El conflicto de los últimos días sobre el regreso a clases presenciales tiene pinta de un gallito del Colegio de Profesores, que se ha negado a apoyar la apertura de escuelas como si se tratara de un proyecto personal del gobierno. El presidente del gremio ha declarado que ningún colegio debiera retomar las clases en marzo, lo que no parece considerar la rapidez en la vacunación, la preparación que han hecho las escuelas para un retorno seguro, ni la diversidad de situaciones en que se encuentran. Ahora bien, comentarios desafortunados como los del ministro de Economía que sugirió que los profesores no querían trabajar ayudan poco a destrabar un problema crítico para el país y a hacer justicia a la labor esforzada de miles de docentes durante la pandemia.

La crisis del regreso a clases, sin embargo, parece tener raíces más profundas que las actitudes y reacciones de los últimos días. En primer lugar, deja al descubierto una cuestión de prioridades políticas. Hace unos días, el representante de UNICEF en Chile recordó el criterio que ha prevalecido en países como Alemania, Francia o Reino Unido: cuando la situación sanitaria se vuelve crítica, las escuelas deben ser las últimas en cerrar; cuando las condiciones mejoran, han de ser las primeras en abrir. Esto ha estado lejos de ser la tónica en Chile. Haber cedido a la presión por cerrar los colegios de todo el país cuando la pandemia recién despuntaba sentó un precedente difícil de revertir y cuyos costos pagamos hasta hoy.

Por otra parte, pese al notable esfuerzo del ministro de Educación durante el segundo semestre de 2020 por preparar el terreno a la enseñanza presencial, la suya fue una cruzada más bien solitaria. El foco del gobierno durante el período parece haber sido otro y lo anterior ha tenido consecuencias desde el punto de vista de la comunicación política: algo ocurrió para que los ciudadanos acudan con confianza a centros comerciales o playas con aforos de miles de personas, y a la vez manifiesten temor de enviar a sus hijos al colegio.

La discusión por el regreso a clases de la última semana podría estar manifestando también una desesperanza generalizada respecto de nuestro sistema educativo, como trasluce un comentario leído en redes sociales: “¿a qué van a volver?”. Tal vez bajo la débil reacción social por reabrir los colegios se encuentre la idea de que la pérdida por el cierre de las escuelas no es tanta, de que quizá no hay demasiada diferencia entre crecer frente a la televisión o en la sala de clases. Pero, por reales que sean los desafíos de calidad de nuestro sistema educativo y la necesidad de afrontarlos, parece fundamental cuidar el contacto real entre profesores y alumnos, nervio de una educación que aspire a ser más que instrucción tecnocrática. Recuperar la confianza en lo que puede hacer un profesor por un niño no es en absoluto superfluo. Es obvio que no basta con volver a clases, pero constituye un comienzo indispensable. 

Por último, la polémica sobre la vuelta a clases nos habla también de nuestra fractura política, de la severa dificultad para llegar a acuerdo en materias sensibles que afectan directamente el bien común y que terminan por transformarse en moneda de cambio para conseguir otros objetivos.

Nos hemos acostumbrado a que cuestiones como la educación o las pensiones de los chilenos sean tomadas como rehenes para otros fines (basta pensar en la erosión inducida de los liceos emblemáticos o del sistema de pensiones). La instrumentalización de causas relevantes y la incapacidad de llegar a consensos razonables por el bien de Chile son síntomas de una política sin norte, obsesionada con el poder, que necesita urgente recuperar sus puntos de referencia si no quiere acabar con un país hecho añicos.

/escrito para El Líbero por Francisca Echeverría, Centro Estudios e Investigación Social SIGNOS, Universidad de los Andes

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