La investigación por narcotráfico que involucra al presunto activista de la CAM Emilio Berkhoff, la causa por la supuesta corrupción en las licitaciones de luminarias en diversos municipios del país, delitos ambientales por la pandemia del Covid-19 y aquellos ocurridos en el marco de la crisis social. Todas estas situaciones tienen un factor en común: son investigadas por la PDI. Y en el contexto de estas investigaciones vigentes, es que la PDI conmemorará mañana sus 87 años vigentes. Tal como han debido proceder otras instituciones, el director general Héctor Espinosa tendrá que realizar su cuenta de manera remota.

“Yo quiero decir que es un aniversario con un sentimiento bastante especial. Nosotros estamos con un compromiso absoluto con la paz social y desde el 18 de octubre hemos tenido que desdoblarnos, porque hemos tenido que cumplir funciones de orden público, redoblar nuestros servicios, desgastarnos demasiado en muchas horas. Además, usted debe entender que la PDI en tiempos de pandemia no puede cumplir una función remota, tenemos que estar en la calle. Eso ha hecho también que mucha gente se haya contagiado”, comienza indicando Espinosa, quien relató los principales desafíos y metas que se ha puesto la policía civil. En base a esto, es que “pese a que en la ciudadanía hay desconfianza e incertidumbre con lo que está pasando, la PDI es la institución mejor evaluada en la última encuesta Cadem. Eso nos obliga ser más profesionales y cercanos con la comunidad. Además, cumplo cinco años en el cargo, me queda mi último año que es el más difícil y que la ciudadanía siga confiando. Es necesario para la democracia que exista una policía transparente, profesional, creíble y confiable”.

A raíz de la crisis social, ustedes han debido asumir investigaciones diversas. Estas incluyen tanto los desmanes como las causas de derechos humanos que se atribuyen a agentes del Estado. ¿Cómo ha sido indagar ambos fenómenos?

Es legítimo que la gente se manifieste, especialmente cuando hay demandas que a su juicio no han sido satisfechas. Yo comparto muchas de ellas. Sin embargo, lo que yo no comparto es la explosión delictual. Una gran cantidad de delincuentes sale a cometer desmanes, a atacar, a robar, incendiar, y hacer un tremendo daño al país. Además se han afectado personas inocentes, que a lo mejor están de acuerdo con esas demandas legítimas para la ciudadanía. Lo que más me llama la atención es que hay gente que no condena eso. Toda la violencia debe ser condenada por todos los sectores de la sociedad y en eso yo creo que hay muchos sectores que tienen una deuda con el país, de no haber condenado esto como corresponde.

¿Y respecto a los casos por derechos humanos?

Se ha hablado mucho de violaciones a los derechos humanos. En el caso de la PDI no tenemos investigaciones en contra nuestra. Nosotros tenemos un compromiso en la defensa de los derechos humanos. Tenemos un convenio de cooperación desde hace ocho años con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica y es un organismo transversal, pluralista, que no está ideologizado y tiene una visión de cómo es el uso de la fuerza de la policía. Cuando un policía es atacado violentamente, este se tiene que defender. Él o sus compañeros. En eso no hay una violación de derechos humanos, es lo que la sociedad le exige. Por eso, le entrega herramientas como armamentos y medios para que se defienda.

En este sentido también están las investigaciones por acusaciones realizadas contra agentes del estado. Ya sean militares o policías.

También tenemos que investigar casos, pero yo también pido prudencia a la ciudadanía. No olvidemos que hay un caso, que fue emblemático en Curicó, donde se acusó una patrulla militar de haber asesinado una persona y después terminó siendo un particular el autor. Las investigaciones, especialmente cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, deben ser silenciosas, prudentes y reservadas. Objetivas. La verdad es una sola y no tiene color político y en eso la PDI ha sido inflexible. Tenemos un compromiso con la defensa de los derechos humanos y todas las investigaciones lo haremos con objetividad.

¿Qué le parece la situación ocurrida en la comisaría de la estación de Metro Baquedano? Se dijo que era un centro de torturas, finalmente la PDI determinó que esto no era efectiva y esta semana la fiscalía decidió dar por cerrada la causa.

