Es un tema de nunca acabar, o al menos así lo ha sido para los habitantes de las regiones de La Araucanía y la Provincia de Arauco, en el Biobío, durante los últimos 20 años. El decreto de Estado de Catástrofe debido a la crisis sanitaria causada por el coronavirus no ha sido un disuasivo para que disminuya el número de hechos violentos, por el contrario, han aumentado. Desde el 22 de marzo, la organización Mujeres por la Araucanía reporta al menos 71 atentados, siendo mayo y junio los meses con mayor número de sucesos: con 27 ataques en mayo y 25 en lo que va de junio.

La gravedad de la situación ha desembocado en varias visitas al área de las autoridades del Ministerio del Interior; también se designó a un Coordinador de Seguridad de la Macrozona Sur, y el martes los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, y de Defensa, Alberto Espina, viajaron a las regiones de Biobío y la Araucanía para coordinar el refuerzo policial en la zona. Blumel afirmó que en la últimas semanas la acción preventiva e investigativa policial ha permitido detener a grupos organizados vinculados al robo de madera, el narcotráfico, el robo de vehículos, con alto poder de fuego.

Francisco Ljubetic, lideró el Ministerio Público en la Araucanía entre 2005 y 2013, advierte que “los grupos violentistas buscan que se genere un caos adicional al que ya tenemos por la situación sanitaria y que eso repercuta en la generación de temor”.

Para el actual vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Temuco, las decisiones tomadas por el gobierno para atender esta situación deben ser resultado de una política pública, no solo de la contingencia. “No se pueden tomar estas medidas cada vez que recrudece la violencia porque el estándar hoy es que en la Araucanía hay violencia y ahora reaccionamos porque hubo una docena de atentados, pero hay actos sostenidos y reiterados en el tiempo. Eso es lo que no se ha atacado”, subraya.

-Estos sucesos han aumentado en gravedad y en número. En mayo hubo 18 ataques en los primeros 15 días del mes, el fin de semana hubo 11 en 48 de horas. ¿Usted recuerda otro momento en que los ataques hayan sido tantos en intensidad y en número?

-No tengo un recuerdo muy prístino de eso, pero en el inicio de los hechos violentos, particularmente de incendios en 2001-2002, hubo un número muy importante de delitos. En junio de 2006 tuvo lugar el primer ataque de un grupo vestido con ropa militar, con armamento de grueso calibre, fue contra el matrimonio de Jorge Luchsinger. Era un grupo de 6 a 8 personas que actuó de manera paramilitar. Ese es el primer hecho que demuestra concierto y planificación previa, con oscuridad para generar la impunidad. Ese hito es relevante para lo que después comienza a producirse. Lo que vemos ahora son manifestaciones de fuerza y de violencia reiterada, dando a entender que existe un importante control territorial, pues las acciones se realizan en las narices de las fuerzas policiales y de orden. Se reiteran hechos en distintos lugares, es un desafío flagrante a la autoridad y a la policía que no logra dar con el paradero de los autores. Generan una confusión, yo creo que intencional, sobre si corresponde a un mismo grupo o son distintas células, pero plenamente concertadas para generar caos investigativo, porque la indagación de todos estos hechos recae en la misma fiscalía, pero con una falta de elementos importantes para que haya resultados. Hay personas que se encuentran en prisión preventiva, otras han sido condenadas, ese pasa a ser el fundamento más próximo de las acciones de violencia, que encubren o justifican las mismas, pero lo de fondo es otra cosa, lo de fondo es la señal de control territorial que se pretende a todo nivel y en todos los sectores.

«Cuando no ocurren hechos, o cuando baja el nivel de hechos de violencia en el sur es porque algo se está tramando porque alguna estrategia se está urdiendo, en eso son muy hábiles los que participan de la violencia rural».

-Actúan en rutas principales, en plena pandemia, con Estado de Catástrofe, y toques de queda, ¿es una demostración de fuerza?

-Sin ninguna duda. Los hechos se desmarcan del horario nocturno. Sin embargo, esto demuestra que la peligrosidad es mayor, a plena de luz del día la gravedad aumenta. Han trasladado los horarios debido al estado de emergencia, pero esto no es un recado, es un grito bien importante de los grupos violentistas a la autoridad. Dicen: ‘a nosotros no nos importa la situación que esté viviendo el país, y que haya o no estado de emergencia, lo que nos importa es mantener viva la reclamación territorial’, sumado al reclamo de libertad de personas que se encuentran en prisión. Los grupos violentistas buscan que se genere un caos adicional al que ya tenemos por la situación sanitaria y que eso repercuta en la generación de temor, que es lo que pretenden.

