Cuando se discutía en el Congreso el proyecto de ley que rebaja las dietas parlamentarias, uno de los mayores reclamos de la oposición fue que la reducción salarial no se podía dejar en manos del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP). Pese a ello, en la comisión mixta se confirmó que así sería y además se rechazó una reducción inmediata del 50% de los salarios.

Por ello, durante estos días y en un plazo de hasta un mes, los integrantes de dicho consejo se reúnen y debaten junto a otros invitados para elegir el monto final de las dietas. Según explicaron en el sitio web creado para que la ciudadanía siga el proceso, tendrán “especial consideración sobre la realidad económica del país y el análisis de política comparada”.

Mismo camino que luego deberán seguir con los sueldos del Presidente de la República, seremis, intendentes, gobernadores regionales y el personal contratado a honorarios, pero en un periodo de tres meses. Una gran responsabilidad que levanta dudas sobre quiénes son los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública y por qué serían los más idóneos, o no, para fijar las dietas.

Los integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública

Alejandro Weber: en contra de reducir dietas parlamentarias

El Consejo de Alta Dirección Pública es actualmente dirigido por el director nacional del Servicio Civil, Alejandro Weber, bachiller en Ciencias Sociales, psicólogo organizacional de la Universidad Católica y egresado del Master of Business Administration y del Master of International Development Policy de la Universidad de Duke en Estados Unidos.

En el sector público, primero fue asesor del Ministerio de Salud en 2010 y luego subdirector de Desarrollo de Personas en el Servicio Civil, cargo que ocupó entre 2011 y 2014.

Sin embargo, desde que comenzó la discusión por reducir las dietas parlamentarias, Weber se ha manifestado en contra. Incluso aseguró no estar de acuerdo con una reducción del 50%, como propuso sin buenos resultados la oposición en el Congreso.

Por ejemplo, en diciembre del 2019 cuando nuestro país vivía el estallido social, fue criticado por decir en conversación con Radio Pauta que la rebaja en las dietas parlamentarias “atenta contra la modernización del Estado y le hace un flaco favor a la atracción y desarrollo de talentos en el sector público”.

De acuerdo al también ex académico de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, esta reducción afectaría a 10.500 personas, quienes verían que sus sueldos no son homologables con los del sector privado.

Según dijo, antes de la aprobación de la reforma constitucional que hará posible la rebaja “vamos a tener una fuga de talentos brutal”.

Bettina Horst: polémicos dichos en caso Catrillanca

Otra integrante del Consejo de Alta Dirección Pública es la magíster en Economía con mención en Políticas Públicas de la Universidad Católica y gerenta general del centro de estudios Libertad y Desarrollo, Bettina Horst.

La también ex jefa del Departamento de Estudios del Banco Central y esposa del ex diputado Dario Paya ha protagonizado varias polémicas, siendo una de las más recordadas sus dichos contra el comunero mapuche Camilo Catrillanca, quien fue asesinado en 2018 por efectivos de Carabineros.

A dos semanas de la muerte de Catrillanca, Horst insistió en Radio Cooperativa que el homicidio del comunero habría ocurrió en el marco de un operativo policial, pese a que las versiones de ese momento ya establecían que el fallecido se dedicaba a labores agrícolas cuando recibió una bala en la cabeza.

“Se trata de instalar una tesis en cuanto a que fue un acto deliberado de represión contra cierta comunidad mapuche. Que se diga que se corta por el hilo más delgado, planteando que acá hubo una orden desde arriba, es una cosa que no es”, indicó durante el debate radial.

Cristina Orellana: explicaciones por acusación de violencia intrafamiliar

También participa del Consejo de Alta Dirección Pública la ingeniera en agronegocios de la Universidad Central y ex directora regional de Corfo, Cristina Orellana, quien además es ex vicepresidenta de la DC y la ex esposa del diputado Gabriel Silber.

Precisamente, la mayor polémica que protagonizó fue junto a su ex esposo, cuando en marzo del 2019 Silber fue acusado falsamente por cercanos al diputado René Alinco de haber ejercido violencia intrafamiliar en contra de Orellana. La acusación se viralizó a 155 diputados a través de un mail anónimo que finalmente se demostró venía desde el computador de una asesora de Alinco.

Sin embargo, nada evitó que por esos días Orellana debió salir a desmentir la acusación desde su Twitter donde escribió que “todos los que me conocen, saben que soy perfectamente capaz de tomar decisiones y de defenderme”.

“No caeré en desmentir anónimos. Estas prácticas no van conmigo. Los anónimos son peligrosos y sin validez cuando no tiene rostro. Solo denigran”, indicó en su momento Orellana.

Eduardo Riquelme: rol en el Ministerio del Interior

El abogado de la Universidad del Mar y doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, Eduardo Riquelme, fue jefe de la División de Relaciones Políticas de Segpres durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera y luego subsecretario de Pesca hasta que dejó el cargo por “motivos personales” en 2019.

Sin embargo, su puesto más polémico fue el que asumió en enero del 2020 como encargado de la Unidad de Casos Complejos del Ministerio del Interior, división creada por el Gobierno para enfrentar a los autores de ataques al Metro de Santiago e incendios en todo el país.

En este contexto, fue el encargo de llevar a cabo la primera denuncia realizada a la Unidad de Casos Complejos, la que fue interpuesta en contra del dirigente estudiantil de la ACES, Víctor Chanfreau, por haber realizado un llamado a no rendir la PSU.

Eduardo Abarzúa: crítico del actual sistema económico

El psicólogo y doctor en Ciencias del Trabajo de la Universidad Católica, Eduardo Abarzúa, es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado y tiene un perfil mucho más reservado que sus compañeros.

Sin embargo, ha aparecido en varias oportunidades en medios de comunicación con sus columnas en contra del actual sistema económico y a favor de una nueva Constitución.

Por ejemplo, en noviembre del 2019 aseguró en el Diario Financiero que en materia económica, el Estado tras la dictadura militar, “quedó restringido a un rol subsidiario (no empresarial), traspasando al mercado prácticamente todas las esferas posibles y las relaciones sociales que se generen, sin mención, a algún rol en la redistribución o el crecimiento”.

Respecto a nuestra actual Carta Magna, Abarzúa indicó que “consagra una idea autoritaria de la sociedad, calificando de desorden el dispenso, dejando en la figura del Presidente de la República la atribución de gobernar, y consagrando la Doctrina de Seguridad Interior del Estado, poniendo en peligro los derechos fundamentales”.

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