Uno de los coletazos que dejaron los casos de financiamiento ilegal de la política es la feroz pelea institucional que hasta hoy tienen el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

La razón de la puga es que los fiscales exigen que se termine con la atribución exclusiva que tiene el SII para presentar ante la justicia denuncias y querellas por delitos tributarios, y que ellos también puedan presentar dichos recursos judiciales.

El punto más álgido de la discusión se dio el pasado miércoles en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados cuando se enfrentaron el fiscal nacional, Jorge Abbott, con el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, en un proyecto de ley que quita la exclusividad al SII.

Las posturas antagónicas de la Fiscalía y el SII

Abbott alegó que es un “reclamo de nuestra sociedad respecto de la igualdad” que los fiscales tengan dicha prerrogativa, ya que hay “sectores privilegiados que, infringiendo normas, pueden no ser objeto de una sanción penal, a través del pago de una multa y esto favorece fundamentalmente a sectores más acomodados de nuestra población”.

Respecto de la facultad exclusiva del SII, el fiscal nacional insistió: “Estimamos que se altera seriamente la igualdad en el tratamiento ante la justicia penal con la existencia de este tipo de impedimentos o trabas para el ejercicio pleno de la acción penal por parte del Ministerio Público, para asegurar así la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, situación que a nuestro juicio no ocurre cuando la acción penal depende de un órgano administrativo y no de uno autónomo”, finalizó.
En contrapartida, Fernando Barraza replicó que “cuando señalamos aquí que queremos un trato igualitario ante la ley y, por tanto, que en estos delitos los contribuyentes cumplan también con cárcel, veamos los datos”.

Según sus registros, en los últimos cinco años, del total de condenados por querellas por delitos tributarios solo se ha obtenido sentencia de cárcel efectiva para el 9,4%, aseguró el representante del organismo fiscalizador.

Además afirmó que el SII ha presentado 271 querellas entre 2008 y este año, para que el Ministerio Público inicie investigación. “Solo en el 26% de esas querellas sin sentencia ha habido formalización (…) En el 73,2% restante de estas querellas ni siquiera se ha podido formalizar, suponemos que la fiscalía no ha tenido la capacidad para formalizar”.

La baja eficacia de los fiscales con los delitos económicos y tributarios

Tal como sostiene el director del SII, las propias cifras del Ministerio Público muestran que los fiscales tienen una baja eficacia en la persecución y condena de los delitos económicos y tributarios.

Según el balance estadístico de 2016 de la Fiscalía, en 2016 hubo 117.675 delitos económicos y tributarios, de los cuales apenas 4.020 (3,4%) tuvieron una sentencia definitiva condenatoria. Además, el 63% de todos los delitos se archivaron provisionalmente ante la falta de antecedentes.

Esa tasa de condena fue una de las más bajas en todas las categorías de delitos que investiga el Ministerio Público. Por ejemplo, el año pasado hubo condena para el 12,2% de los 169 mil ilícitos de hurtos; para el 9,6% de los 23 mil delitos sexuales; para el 39% de las  31 mil infracciones de la ley de drogas; para el 63% de los 198 mil delitos de lesiones; para el 45% de los homicidios y para el 13,8% de los 26 mil ilícitos hacia la fe pública.

Otro dato clave de la deficiente gestión de los fiscales es que los imputados desconocidos en los delitos económicos y tributarios fueron de 72,59%, cifra muy superior al promedio de los otros delitos, 51,70%. Es decir, los persecutores ni siquiera logran identificar al infractor del ilícito.

La cruzada del fiscal Gajardo que es calificada de “imprudente” por el SII

Uno de los fiscales que ha tomado el tema como una causa personal es Carlos Gajardo, quien en entrevistas y a través de su cuenta en Twitter ha insistido reiteradamente en su postura.

El martes pasado emplazó a los diputados al escribir: “Aplazada votación. Habrá que esperar otra semana para saber quién quiere que MP pueda investigar delitos tributarios”. El  jueves acusó que “el SII fiscalizó por años a Penta, SQM y Corpesca. NUNCA descubrió que sus declaraciones de impuestos eran falsas”.

El director del SII calificó de “imprudente” sus acusaciones, y dijo que “no corresponde que un funcionario público esté criticando las acciones que en derecho y en uso de sus facultades legales efectúa otro servicio público. Nuestros funcionarios no lo hacen”.

Además, Barraza reiteró que le “parece extraño pretender tener más facultades de querellarse (de parte del Ministerio Público), suponiendo que es para hacer más querellas, cuando hay un stock del cual aún no puede hacerse cargo”.

Ex fiscal: “Creo que ningún servicio debiera intervenir en las facultades del Ministerio Público”

Pedro Orthusteguy, ex Presidente Asociación Nacional de Fiscales, plantea que el director del SII “ha caído en algo muy obvio: no todas las denuncias o querellas son formalizadas y tampoco todas las formalizaciones terminan en una condena. Eso es el ABC de todo sistema criminal”.

A su juicio, lo que se cuestiona es si un servicio público sujeto a influencias externas deba tener facultades privativas para iniciar un proceso penal. “En ese sentido creo que ningún servicio debiera intervenir en las facultades del Ministerio Público, para eso se creó y se invierten recursos de todos los chilenos en este organismo autónomo. Por qué desconfiar ahora”.

Respecto de la baja eficacia de los fiscales en los delitos económicos y tributarios, plantea que es “un punto a mejorar”, y admite que, en general, las unidades de delitos económicos en el Ministerio Publico son débiles y con escasa dotación.

“No hay mucho incentivo tampoco para trabajar en dichas unidades, son causas lentas, con alta demanda de tiempo, con bajas penalidades y con abogados muy demandantes por ambos lados”, dice Orthusteguy.

Por Uziel Gómez Padrón

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