La Sala de la Cámara de Diputados votó ayer el proyecto de ley que establece que durante la emergencia por Covid-19 se prohíbe a las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios cortar o suspender servicios aun estando en mora. La iniciativa busca ir más allá del acuerdo que el gobierno alcanzó con las empresas eléctricas y sanitarias el 27 de marzo y que apuntaba a beneficiar al 40% más vulnerable de la población.

Como en el póker, los parlamentarios del oficialismo y la oposición apostaron a ampliar el número de beneficiarios a través de cinco proyecto de ley que terminaron refundidos en la iniciativa que se vota esta tarde y que ya aprobó la comisión de Economía.

Sin embargo, lo que salió aprobado tras la discusión parlamentaria en Economía no dejó conforme ni al gobierno ni a las empresas del sector, que acusan una redacción confusa que lleva al error de que desde ahora se entregarán gratuitamente servicios básicos a todo evento. Advierten también un perjuicio para las firmas con menores espaldas financieras.

“Esto terminará siendo como el proyecto de ley de medidores eléctricos que partió con una buena intención y terminó siendo mal ejecutado”, dice un representante de las distribuidoras eléctricas.

Una opinión que comparte el diputado UDI Jaime Bellolio, quien en conversación con La Tercera PM advierte que “el proyecto quedó muy inconsistente, derechamente mal hecho”.

“Teóricamente se quiso ir más allá del 40% más vulnerable -se quiso duplicar la oferta del gobierno- pero terminó siendo un “proyectos medidores dos, porque tal como está en vez de ayudar a las personas que están en las cooperativas eléctricas o en los APR (sistema de agua potable rural) los termina sacando de todo beneficio y hace que sea insoportable, salvo para empresas grandes”.

La proyección de Bellolio, sin embargo, es que esta tarde la iniciativa será aprobada, incluso con votos de parlamentarios de Chile Vamos que en privado reconocen lo complejo que es votar una iniciativa como ésta.

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