En medio de la discusión que se viene sosteniendo en el Congreso y a sólo días de que venza el plazo para que el Gobierno y los partidos alcancen un acuerdo nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus, un grupo transversal de economistas puso sobre la mesa un paquete de propuestas orientado a atender las principales necesidades que han surgido en el país producto de la enfermedad.

Se trata de un documento de casi veinte páginas enfocado en tres grandes ejes de acción (marco fiscal, emergencia y reactivación), y que fue presentado hoy durante la reunión que se llevó a cabo entre el Ejecutivo y las comisiones de Hacienda del Parlamento.

En el escrito, los economistas -Rafael Aldunate, Rodrigo Cerda, Vittorio Corbo, José De Gregorio, Alvaro Díaz, Sebastián Edwards, Juan Andrés Fontaine, Bettina Horst, Sebastián Izquierdo, Claudia Martínez A., Andrea Repetto, Claudia Sanhueza, Klaus Schmidt-Hebbel, Cristián Solis de Ovando, Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara- acordaron que el fondo para combatir el covid-19 debería alcanzar los US$12 mil millones, lo que supone US$ 2 mill millones más que la propuesta del Gobierno.

Marco fiscal

Sobre este eje, la propuesta pide abrir espacios para mayores gastos de apoyo a las familias y “apuntalar” la economía en circunstancias en que la política monetaria tendrá poco margen. Todo esto con celeridad, flexibilidad y cuidando la dinámica de la deuda pública.

En ese sentido, una de las principales sugerencias es “crear una nueva estructura legal” que permita implementar el programa para los próximos 24 meses, junto con un “fondo extrapresupuestario (fondo Covid) desde el cual el gobierno pueda ejecutar para enfrentar los gastos de emergencia y la reactivación, de forma flexible para financiar”.

La propuesta incluye mayores gastos corrientes, como transferencias directas a las familias y apoyo a trabajadores y empresas; inversión pública adicional; y nuevos impulsos pro-reactivación y reconversión.

Según detallan los economistas, el financiamiento del fondo se realizará a través de una combinación de transferencias de los fondos soberanos y mayor endeudamiento público. “Si el fondo tuviera recursos al momento de caducar, ellos se transferirán al FEES”, recalcan.

De acuerdo al documento, “en este escenario la deuda pública bruta aumentaría de 28% del PIB a fines de 2019 a 43% a fines de 2022. Los Fondos Soberanos bajarían desde 9,5% del PIB a fines del año pasado hasta poco menos del 5% del PIB en 2022”.

Emergencia

En el segundo eje, que busca proteger a las familias y sus recursos en el contexto de pandemia, el grupo de expertos solicita mejorar el Ingreso Familiar de Emergencia y focalizar el beneficio en base a la vulnerabilidad socioeconómica.

En esa línea, proponen aumentar el bono actual de $65.000 por miembro del hogar, “a una cifra per cápita de entre $80.000 y $90.000, lo que implica que para un hogar de cuatro personas se entreguen entre $320.000 y $360.000 respectivamente”. Según señalan, estos montos, “en promedio, serelacionan con los gastos necesarios que deben solventar los hogares en la situación de cuarentena”.

Asimismo, solicitan que este instrumento se ejecute en paralelo con un plan de US$100 millones “que disponga de recursos de libre disposición a los municipios para ser usados en apoyo de sus vecinos en el contexto de emergencia”.

Respecto a los tramos beneficiados, el texto sugiere “ampliar la cobertura del hasta aquellos hogares que pertenezcan al 80% de mayor vulnerabilidad socioeconómica según el ISE para todos los grupos de beneficiarios”.

Reactivación

El último pilar del documento tiene que ver con la etapa que se debería alcanzar una vez superada la pandemia y cuando la economía comience a reabrirse. Dicho eje se proyectó para un período de 24 meses y se subdivide en tres fases.

La primera de ellas es la “fase de contención”, en la cual parte importante del territorio nacional estará afecto a restricciones de movilidad, limitando producción, distribución y consumo.

Para esa etapa se pide “ampliar la cobertura del programa COVID-FOGAPE” y “permitir que empresas con ventas superiores a UF 1 millón también accedan al programa”.

Por otro lado, proponen “fortalecer los programas de apoyo a pymes, mediante créditos y aportes, con los que cuenta CORFO, SERCOTEC, FOSIS e INDAP”, mientras que los problemas de liquidez de empresas grandes deben ser revisados “caso a caso, con debidos resguardos que aseguren transparencia y probidad”.

Para la fase II, de “reapertura progresiva”, los economistas llaman a escalonar los días y horarios de entrada a los establecimientos educacionales, comerciales y de servicios “para evitar aglomeraciones en el transporte público”.

También solicitan extender la aplicación de la Ley de Protcción del Empleo mientras dure la pandemia, en cuanto a la reducción de la jornada de trabajo, y piden crear un nuevo subsidio temporal para todo trabajador contratado y para los reincorporados por empresas acogidas a la mencionada normativa.

Además, instan a CORFO y SERCOTEC a “asumir un rol preponderante en el rescate de las empresas viables” de sectores más afectados como el turismo, mediante garantías o aportes.

En cuanto a la última etapa de reactivación, denominado “de post pandemia o reactivación plena”, los expertos sugieren entre sus principales puntos “un programa masivo de capacitación digital vía SENCE y reforzar la acción de Sercotec (DigitalizatuPyme)”.

Añaden que “es oportuno acelerar las inversiones necesarias para modernizar nuestra infraestructura, combatir la sequía, propender a la carbono neutralidad y adaptarnos a las exigencias del cambio climático. La inversión pública puede además ser utilizada como palanca para la creación de empleo temporal para combatir la cesantía”.

“(Se requiere) actualizar y promocionar la cartera de más de US$ 14.000 millones en proyectos de vialidad, embalses, aeropuertos, hospitales y otros del plan de licitaciones, originalmente previstas para 2019-23, e incorporar nuevas áreas como ferrocarriles e infraestructura de telecomunicaciones”, concluye el paquete de propuestas.

/psg