La dictadura de Nicolás Maduro está usando cada vez más las desapariciones forzadas como herramienta sistemática para silenciar a opositores en Venezuela, según denunció un informe realizado por dos reconocidas organizaciones de derechos humanos.

Fuerzas del Sebin

El documento, publicado por el Foro Penal y el Centro Robert F. Kennedy Human Rights, hizo un meticuloso relevamiento de las más de 700 desapariciones forzadas reportadas entre 2018 y 2019 y resalta que son “una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos” y constituyen un crimen de lesa humanidad.

Las organizaciones indicaron que el régimen chavista está “utilizado estratégicamente las desapariciones forzadas para silenciar a los opositores políticos y otras voces críticas que considera una amenaza”.

Según constataron, se produjo un considerable aumento de casos de 2018 a 2019, algo que no fue correlativo a las manifestaciones opositoras, lo que arroja un cambio en el modus operandi hacia la normalización de las desapariciones forzadas. También, denunciaron que los casos en muchas ocasiones vienen acompañados de otras violaciones a los derechos humanos, como torturas y ejecuciones extrajudiciales

El documento instó a la dictadura chavista a tomar medidas urgentes, entre las cuales figura la disolución de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales, creada en 2016 y señalada por numerosos ataques contra opositores), la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad y la liberación de todos los presos políticos. También, considera necesario fortalecer la independencia del Ministerio Público, ya que vincula los crímenes al colapso del sistema judicial venezolano.

Las 524 desapariciones reportadas en 2019

“En muchos de los casos documentados, las víctimas fueron citadas en bases militares con el pretexto de hacerles una entrevista o un interrogatorio; una vez allí, fueron despojadas de sus pertenencias y detenidas”, reportó el informe. Según detalló, la estrategia empleada por el SEBIN (el servicio de inteligencia) consiste en hacer la identificación de las víctimas, seguirlas y detenerlas. “Por lo general, la detención ocurre en horas tempranas de la mañana o durante la noche; evitando así llamar la atención”, explicaron.

Además, los agentes del régimen suelen realizar los operativos sin identificarse ni presentar órdenes de aprehensión. “De acuerdo con el relato de algunas víctimas, los funcionarios del SEBIN fueron ágiles, se comunicaron poco y retuvieron celulares y computadores, evitando que las víctimas o los testigos se comunicaran rápidamente. Este patrón evidencia un fuerte entrenamiento y un trabajo coordinado”, explicó el informe.

El documento apunta también a que las FAES buscan infundir miedo a través de la violencia: “Las FAES típicamente mantienen una presencia en las comunidades después de un operativo, lo que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos considera una indicación de que el gobierno está utilizando estas fuerzas como instrumento para aterrorizar a la población y mantener el control social”.

El New York Times destacó que estás tácticas son similares a los crímenes cometidos por las dictaduras militares que habían sido criticadas por Nicolás Maduro y Hugo Chávez, como las de Argentina y Chile en las décadas de 1970 y 1980.

El relevamiento también arroja que en 2019 aumentó el uso de las desapariciones particularmente en contra de militares. Las fuerzas armadas, principal sostén del régimen, ha mostrado algunas grietas de su apoyo, con algunos levantamientos y asonadas que amenazan al Palacio de Miraflores.

Si bien la mayoría de los desaparecidos forzosamente en 2019 fueron en el contexto de las protestas opositoras, estos manifestantes pasaron en promedio menos tiempo detenidos que aquellos que reclamaban por las fallas de servicios básicos (3,8 días frente a 4,1 días), una situación agravada por la galopante crisis económica.

Los investigadores apuntaron que, proporcionalmente, las mujeres detenidas enfrentan más posibilidades de una desaparición forzosa que los hombres, lo que, según el Foro Penal, “parece responder a una estrategia de extraerles información o enviar un mensaje para intimidar a sus familiares u otros”.

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