El Senado deberá revisar ahora el proyecto que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, y que se encuentra en primer trámite constitucional.

La iniciativa, fue despachada en general en la Cámara de Diputados, con el rechazo de algunos artículos en particular, los que también serán revisados en el Senado.

La iniciativa ha generado polémica por el concepto de “autonomía progresiva”, el que -según algunos parlamentarios- permite incluso a los niños negarse a que sus padres revisen sus redes sociales.

De todas formas, el concepto podrá ser precisado en el Senado, donde el proyecto llegará tras ser aprobado en general en la Cámara. Karla Rubilar, de la comisión de Familia de la Cámara de Diputados, admitió que existen varias dudas entorno al proyecto.

“Claramente la redacción puede y debe mejorar porque no fuimos capaces de cambiarla para evitar interpretaciones y suspicacias”, dijo en declaraciones a La Segunda horas previas a la votación.

“Debemos admitir que fuimos falentes en eso, no deben quedar zonas grises en la ley donde se pierda en sentido de que son los padres los que tienen el derecho preferente en la crianza de los hijos”, agregó la parlamentaria.

La polémica se instaló porque el proyecto en su articulado original indicaba que en función del concepto de “autonomía progresiva” y “privacidad” que, “todo niño tiene derecho a desarrollar su vida privada, a gozar de intimidad y a mantener comunicaciones sin injerencias arbitrarias o ilegales”, y agrega que, “los padres deben respetar este derecho, promover y orientar su ejercicio, y protegerlos de cualquier quebrantamiento ilícito de su intimidad”.

Esta iniciativa, hasta ahora se conocía sólo porque también plantea el derecho de identidad de género en la niñez, punto polémico que ha generado una serie de modificaciones desde que ingresó a trámite en septiembre de 2015.

Rubilar, agregó que el proyecto deja dudas sobre el rol de los padres en la educación de sus hijos.

La diputada puntualizó que si bien desde La Moneda han señalado de manera verbal que no buscan interferir en el derecho de los padres a educar a sus hijos, “hay especialistas que sostienen que por la forma en que está redactada, se puede interpretar de esa manera”, dijo.

Uno de los más críticos de la iniciativa, es el diputado José Antonio Kast, (UDI), quien aseguró que el proyecto busca “destruir la familia chilena”.

La diputada Marcela Sabat, señaló que “hay una prevención que no se hizo y tiene relación con cómo hacer convivir la supervisión de los padres a sus hijos con la autonomía progresiva”.

Agregó la parlamentaria RN: “Sabemos que en las redes sociales los niños y adolescentes pueden encontrar contenidos que no son aptos para su edad, y esa es la realidad. Eso esta ley no lo consideró, debimos haber puesto indicaciones más claras”, dijo. Agregó, que estas aprehensiones deberán ser resueltas en el Senado.

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