El caso del sicario de Concón que asesinó a un empresario en la puerta de su casa conmovió al país y puso en el debate público nuevamente la regulación de la migración. Además, el coronavirus dejó en evidencia las condiciones en que viven algunos de los extranjeros residentes en el país, donde el hacinamiento y la pobreza son una realidad, en particular, entre quienes se encuentran ilegales en el país.

El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio analiza el escenario de la migración. «Acá hubo una práctica de una migración poco responsable durante muchos años, había cientos de miles de extranjeros que se venían como turistas a Chile, sin serlo, y nadie hizo nada durante muchos años».

Bellolio se muestra preocupado respecto al proyecto impulsado por el Servicio Jesuita a Migrantes, el que fue aprobado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado con los votos de los senadores Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (MAS-PRO), que busca otorgar visa a los inmigrantes que ingresen de manera ilegal al país pero, que después de dos años, logren acreditar que tiene solvencia económica, sin considerar antecedentes penales. El Jefe del Departamento de Extranjería recalca que el sicario que ingresó de manera clandestina al país, de aprobarse esta ley, podría, por ejemplo, obtener la visa.

-¿Qué aspectos cree que han quedado en evidencia sobre los inmigrantes a raíz del coronavirus?

-A raíz del coronavirus se han visibilizado varias cosas. Efectivamente acá hubo una práctica de una migración poco responsable durante muchos años, había cientos de miles de extranjeros que se venían como turistas a Chile, muchas veces terminaban vendiendo o en el comercio callejero, sin carnet de identidad, y nadie hizo nada durante muchos años. Y tampoco se actualizaron los datos. Antes de que llegáramos nosotros los últimos datos eran del 2014 que decían que había 400 mil extranjeros, y eso dejó invisibles a 600 mil personas y sobrecargó mucho lo que tenían que hacer los gobiernos locales, las municipalidades, porque estas personas no estaban en ningún registro. Entonces eso sí fue bien importante y visible.

-¿Y se están encontrando con esta realidad ahora con la pandemia?

-Nosotros ya sabíamos y lo habíamos dicho, cuando planteamos el proyecto de ley y establecimos varios de los procedimientos para sincerar las razones por las cuáles venían a Chile. Cuando nosotros pusimos la visa consular a ciudadanos haitianos y posteriormente a venezolanos, fue justo por eso. Veíamos que la tasa de irregularidad donde caían estos inmigrantes era altísima, decían que eran turistas pero no lo eran, llegaban al país y quedaban irregulares, quedaban en la calle y muy pocos se hacían cargos de ellos entonces. El país no se hacía cargo de los cientos de miles de extranjeros que venían cuando decían que eran turistas, cuando su realidad era distinta.

«Un ex fiscal dice en redes sociales «pero cómo no se meten a la página web para revisarlo». ¿Cómo vamos a revisar al millón y medio de extranjeros que viven en Chile todos los días en la página del Poder Judicial para ver si sale una causa nueva? Es una locura, es imposible».

-¿En concreto cuál es el sistema que se ha tenido durante los últimos años?

-El sistema que hemos tenido durante muchos años, de no cifrar las razones por las cuales vienen, o las personas que vienen como turista y una vez que están acá después de ocho, nueve, diez meses, consiguen su carnet de identidad… eso es dejarlos muy expuestos y vulnerables, y hay muchas organizaciones y políticos que han defendido este modelo, eso es muy potente. Con la inmigración haitiana el 2017 guardaron silencio, ahora no solo no han hecho una autocrítica o han poco visibilizado lo importante que fue que la actual administración regularizara y entregara visa y carnet de identidad, sino que siguen intentando, a través del proyecto de ley, que las personas entren como turistas o en su defecto, que las personas ingresen de forma clandestina y que después de dos años les den visa, lo que en la práctica es generar una migración muy poco responsable, muy poco regular, y los deja en la práctica abandonados, durante al menos dos años.

