El Octavo Juzgado de Garantía declaró admisible una querella criminal que fue presentada por Carabineros en contra de todos quieres resulten responsables por el delito de denuncia calumniosa.

La acción judicial fue presentada luego de que fueran acusados -en medio del estallido social- de tener un supuesto centro de torturas al interior de la estación Baquedano del Metro de Santiago.

La acusación sobre este eventual centro se originó por un estudiante, identificado como Nicolás Lüers.

“Cabros, con mucha tristeza les comento que se supo de un centro de retención Estación Baquedano (tiene ‘comisaría interna’). Se encontró sangre y amarras. Anoche dos jueces del 7mo. Juzgado de Garantía (cuya jurisdicción es Santiago) dan cuenta de que se torturó gente. Supieron por el relato de un menor de edad”, se informó a través de un mensaje de WhatsApp.

En la querella presentada la institución acusó que “todo el personal de Carabineros, y en especial el de la 60 Comisaría de Carabineros Metro y, en particular, los comparecientes, fuimos objeto de un gran acometimiento y agresiones físicas, por medio de diversos ataques mediante el lanzamiento de objetos contundentes y en especial bombas incendiarias a nuestra Unidad, específicamente a través de los ingresos de la estación Metro Baquedano”.

La institución pidió que se despache una orden de investigar por intermedio del Departamento OS9 de Carabineros y se les cite a prestar declaración en calidad de víctimas. Además, pidieron que se cite a las personas mencionadas en la querella y se determine la existencia de eventuales testigos de los hechos para individualizarlos y tomarles declaración.

Sumado a esto, pidieron que a los querellados se les imponga la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, más una multa de 20 UTM

Sobreseimiento de la investigación

El lunes 15 de junio, en tanto, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de la investigación por este supuesto centro de tortura, luego que la indagatoria de la Policía de Investigaciones descartara su existencia.

Tras aquello, el fiscal Álvaro Pérez aseguró que “no solamente no se logró acreditar estos hechos, sino que muy por el contrario se descartaron (…) Se lograron desacreditar versiones que daban cuenta de la existencia de amarras y de sangre en el interior del recinto”.

Tras ser declarada como admisible, los antecedentes de la querella fueron remitidos al Ministerio Público.

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