El futuro se nos presenta como un enorme espacio de interrogantes e incertidumbre, tanto así que el Fondo Monetario Internacional fue tajante al expresar que hoy estamos en “… una crisis sin precedentes”. La incertidumbre proviene hoy no sólo de la economía, sino también de la epidemiología del virus, cómo éste se comporte, su capacidad de reproducción, de mutación; de las medidas sanitarias aplicadas, de la eficiacia en la contención y manejo del virus, de las respuestas de la población, del desarrollo de tratamientos o vacunas, de los cambios en el comportamiento y preferencias de las personas post confinamiento, de las consecuencias del confinamiento y medidas sanitarias sobre las empresas, sobre el empleo; y de los cambios que todo este nuevo escenario pueda ocasionar sobre las instituciones y la confianza de la población, entre muchos otros que probablemente aún no han pasado por nuestra cabeza.

El futuro es una gran y oscura interrogante de la cual queremos salir lo más triunfales, o lo menos dañados posible. Conscientes de esto, las autoridades del mundo tratan de difuminar la neblina a través de aplicar el mayor paquete de recursos fiscales y monetarios desde los años 30, inyectando recursos al sector sanitario para preservar la salud de la población, estableciendo sendos paquetes fiscales y monetarios con el fin de apoyar a las empresas a lidiar con los efectos de la baja en los ingresos, de crear paquetes de apoyo a los trabajadores, de establecer programas de apoyo monetario directo a las personas para paliar los efectos del desempleo y ayudar a cubrir las necesidades básicas de alimento, y estableciendo medidas para aumentar la liquidez, de modo que las empresas y personas puedan acceder al financiamiento para evitar las quiebras, entre muchas otras.

Chile no se ha quedado atrás, el paquete fiscal y monetario es el mayor en la historia de Chile, sin embargo, la tarea de despejar la niebla no está siendo fácil, y la mala noticia es que en este caso el coronavirus no es el culpable.

Nuestras autoridades económicas están concentradas en implementar iniciativas para mantener en forma los engranajes del sistema de producción, de modo que, una vez levantadas las medidas sanitarias, la economía -y con ellos los trabajadores y consumidores- puedan volver a la normalidad lo más rápido posible. Dos ejemplos de ello son el programa de protección al empleo y programa FOGAPE COVID 19.

Como ustedes ya conocen, el programa de protección al empleo permite a las empresas congelar el empleo de los trabajadores durante la pandemia, con el objetivo de evitar que esos trabajadores queden desempleados. El trabajador gana, pues no queda desempleado y no pierde sus cotizaciones sociales, pese a perder sus ingresos mensuales, y la empresa gana, pues no cae en quiebra al tener que pagar trabajadores a falta de ingresos; por último el país gana, pues permite una vuelta rápida a la producción de las empresas, con trabajadores que ya están capacitados, lo que ayuda a que la recuperación económica sea más rápida.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, la falta de calle y mundo real, y el exceso de ideología -que califica de pecado capital el lucro- llevó a los congresistas a cambiar la ley para que las empresas que se acojan al programa de protección al empleo estén inhabilitadas de distribuir utilidades, olvidando que entre los accionistas de la empresa hay miles de minoritarios, cuya renta son los ingresos que obtienen de las empresas, que no son ni por cerca los señores Luksic o Paulmann, y que aunque lo fueran, el pago de dividendos puede tener como objetivo salvar otra empresa del mismo holding, que sin esos dividendos puede entrar en cesación de pagos y quebrar y con ellos dejar en la calle a cientos o miles de trabajadores.

Este cambio en la ley de protección al empleo diminuyó los incentivos de los empresarios de acogerse a la misma, pues les impone un costo gigantesco en el costo de financiamiento –no puedo autofinanciarme con dividendos y debo acudir al sistema financiero- en condiciones en que el financiamiento es otra de las aristas que está debilitada y que debemos cuidar para no romper la capacidad de producción. Y con ello, muchas empresas preferiran despedir a utilizar el programa.

Lo mismo está sucediendo con el programa FOGAPE COVID 19. El gobierno destinó hasta US$3 mil millones para garantizar deudas contraídas por empresas con ventas hasta por UF 1 millón para financiar de capital de trabajo. La idea era perfecta, entregar al banco o entidad financiera una garantía adicional CORFO por deudas contraídas para financiar el capital de trabajo de empresas, que dada la contingencia necesitan liquidez, en condiciones en que el riesgo de mercado es mucho más alto y por lo tanto, donde los bancos se ven mucho menos inclinados a prestar.

Nuevamente, en este caso, el Congreso legisló con falta de calle y mundo real, y para evitar el pecado del lucro, cortó cualquier incentivo o utilidad que le pudiera generar este programa a los bancos, bajando la tasa máxima que éstos le pueden cobrar a las empresas, entre otros requisitos, hasta hacerla tan baja que el banco no tiene incentivo alguno a prestarle a una empresa utilizando la garantía FOGAPE COVID 19. Así inhabilitaron el mecanismo como un medio para entregar financiamiento a las empresas en medio de la crisis.

Para qué entrar al tema del bloqueo legislativo, cuando la falta de calle y mundo real de los legisladores les lleva a pensar que los recursos son infinitos, al igual que la capacidad de pedir prestado, y quieren gastarse todos los recursos en un solo programa (obvio el que les genera mayor cantidad de votos, porque el lucro es malo para todos menos para ellos), sin considerar que tan importantes como los recursos para paliar la crisis de hambre actual de los chilenos producto del confinamiento, son los recursos que necesitaremos para reactivar a nuestro país una vez que salgamos de la pandemia y así no prolongar el hambre, esta vez del desempleo.

Quizás deberíamos agregar un nuevo prerequisito para ser legislador. Si queremos tener leyes para el mundo real, los diputados y senadores deberían contar con al menos 5 años de trabajo asalariado, o un emprendimiento exitoso que haya sobrevivido más de 5 años, para que por fin sean capaces de hacer leyes inteligentes que entiendan como funciona la calle.

/Escrito por Michele Labbé para El Líbero

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