-El Gobierno ha anunciado medidas como la designación de un coordinador de seguridad en la macrozona sur y se decidió reforzar la actividad policial, ¿Cómo evalúa esas decisiones?

-Siempre que al gobierno de turno le ha tocado un escenario exacerbado de violencia, como nuevamente se presenta, vienen las medidas de complemento para controlar el orden público y minimizar la realización de estas actividades violentas, que siempre son bienvenidas. Lo que pasa es que hay una lectura que no atiende el problema en su dimensión y permanencia en el tiempo. No se pueden tomar estas medidas cada vez que recrudece la violencia porque el estándar hoy es que en La Araucanía hay violencia y ahora reaccionamos porque hubo una docena de atentados, pero hay actos sostenidos y reiterados en el tiempo. Eso es lo que no se ha atacado. Hay una reacción, pero no necesariamente existe una política tendiente a salvaguardar de manera permanente. Uno tiene que felicitar las medidas adicionales, lo que pasa es que se empiezan a diluir o a flexibilizar cuando bajan los hechos de violencia. Se juega al gato y al ratón, el roedor se les esconde, parece que desaparece, pero después vuelve y vuelve con fuerza, con más armamento. Hace 15 años uno de los argumentos que tenía el movimiento que lideraba la Coordinadora Arauco Malleco, era que no necesitaban de terceros, sino de su propia voluntad, pero el tiempo ha demostrado que eso no es así. Efectivamente hay apoyos de terceros.

-¿De quiénes?

-Esos terceros son de variada naturaleza, desde organizaciones internacionales, incluso personas naturales nacionales que tengan alguna simpatía con el movimiento, y otras fuentes de financiamiento. El robo de madera, en 2008, 2009, 2010, esto ya se sabía, hubo investigaciones en aquella época en que el criterio de persecución de la fiscalía fue precisamente neutralizar a todos los que compraban madera que había sido sustraída a las propias forestales, que se vendían a precios irrisorios, porque quien compraba sabía de su origen, y luego la revendía, eso se blanqueaba y todos salían ganando. El robo de animales no es solo para comer, cuántos animales han recuperado en la zona de Victoria, de Collipulli, Ercilla y muchos de ellos camino a Temucuicui, lo mismo en la zona de Traiguén. Claro, se pueden utilizar para alimentación, pero no hay que ser ilusos, sabemos que la venta de un animal tiene un rédito importante.

«Hay una confusión, como si aplicar la Ley 18.314 fuese una panacea, la vacuna del Covid, eso no es así. Hay herramientas para hacer la persecución, pero desde el punto de vista legal, incluso, hay mejores herramientas investigativas en la Ley de Drogas o en la Ley de Lavado de Activos».

-¿El narcotráfico es otro factor? A propósito de la detención de un grupo de hombres cargando 800 kilos de pasta base de cocaína, entre los que se encontraba Emilio Berkhoff.

-El que la policía en algunas ocasiones haya encontrado cannabis indica que efectivamente ya no es solo para el consumo de algunos, va más allá de eso. Esto es nada más que una concreción. La CAM se desmarca de Berkhoff, pero la verdad es que una persona con 35 años, vinculado a una organización importante desde el punto de vista de la cantidad de droga incautada, 800 kilos, demuestran que tiene que haber una organización relevante, no solo desde el punto de vista de los financistas, sino que de los partícipes. No es tan simple, desde el punto de vista del narcotráfico, incorporarse a una organización a los 35 años. Está todo compartimentado, el trabajo de una organización delictiva parte de esa premisa. A mí no me huele tan simple que él a motus propio se haya interesado y lo hayan admitido en una organización de estas si es que no iba a obtener alguna tajada. Puede ser personal, pero pareciera que va más allá de lo personal.

-Mencionó el actuar paramilitar, estos meses han atacado infraestructura crítica, como antenas de comunicaciones, y además utilizando explosivos.