Fue un joven irresponsable que hizo una denuncia, que además hubo organismos que sin verificar ningún antecedente lo dieron por hecho que se trataba de un centro de torturas. En algún momento se culpó también a la PDI. Yo, la verdad, siento una tremenda satisfacción cuando hay un sobreseimiento definitivo por este caso, donde se establece de que no hay un centro de tortura. Ocurre que en momento de tanta efervescencia, de tanta incertidumbre, entregar información falsa me parece de una gravedad y de una irresponsabilidad absoluta. Pasó lo mismo en Quilicura, donde una autoridad dijo que había un centro de tortura en el mall. Se culpó a la PDI, que ni siquiera tiene una unidad en ese sector, y después se establece que fueron unos guardias que detuvieron a unos sujetos que estaban robando. Nosotros ya hemos presentado cinco querellas por hechos falsos y no vamos a aceptar que nadie enlode nuestro trabajo.

¿Cuál ha sido el rol de la PDI en la pandemia?

En esta pandemia, yo tenía mucha información ya en marzo. Yo soy delegado para las Américas de Interpol y venía de un comité ejecutivo que se hizo en Lyon, en la primera semana de marzo. En Europa ya había mucha alarma por lo que estaba pasando y sabía que venía algo muy delicado para Chile. Lo que hicimos fue, primero, partir de la base de que no teníamos nada. Eso tenemos que reconocerlo, no teníamos ningún implemento de seguridad y los tuvimos que adquirir de forma rápida y hay que agradecer a mucha gente que nos cooperó. Por ejemplo la Cámara de Comercio de China nos donó 50 mil mascarillas, también agradecer a la Corafam (Corporación de Ayuda Policial), que dirige mi esposa, que también nos hizo varias donaciones. Ahora último nos compró kits para testeos rápidos.

¿Hay contagios en la institución?

Hemos tenido, de todas maneras, muchos funcionarios contagiados. Hoy tenemos 400 funcionarios contagiados, de los cuales 113 se han recuperado y tenemos en cuarentena alrededor de 900. Hemos hecho refuerzos con funcionarios de otras regiones donde hay menos problemas.

¿Cómo se han desarrollado las investigaciones penales en torno a delitos sanitarios?

Hemos investigado muchos delitos contra la salud público. Para que sepa, hemos incautado más de 50 mil litros de alcohol gel que son falsificados o no reúnen condiciones para la venta y aseguren la sanitización. También hemos investigado viajes irregulares. Hemos hecho una fuerza de tarea dedicada a investigar todos los delitos relacionados con esto, de la salud pública.

¿Qué le parece que ocurran situaciones de este tipo en medio de la enfermedad?

Yo creo que son hechos extremadamente graves, porque primero se engaña a la población. Se venden cosas y se abusa de la confianza de la gente. Lo más terrible es que además de la estafa, sufren un daño porque confían en que ese producto los va a sanitizar y al final será un problema mayor. Todos estos modus operandi los venimos viendo desde hace tiempo, porque Interpol ha monitoreado estos delitos. Por eso pido a la gente que lo hagan en lugares establecidos y si hay dudas, no duden en contactarnos.

¿Cómo fue la causa por narcotráfico en que fue detenido esta semana Emilio Berkhoff? Él ha sido sindicado como activista de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). ¿Existe, entones un nexo entre violencia rural y narcos?

Esta fue una organización criminal que estaba compuesta por varias personas. De hecho, 11 individuos fueron arrestados. La investigación empezó en diciembre pasado, hubo un cruce de información. Esta era una banda organizada, la persona que usted menciona (Berkhoff) tiene una participación directa en el aspecto operativo y traslado de la droga. Es una investigación abierta. Nosotros no hemos descartado nada, pero se aclarará todo.

Pero en términos más generales, ¿se está configurando un vínculo entre narcotráfico y violencia rural?

Nunca puedo descartar ninguna hipótesis ni situaciones como la que usted menciona. Eso es parte de la investigación. Se ha dicho que hay vínculos, pero lo que tenemos ahora es un dirigente que está vinculado a una organización criminal que trasladó más de 800 kilos de cocaína base. Este tipo de organización no se hace de un día para otro.

¿Cómo se está investigando el tema de las licitaciones por luminarias? Aparecen situaciones en varios municipios que son objeto de investigación.

Lo que hay son varias investigaciones, pero lo que determinó la Fiscalía Nacional fue agrupar las causas en una sola. Entiendo que quedó afuera solo una, la de Iquique y que ya fue formalizada. El resto quedó radicada en la fiscal regional de Ñuble. Es una fiscal que se maneja muy bien y ya tenemos un plan de trabajo. He puesto todo mis recursos para que esto se aclare, porque el país necesita saber qué ocurrió. Hay grandes cantidades de dinero, es plata de todos los chilenos, y esto tiene que estar aclarado lo más pronto posible y tenemos un compromiso con la fiscal, de hacerlo lo más rápido posible. Espero que en un futuro pronto tengamos respuesta de lo que está ocurriendo con esta situación.

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