-Esa es la propuesta que ha impulsado el Servicio Jesuita…

-Es la propuesta que hizo el Servicio Jesuita y tomó el senador Latorre (RD) y la planteó a la Comisión de Derechos Humanos. Consiste en que a los inmigrantes que ingresen de manera clandestina, y que después de dos años presentan sustento económico, se les dé una visa. Entonces el llamado que están haciendo ahí es «da lo mismo como entres a Chile, si entras escondido da lo mismo, trabaja dos años y después te damos una visa». Ahí hay tres cosas bien importantes: primero, significa que no tienes por qué entrar a Chile por un canal regular, que puedes entrar a escondidas, da lo mismo. El segundo punto es que esta metodología, por ejemplo, le otorgaría una visa al sicario de Concón, quien entró irregular, clandestino. Y tercero, el poder que le da al empleador. Una persona contrata a una extranjero irregular, y a los veinte meses le puede decir «te quedan cuatro meses para tener la visa, no te voy a pagar más, o te voy a ir a acusar a la PDI si no me das tanta plata». La probabilidad que se generen casos de trata es gigante. Los mismos que justamente trabajaron durante la administración anterior, que estaban felices con esta inmigración sin restricciones, que les encantaba que estuviera lleno de «turistas irregulares» sin cédula de identidad, ahora van más allá y están tratando de que ingresen de forma clandestina generando un incentivo muy perverso y esa gente lo pasaría muy mal.

«Esas personas entraban sin ningún control, sin ninguna propuesta de política pública, y ahora estamos viendo un poco las consecuencias de esta medida».

-¿Afecta demográficamente el aumento de personas durante los últimos años?

–Sí afecta demográficamente que hayan entrado un millón de personas durante los últimos cinco años, es un cambio importante. Pasamos del 2% de la población a casi el 8% de la población en cinco años, es un cambio bien relevante, y hay que ver qué tan bien preparados estuvieron los gobiernos locales, salud, educación, y cómo se ha visto ahora el tema de vivienda, o sea, los arriendos abusivos, los cité y otras condiciones que están generando graves problemas. Justamente porque esas personas entraban sin ningún control, sin ninguna propuesta de política pública, y ahora estamos viendo las consecuencias de esta medida. El ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, apunta también un poco a esto, sobre que una migración tiene que ser responsable, y a nivel internacional Chile tiene la presidencia del grupo de migraciones de la OCDE, se habla mucho sobre estos temas.

-¿Y usted coincide con el ex rector quien dijo que durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet no hubo una política migratoria como tal?

-Creo que en esa época hubo una indolencia importante, claramente no se priorizó el tema migratorio, había conocimiento justamente de los altos flujos migratorios como el caso de los haitianos que después se quedaban en Chile irregularmente y aún sabiendo todas estas cosas no se tomaron medidas justamente para regularizar y tampoco se tomaron medidas para sincerar las razones por las cuales los extranjeros venían al país. Hubo una indolencia importante que abarca transversalmente a los responsables de estos temas.

«El hecho de expulsar a personas que tienen antecedentes penales y que ingresaron de forma clandestina, mejora las relaciones entre los nacionales y extranjeros».

-¿Cómo evalúa hasta la fecha el avance de la política que han llevado de «ordenar la casa»?

-En general hemos visto cosas positivas. Cuando se le entrega una visa y un carnet de identidad a una persona, le cambias la calidad de vida de forma importante porque puede competir en igualdad de condiciones, y en eso en general es un alivio importante para los migrantes. Por eso es tan difícil entender la gente que sigue incentivando que las personas sigan llegando como turistas o que ingresen de forma clandestina, porque al final les termina haciendo mucho daño. El tema de los flujos los fuimos regulando principalmente con las visas para que no cayera en la irregularidad. La inmigración no es buena ni mala en sí misma, pero la dificultad del acceso a los servicios cuando no se tiene carnet de identidad o se está irregular es muy difícil. También por el tema de cohesión, el hecho de expulsar a personas que tienen antecedentes penales y que ingresaron de forma clandestina, mejora las relaciones entre los nacionales y extranjeros. Y cuando vemos que el sicario de Concón ingresó de manera clandestina y a pesar que efectivamente no tenía la denuncia o el ingreso clandestino -que recién llegó en mayo-, y cómo organizaciones, especialmente los Jesuitas, plantean recursos para evitar la expulsión de estar personas… Hemos tenido más de 400 recursos para evitar expulsiones de extranjeros que habían ingresado de forma clandestina o habían cometido delito como narcotráfico y otros, y eso afecta en el tema de la convivencia. Creo que es súper importante hacerse cargo de una inmigración responsable que sea sustentable, que entregue mayor información sobre a qué vienen las personas, dónde están las oportunidades, cuál es el despliegue territorial y cuál es el proyecto de vida que le podemos ofrecer para que desarrollen en Chile.

