La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, valoró que la empresa Cencosud decidiera no acogerse a la ley de protección del empleo, sin embargo, lamentó que este episodio ponga en cuestionamiento la normativa.

“Me parece muy bien que una empresa que claramente hizo un uso de la ley que no era la correcta, y generó toda la polémica que generó, dé la cara y haga una declaración pública”, dijo.

No obstante, advirtió que “el proceso de reintegro de los dineros no está regulado, y por lo tanto es un tema que se tendrá que ver”.

Respecto del polémico episodio, la secretaria de Estado enfatizó que acá “en los hechos, nosotros tenemos una empresa que sí solicitó este beneficio respecto de sus trabajadores, que ya se pagaron estos subsidios, y la empresa al mismo tiempo hizo una repartición de utilidades muy por sobre lo que podría estimarse de una empresa que estaba con necesidades”.

En ese sentido, añadió que “lamentablemente por este hecho, una ley, que lo que buscaba era proteger a los trabajadores y proteger los ingresos, queda en cuestionamiento y podríamos ver otras empresas que sí se encuentran en la necesidad se abstengan de usarla, poniendo en peligro esos puestos laborales. Por eso es un hecho muy complejo y un hecho muy sensible”.

La titular de Trabajó analizó que “justamente, uno de los principales perjuicios de todo lo que ocurrió es que se entró a cuestionar si empresas grandes pueden acogerse a esta ley, y nosotros vemos que empresas independiente del tamaño están siendo afectadas, tenemos empresas grandes, pequeñas y medianas que están muy afectadas, y detrás de cada una de estas empresas hay trabajadores y familias”.

Por lo tanto, aseguró que “si yo no tengo los ingresos para poder pagar estas remuneraciones y no uso la ley, estoy llevando al final que estas empresas desvinculen a los trabajadores, entonces el daño para los trabajadores es un daño que es muy profundo”.

Más temprano, la empresa anunció que el directorio decidió no acogerse a la ley de protección laboral y que iba a devolver todos los recursos que fueron cancelados a los trabajadores de parte de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

Asimismo, el grupo aseguró que la compañía “actuó de buena fe” y conforme a la legislación establecida.

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