-Al principio la gente se tomaba los campos, en 1999 o 2000, con palos, chuecas y piedras. De ayer a hoy, lo hacen con fusiles automáticos. No puede ser que una organización, que a lo mejor en sus inicios, pretendía con cierto nivel de legitimidad alcanzar los objetivos de recuperación de tierras, de reconocimiento como nación por parte del Estado, devolución de privilegios, objetivos que uno podría compartir o no, pero que hoy mantienen la búsqueda de esos fines con actos de violencia extrema y fuertemente armados. La pregunta que hay que hacerse es ¿esto en una zona urbana, o en una zona aledaña a la Región Metropolitana habría durado 20 años? No es un alegato vacío, el Estado se ha despreocupado significativamente, no es un problema de un gobierno determinado, sino desde el punto de vista de la política pública. Acá hay zonas en donde la policía no puede ingresar, está el ejemplo del Censo que no pudo entrar a Temucuicui. Para qué decir, Cañete y Tirúa particularmente en Puerto Choque, en sectores aledaños a Lleu Lleu, completamente controlados por grupos que no tienen ni siquiera empacho de fotografiarse armados y desafiar a la policía en enfrentamientos armados. Cuántos vehículos han sido baleados, cuántos policías han resultado heridos. Y va a seguir sucediendo si es que no existen medidas más drásticas de efectivo control.

«Generan una confusión, yo creo que intencional, sobre si corresponde a un mismo grupo o son distintas células pero plenamente concertadas para generar caos investigativo, porque la indagación de todos estos hechos recae en la misma fiscalía, pero con una falta de elementos importantes para que haya resultados».

“Cuando baja el nivel de hechos de violencia en el sur es porque algo se está tramando”

-Cifras entregadas por la Multigremial de la Araucanía indican solo en 2% de las causas asociadas al conflicto mapuche hay imputados; el resto son “contra quienes resulten responsables”. ¿Cómo evalúa la persecución penal que se hace de estos casos?

-Dependiendo de las épocas los problemas han sido diversos. Existen personas que son responsables, pero se desconoce su identidad, por eso son investigaciones con «imputado desconocido», esa es la terminología técnica. El trabajo investigativo es precisamente la identificación de los responsables. En un número importante de investigaciones esto no se logra, porque hay distintos factores que lo impiden, particularmente la falta de testigos, la falta de pruebas técnicas que permitan situar al sujeto en un lugar; el daño o afectación de elementos probatorios a través de incendios u otros mecanismos para tratar de borrar huellas, etc., pero lo más grave es que a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía y la policía no existe una definición en orden a tener equipos, sobre todo policiales permanentes, que tengan los recursos técnicos, de especialización y desarrollo para poder cumplir objetivos, lo que la gente llama, en mi concepto erróneamente, Inteligencia. La Inteligencia es una parte del trabajo que no solo se logra con personas que estén de manera oculta, clandestina, para tratar de encontrar la información necesaria, sino que esto también se puede lograr con presencia policial permanente, especializada. Aquí se necesita otro grupo de policías con formación para objetivos diferentes, que los hay, pero son insuficientes.

«La CAM se desmarca de Berkhoff, pero la verdad es que una persona con 35 años, vinculado a una organización importante desde el punto de vista de la cantidad de droga incautada, 800 kilos, demuestran que tiene que haber una organización relevante, no solo desde el punto de vista de los financistas, sino que de los partícipes».

-¿En esto también influye la aplicación de la Ley Antiterrorista?

-Hay una confusión, como si aplicar la Ley 18.314 fuese una panacea, la vacuna del Covid, eso no es así. Hay herramientas para hacer la persecución, pero desde el punto de vista legal, incluso, hay mejores herramientas investigativas en la Ley de Drogas o en la Ley de Lavado de Activos, una cosa que nadie puede entender, considerando la gravedad y la importancia desde el punto de vista de las políticas públicas de persecución. Por otro lado, investigar un delito terrorista, desde el punto de vista técnico, estricto, es como investigar cualquier otro delito. Se refiere a un tema de calificación jurídica, no de investigación. Eso ha llevado a desnaturalizar la ley. Hay recursos para la persecución del tráfico de droga a nivel país importantísimos, decisiones de gobierno muy directas. ¿En el caso de la Araucanía o Arauco existe este mismo interés público? Yo diría que no, porque perseguir narcotraficantes es impersonal, da lo mismo quién sea; en cambio perseguir la violencia en La Araucanía con la presunción de que pueden ser personas vinculadas a la etnia mapuche sí que tiene complicaciones; allí es donde hay claramente un doble estándar. Nadie va a reclamar si en un procedimiento se toman detenidas a personas vinculadas a tráfico, al contrario, se aplaude. Si en materia de persecución en La Araucanía, por los hechos de violencia, aparecen vinculadas personas mapuche la opinión es distinta, es dividida y genera anticuerpos, por lo tanto, en algunas ocasiones lo que hace la autoridad política es tomar distancia. Ese doble discurso genera la impunidad.