-Respecto a la carta que escribió junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en El Mercurio, ¿se puede inferir que el mayor problema en el caso del sicario de Concón fue la justicia y el Ministerio Público específicamente?

-Efectivamente. El caso es el siguiente: el sujeto ingresó a fines del 2015 de forma clandestina, y la primera noticia que como Ministerio del Interior tenemos de él fue entre abril y mayo de 2018 cuando se inscribe en la regulación extraordinaria, y cuando empezamos a revisar sus antecedentes, esta persona había sido condenado por porte de droga, más o menos en esa misma fecha, por lo tanto, nosotros no podíamos darle una visa. Qué pasó: le rechazamos la visa en julio de 2019 y avisamos a todas las intendencias de todos los casos de rechazo, como esta persona tenía ingreso clandestino, correspondía a la intendencia donde vivía que le dictara la expulsión. El punto es que este sujeto nunca tuvo la denuncia por ingreso clandestino, que es el requerimiento que se necesita para expulsar por estas condiciones, porque la otra condena por porte de droga, al final había pagado una multa muy menor, nunca había tenido cárcel efectiva y eso no era suficiente para expulsar.

«Antes que llegáramos nosotros los últimos datos eran del 2014 que decían que había 400 mil migrantes lo cual dejó invisibles a 600 mil personas y sobrecargó mucho lo que tenían que hacer los gobiernos locales».

-¿Cuáles eran las formas que ustedes tenían para expulsarlo el año anterior?

-Si hubiéramos tenido la denuncia de ingreso clandestino para que la intendencia hubiera firmado el decreto de expulsión, o si efectivamente el Ministerio Público, junto con el Poder Judicial, hubieran seguido en esta causa que tenía arraigo a fines de 2019 por homicidio la cual fue desestimada… Y adicionalmente, en el fallo cuando se desestima, dice «comuníquese a la Policía de Investigaciones» pero nunca lo comunican al Ministerio de Interior. Entonces la propuesta que sale de un ex fiscal en redes sociales diciendo «pero cómo no se meten a la página web para revisarlo», ¿cómo vamos a revisar al millón y medio de extranjeros que viven en Chile todos los días en la página del Poder Judicial para ver si sale una causa nueva? Es una locura, es imposible. Ahí lo que tiene que trabajarse mejor es cómo nos relacionamos en temas de información con el Ministerio Público, tribunales, y la PDI.

-¿Al sicario lo podrán expulsar ahora de manera inmediata?

-Hay tres posibilidades. La primera, que el juez dictamine que se le puede expulsar después de cumplir una condena algunos años en Chile. La segunda, es que se le permute la pena por la expulsión, y la tercera es que efectivamente el Poder Judicial dictamine que acá no hubo ninguna sanción o desestime la demanda y ahí nosotros, como este sujeto ya tiene la denuncia por ingreso clandestino, lo podemos expulsar de forma administrativa por el ingreso clandestino, pero existe la opción que alguna de las organizaciones ya mencionadas ponga un recurso para evitar que expulsen a esta persona.

-¿A pesar de que haya matado a alguien?

–En general, nosotros hemos visto que hay varios casos de organizaciones que han puesto recursos para evitar las expulsiones de personas que habían sido condenadas por tráfico de droga, hay un caso por 1.700 kilos, otros casos por homicidios, porque dicen, en la práctica, que toda persona tiene derecho a reinsertarse. Pero el punto es que también lo puede hacer en su país de origen, entonces, ahí hay un tema bien ideológico, que los que defienden la migración sin restricciones y los que defienden que las persona ingresen de forma clandestina, que evitan la expulsión de personas condenadas, es porque ellos creen que no debería haber un control sobre la migración.

Por Sofía Del Río para ellibero.cl

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