Un dictamen de la Contraloría sostuvo que los alcaldes no cuentan con las atribuciones para decidir la apertura o cierre de centros comerciales.

El documento, firmado el pasado jueves por el Contralor General de la República Jorge Bermúdez, señala que corresponde al Ministerio de Salud, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, la fiscalización de medidas sanitarias que se adopten en el contexto de la emergencia provocada por el brote de COVID-19 en la país.

La situación de los centros comerciales ha causado polémicas durante el último tiempo, ya que existe la disputa entre si realmente es necesaria su apertura, considerando el llamado de las autoridades sanitarias a respetar la cuarentena obligatoria y preventiva manteniéndose en casa.

El documento, que corresponde a una respuesta del organismo a una consulta realizada por el diputado Amaro Labra (PC), enfatiza lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución, en cuanto a que los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, sin que puedan atribuirse, aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, como lo sería la situación de emergencia sanitaria que vive el país.

“Corresponde al Presidente de la República y a los jefes de la Defensa Nacional, según proceda, adoptar decisiones que signifiquen afectar derechos fundamentales (…), como asimismo disponer las medidas que, conforme a la citada ley orgánica constitucional, se requieran para el restablecimiento de la normalidad en la zona afectada”, señala el dictamen.

En consecuencia, el documento establece que el ordenamiento jurídico no ha dotado a los alcaldes y otras autoridades municipales con atribuciones o competencias que les permitan ordenar apertura o cierre de los centros comerciales.

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