Un asunto que suele quedar en segundo plano a la hora de hablar de deuda, es el pago constante de intereses que los países deben cubrir , y que en el fondo significa desviar recursos que podrían destinarse a gasto social o inversión. A este respecto, el Centro de Estudios Públicos (CEP) encendió una luz amarilla con su documento de investigación titulado “Política y sostenibilidad fiscal en tiempos de COVID-19: El caso de Chile” de los investigadores Álvaro Cordero y Mauricio Villena.

“En 2009 pagamos alrededor de US$ 1.000 millones en intereses, este año pagaremos alrededor de US$ 2.500 millones, y para 2024 estaremos ya por US$ 4.500 millones. El crecimiento en intereses no es lineal y a medida que aumenta la deuda, la carga es más pesada para los estados y la probabilidad de incumplimiento en los pagos es cada vez mayor”, afirma el ex subdirector de Presupuestos.

Este tema cobra mayor importancia en esta inédita crisis sanitaria. De hecho, los investigadores subrayan que el impacto económico de la pandemia será más largo que el proyectado inicialmente, razón para sostener que serán necesarios nuevos paquetes de estímulo y de ayuda a las familias más vulnerables. “Medidas similares pueden ser convenientes en estos momentos, para apoyar financieramente no solo a pymes, sino que también a empresas grandes, las que generan un nivel significativo de empleo y aportan considerablemente en el crecimiento. Como propuesta específica, se podría plantear una capitalización adicional a los 500 millones de dólares recientemente otorgados para BancoEstado” se señala textualmente.

Esta sugerencia tiene un trasfondo, y es que la capitalización “iría bajo la línea”, es decir, no se contabiliza como más gasto fiscal a la hora del balance de las finanzas, que tal como se explica en el documento -con distintos parámetros de cálculo,- se han deteriorado progresivamente desde que en 2015, el país cambió su categoría de acreedor a deudor neto.

Modelos de medición

El primer indicador utilizado por los investigadores es el de stock de deuda neta o bruta sobre el PIB (Producto Interno Bruto) de un año. La primera variable contempla los compromisos y el nivel de activos (o ahorros) y en ese balance, explica Villena, Chile ostenta una deuda neta del 7,9% del PIB al 2019, que “si bien no es de tamaño considerable, debiera agravarse a partir de la tendencia alcista sostenida durante los últimos años, y proyectada a futuro. Adicionalmente, la reducción de activos financieros del fisco ha sido relevante en la última década”.

El segundo indicador considera solo los pasivos del Fisco y es el estándar de medición de sostenibilidad fiscal de mediano plazo tanto para las agencias clasificadoras de riesgo como para el Fondo Monetario Internacional (FMI). En Chile ha ido subiendo desde 12,7% en 2013; a un 32,7% proyectado para este año, llegando a un 40% en 2024. “Para economías en desarrollo y emergentes, como la chilena, 40% es la relación deuda/PIB considerada como umbral, la cual no debería ser sobrepasada a largo plazo para resguardar la solvencia fiscal”, indican los autores.

Esto da pie para otro indicador llamado “servicio de la deuda” que mide el porcentaje de los ingresos corrientes que se destinan al pago de amortizaciones e intereses. Los autores realizaron una prueba ácida descontando los ingresos por cobre, y en 2019 éste llega a 14,4% de los ingresos. “Si bien está por debajo del porcentaje crítico típicamente sugerido por el FMI (25-35%), seguramente al 2024, con una deuda bruta de 40%, estaremos cerca de un 30%”, añaden.

Y al pasar por el cedazo del balance primario se evidencia que el pago de la deuda pública se ha vuelto cada vez más relevante para las finanzas. “De seguir dicha tendencia negativa, se avizora que en los próximos años la situación de sostenibilidad pueda revertirse en un tiempo menor al considerado. Diversos indicadores aquí mostrados apuntan a una situación no sostenible en el largo plazo de las cifras fiscales de Chile” concluyen los investigadores.

Por ello precisan que “el espacio fiscal para seguir combatiendo las consecuencias económicas de la pandemia se está agotando”.

Y abogan por la búsqueda de nuevas medidas, creativas y complementarias que no impliquen solicitar préstamos. “Una recomendación básica sería no recurrir a mayor endeudamiento para paliar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, sino que usar los fondos soberanos y los activos del tesoro. El FEES acumuló a fines de marzo recursos por US$12.300 millones y otros activos del Tesoro Público cuenta con US$ 8.000 millones. También se pueden lograr reasignaciones importantes en el presupuesto”.

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