La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, esta mañana se refirió nuevamente al revuelo que ha generado que grandes empresas se estén acogiendo a la nueva ley de protección de empleo, señalando que hay herramientas para fiscalizar que aquellas que lo están haciendo cumplan con los requisitos necesarios, junto con advertir que los empleadores que abusen de la norma arriesgan incluso penas de cárcel.

En primer lugar, Zaldívar negó que sean mayormente empresas grandes las que se estén acogiendo a la normativa que permite suspender por un plazo determinado los contratos de los trabajadores y que estos puedan echar mano de su seguro de cesantía para obtener ingresos. “No es efectivo que solo grandes empresas se estén acogiendo”, sostuvo, agregando que la mayoría de las firmas que lo han hecho “están inscribiendo en promedio a 10 trabajadores”, dijo.

Tras ello, aseguró que pronto desde el ministerio harán público un registro detallado del tamaño de las más de 56 mil empresas que han solicitado hacer uso de la nueva normativa cuyo fin es hacer frente a los efectos en el empleo que está trayendo la pandemia de covid-19 al país.

Consultada sobre si durante la tramitación de esta ley se pensó en que empresas podrían abusar de ella en el sentido de acogerse sin necesitarla, Zaldívar fue clara: “La ley siempre se puso en el escenario de abuso”, y por eso, precisó, contiene normas como un registro público respecto a las compañías que buscan utilizarla, junto con las facultades que se le otorgan a la Dirección del Trabajo para “poner los antecedentes ante los tribunales de justicia cuando se considera que ha habido abuso de la norma”.

“Serán los tribunales quienes van a resolver si es que hay o no abuso, y las penas que se aplican son muy gravosas, son penas de cárcel. Por lo tanto, las empresas van a tener que ser sumamente responsables al momento de hacer uso de esta norma”, recalcó la titular del Trabajo, añadiendo que una empresa que está manteniendo sus ingresos o que sube los sueldos de los altos ejecutivos “es claramente una empresa que no necesita esta ley y eso se va a empezar a poner ante los tribunales de justicia”.

“Distinto es que nosotros hayamos pensado que esta norma no se aplicara a las empresas según tamaño. Siempre nos abrimos a la posibilidad de que empresas grandes, pequeñas o medianas hicieran uso de esto. Hay empresas grandes que se pueden ver profundamente afectadas por esta crisis”, agregó.

Por último, respecto a las voces que apuntan a que se les reduzcan las dietas a directores de empresas que se acojan a esta ley -como la idea deslizada por la DC e que plantea una disminución del 50%- Zaldívar sostuvo que aquello “me parece que es absolutamente lógico y coherente”.

“Si uno está planteando que la empresa está en dificultades para poder pagar las remuneraciones de sus trabajadores, lo correcto es dar señales en la misma línea. No puede ser que este momento se les ocurra hacer un aumento de sueldo o cambiarse de oficina y modernizar. O sea hay señales, y hay que ser coherentes en esta materia. Aunque de todas formas, subrayó que “hay que siempre analizar caso a caso, porque tenemos también empresas familiares pequeñas, en las que los directores son los dueños y su sueldo se paga a través de dietas”.

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