-Sin embargo, aunque son procesados por delitos comunes, muchos declaran públicamente que son «presos políticos». ¿Qué piensa de este discurso?

-Ese es un gran logro de este adversario del Estado y de la sociedad. Han introducido este discurso, se les atribuye que corresponde a una persecución, que es ideológica, política y no jurídica. Es un producto que se ha vendido, es marketing, que en algunos sectores de la sociedad recala. Las personas en Chile no tienen ninguna diferencia al momento de responder ante la ley penal. Esa diferencia es antojadiza, es discursiva y trata de justificar lo injustificable, pero como hay detrás comunidades mapuche, organizaciones y personas que de alguna manera validan este reclamo, evidentemente que la autoridad de pronto prefiere no entrar en ese conflicto.

«Hay personas que se encuentran en prisión preventiva, otras han sido condenadas, ese pasa a ser el fundamento más próximo de las acciones de violencia, que encubren o justifican las mismas, pero lo de fondo es otra cosa, lo de fondo es la señal de control territorial que se pretende a todo nivel y en todos los sectores».

Los dichos de Héctor Llaitul «pueden configurar un ilícito de la Ley de Seguridad del Estado»

-Hay panfletos dejados en algunos de los lugares de atentados con las siglas de la CAM, hay videos de su líder, Héctor Llaitul, llamando a la rebelión, ¿por qué no se puede lograr prisión en estos casos?

-Héctor Llaitul, por su formación y su propio talento, tiene capacidad de liderazgo y al mismo tiempo de prever escenarios. En mi concepto, es muy hábil y cuidadoso de los límites que no puede superar. Ha aprendido a no cometer errores, y los pocos que se le conocen ocurren en los momentos en que él se mezcla en la sociedad, cuando ha tenido participaciones públicas, pero la regla general es que no se deje ver, salvo en los ambientes en que a él le interesan y donde se siente seguro, protegido y puede expresar de mejor manera su posición ideológica. Él está en un nivel superior en la organización, no es un adversario pequeño, al contrario. Como tal, hay que enfrentarlo, eso es de largo aliento y muy difícil de lograr con personas que tienen esa capacidad. No es que lo esté ensalzando, esa es la realidad. Es una variable muy propia del líder de organizaciones ilícitas que tienen que tener el debido resguardo y cuidado. El que sea vox populi, que siempre sea un blanco perseguible por la policía y fiscalía, que esté en boca de todos, no significa que sea suficiente para encausarlo en una investigación penal, allí es donde hay que trabajar, los resultados no son inmediatos y hay que tener mucha paciencia. También hay que dedicarle tiempo y entregar los recursos humanos y materiales para lograrlo. No con estos vacíos, con estas transiciones. Si uno deja las medidas de resguardo, de protección, de indagación, de inteligencia, hay brotes y rebrotes. Cuando no ocurren hechos, o cuando baja el nivel de hechos de violencia en el sur es porque algo se está tramando porque alguna estrategia se está urdiendo, en eso son muy hábiles los que participan de la violencia rural.

-¿Y las recientes declaraciones de Llaitul en las que amenaza con una “respuesta militar” ante el reforzamiento de las policías en la Araucanía y el Biobío tampoco constituye delito?

-Es una confirmación del liderazgo que asume en momentos críticos, que le permiten, por un lado mantener férreamente unidos y comprometidos a las huestes, dándoles una especie de autorización para actuar, y por la otra, desafía flagrantemente a la autoridad política, con llamados a la insubordinación armada y una respuesta «organizada y militar», articulándose para ello, lo que puede configurar un ilícito de la Ley de Seguridad del Estado, que solo puede ser indagado previa denuncia que le compete al Ministro del Interior o a los intendentes respectivos.

Por Emily Avendaño para ellibero.cl

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