasignaciones, mientras que los US$3 mil millones restantes se financiarán con recursos del tesoro público.

El director de Presupuestos, Matías Acevedo, afirmó que “el déficit fiscal sería de 8% del PIB, el más alto desde 1974, y adelantó que el déficit estructural también se verá afectado”.

Dentro de las reasignaciones también se considerarán los recursos de gasto en inversión, ya que al haber menos actividad, y por ende recursos que no se podrán ejecutar.

Austeridad fiscal

La Dirección se Presupuestos detalló además las distintas medidas que realizarán para reasignar recursos. Entre las principales medidas se congelarán nuevas contrataciones y aumentos de remuneraciones del sector público, además las horas extraordinarias de los servicios públicos se reducirán en 90% de las actuales horas extraordinarias autorizadas. Otra medida apunta a la reducción de los montos de viáticos nacionales en 70%, con excepción del Ministerio de Salud y los Servicios Públicos que realizan trabajos de inspección, faenas o atención en puestos fronterizos, donde la reducción será de sólo un 40%.

También se realizarán reducciones a programas no prioritarios y otros programas debido a que se espera una menor ejecución producto de la actual pandemia, y habrá un estricto seguimiento de compras públicas y contrataciones relacionadas con emergencia sanitaria.

Otra medida es que realizará una reducción de los gastos de soporte de los ministerios, es decir, aquellos relacionados con gastos en papelería, material de oficina, bodegaje y se reducirán los gastos de ceremonias y protocolo al mínimo. Durante este año, los servicios públicos y ministerios no podrán realizar celebraciones generales y aniversarios. Tampoco se comprará ni renovará ningún vehículo que sea usado para el traslado de autoridades. Por último se revisarán las suscripciones de los Ministerios y Servicios Públicos a Organismos Internacionales, de forma de reducir drásticamente estos pagos y reprogramarlos cuando sea necesario.

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