Esta semana el Hogar de Cristo, o un funcionario de ese establecimiento, solicitó excluir el alcohol del listado de bienes esenciales que podrían ser distribuidos en cuarentena.

¿Sería correcta una medida como esa que, de paso, arriesgaría dejar a la misa desnuda de uno de sus elementos básicos?

La sugerencia del funcionario —un psicólogo de esa institución—muestra los excesos a los que puede conducir la pandemia y la manera en que ella puede erigirse en pretexto para ahogar la libertad de las personas.

En una sociedad abierta las personas tienen derecho a establecer su escala de preferencias, aquello que les es indispensable y lo que no, atendiendo a su propio discernimiento y sin injerencias no consentidas de terceros, ni menos del Estado. Y las preferencias de las personas —este es el principio básico— son inconmensurables entre sí. Por eso una sociedad abierta es alérgica al mimetismo y la uniformidad. La idea de que el Estado —o una institución benéfica, o para imaginar una pesadilla, un miembro del Hogar de Cristo— establezca qué bienes de aquellos que las personas ordinariamente consumen en el transcurrir de sus días son esenciales y cuáles en cambio no puede sacrificar bienes más importantes que los que su prohibición preservaría. Una cosa es limitar la libertad de movimientos para evitar las formas más graves de contagio y otra, regimentar el estilo de vida o las preferencias de consumo con las que algunos escapan de la jaula invisible.

Tolerar esto último (se trate del alcohol o de cualquier otra cosa relativa solo al sujeto que la elige) daña la libertad más allá de lo razonable.

La libertad individual consiste, ante todo, en reconocer a los individuos adultos la posibilidad de discernir por sí mismos qué es preferible y qué no lo es, qué les es esencial y qué no, a la hora de trazar un plan de vida y ajustar su conducta a ese plan. Por eso la decisión de consumir esto o lo otro, tomar alcohol, jugos, sal, grasas, azúcares refinadas o, en cambio, agua de vertiente, bebidas dietéticas, granos y fibras, endulzar con miel o excluir el sodio de la dieta; llevar una vida sedentaria o ejercitarse hasta el desmayo; manejar (llegada la hora de salir a la calle) un automóvil o andar montado en bicicleta o equilibrándose en un patín; entontecerse mirando un show televisivo en vez de leer una novela; rezar u orar o blasfemar y maldecir en los malos momentos, parecen decisiones banales o menores, pero están indisolublemente ligados a la libertad personal, porque la libertad personal no consiste en ejecutar lo que un tercero —sea un funcionario del Hogar de Cristo o un empleado ministerial, un sacerdote o un burócrata— juzgue mejor para cada uno a la luz de un cierto ideal de vida buena o saludable, sino que ella consiste en que cada uno defina lo que a la luz de su propio discernimiento le parece bueno o saludable. Y la justicia consiste en distribuir capacidades iguales para que esas elecciones puedan ser adoptadas por todos. ¿Que las personas cometen errores y a veces se causan daño a sí mismas cuando adoptan sus decisiones? De eso no cabe duda, y el consumo excesivo de alcohol es un buen ejemplo de ello; pero un mundo donde los individuos, más allá de la protección de los terceros, intentaran recíprocamente controlar sus vidas a fin de evitar los errores o los daños autoinfligidos, un mundo donde alguien, un psicólogo, ministro, clérigo, rector, experto en salud pública o lo que fuera, tuviera la posibilidad, a pretexto de la pandemia o cualquier otra circunstancia, de decidir qué se consume y qué no, y amparar esa decisión suya no en la persuasión sino en la coacción estatal, sería un mundo parecido a una pesadilla, un mundo que habría renunciado a la libertad individual para sustituirla por el paternalismo.

El paternalismo, es decir, la creencia de que un tercero puede discernir mejor que usted mismo lo que a usted le conviene, o, en otras palabras, la convicción de que las personas yerran al adoptar sus decisiones, motivo por el cual debe haber alguien que les ayude a eludir el error poniendo lejos de su alcance aquello que acabará dañándolas o perjudicándolas, es una actitud que suele estar bañada de buenas intenciones —el buenismo, esa otra peste— que es totalmente incompatible con la libertad personal. El paternalismo es obviamente correcto en las relaciones entre padres e hijos; pero es lesivo de la dignidad cuando se lo ejercita desde el Estado o en las relaciones de los ciudadanos adultos entre sí.

En la existencia cotidiana, y no solo en medio de la pandemia, hay cientos de cosas al alcance de la mano cuya posesión o consumo podrían resultar dañinas (incluso la beneficencia eclesial, según se ha sabido, puede ser más lesiva que la triste dipsomanía) y no faltará quien piense que prohibiéndolas el mundo será mejor. Pero quien crea eso se equivoca. Buena parte de las cosas que hacen la vida estimable y digna de ser vivida deriva de la libertad personal que, salvaguardando el derecho de terceros, los individuos adultos deben reconocerse recíprocamente. Es probable que si hubiera censura manejada por un sujeto escrupuloso, la injuria desaparecería; si hubiera editores rigurosos y no se admitiera a los flojos o complacientes no habría libros ilegibles; si no se permitiera el automóvil, habría menos muertes por atropello; si se prohibiera enseñar a los académicos nostálgicos de su propia adolescencia, los alumnos aprenderían más y mejor; si se penalizara el tabaco, el cáncer de pulmón sería una rareza; si gobernara algún tirano benevolente y equitativo, la desigualdad desaparecería; y si algunas formas de la entretención se clausuraran, la estupidez disminuiría; pero un mundo como ese, tapizado de prohibiciones, sería parecido a una pesadilla.

No cabe duda: entre los varios daños que tienen maltrecha la libertad por causa de la pandemia, hay que inventariar ahora las ideas bien intencionadas pero dañinas, las ocurrencias que arriesgan sembrar la semilla que, si se la dejara crecer, acabaría sacrificando las libertades personales.

Por Carlos Peña para El Mercurio

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