“Está bueno que los profes estén de vacaciones, llevan un año ya”, dijo el senador Iván Moreira. “Llama la atención que busquen por todas formas no trabajar, es un caso único en el mundo y, yo diría, que de estudio”, agregó el ministro Lucas Palacios.

Nada más desacoplado de la realidad que sus palabras. (Casos de estudio vendrían a ser, más bien, autogoles semanales como estos).

Los y las profesoras han trabajado duro, y se han desgastado al máximo, para sacar adelante a su alumnado, usando todos sus recursos para cumplir su papel en una situación sin precedentes.

Pero a pesar del esfuerzo, la falta de clases presenciales ha dañado gravemente al alumnado y esto no puede repetirse por segundo año seguido. Los vacíos educacionales en materias clave, como lectura, por ejemplo, han sido muy complejos de subsanar. Y esto es mucho peor en las escuelas de menores recursos: la falta de presencialidad ha ampliado la grave brecha de desigualdad, tanto por el dispar acceso a internet y tecnología, como por no contar siempre con madres y padres disponibles para ir enseñándoles en casa.

El “homeschooling” obligado del Covid es muy segregador, y la ampliación de la desigualdad puede demorar décadas en revertirse. La revista Economist ha planteado desde el principio de la pandemia la necesidad de reabrir los colegios a la brevedad, pues su cierre amenaza con ampliar el link entre “educación, etnicidad y clase social”.

Además de todo esto, la privación de interacción con los pares tiene efectos sicológicos muy dañinos. Como dice el psicólogo Daniel Goleman, autor de La inteligencia emocional, parte del desarrollo cerebral de los niños está diseñado para ser moldeado por las interacciones con otros niños. Los pediatras coinciden: en una carta a The Times de Londres, un grupo destacado de ellos afirmó que la depresión entre los niños está llegando a “niveles alarmantes”.

Pero otro efecto tan grave e irreversible se cierne sobre aquellos que abandonarán para siempre el sistema escolar producto de la interrupción pandémica. Ya hay 187 mil NNA fuera del sistema escolar, y podrían agregarse a este grupo 81 mil más, según cálculos del Mineduc. Son miles de niños y niñas que dejarán de habitar ese espacio que debiera proteger y nivelar: la escuela. Esa desventaja los acompañará toda la vida, a ellos y al país.

Por último, la falta de clases presenciales ha influido en que 800 mil mujeres hayan perdido su trabajo y ni puedan soñar en recuperarlo. Están enfrentando una cesantía que amenaza con volverse estructural o, en su defecto, una sobrecarga de roles más que extenuante.

Por todo esto, la Unicef ha sido clara: “La escuela es un lugar con muchos más beneficios, si se abre, que riesgos”, dijo Paolo Mefalopulos, su representante en nuestro país.

¿Cómo hacerlo lo antes posible, y con la mayor seguridad para los 3,6 millones de alumnos de todas las edades que en unos pocos días terminan sus vacaciones?

La experiencia de los países que han reabierto proporciona directrices claras. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, por ejemplo, estableció que el retorno es posible con las correctas medidas de precaución: mascarilla, distancia, lavado de manos, trazabilidad y limpieza. Las clases en días alternados son también clave para las escuelas que no cuenten con espacio suficiente y, de hecho, el 48% de las escuelas chilenas ha anunciado que lo hará así.

Pero sobre todo es importante sacar el tema del binarismo, la politización y la polarización que ha tenido en Chile. Como dijo acertadamente la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que los NNA vuelvan a clases presenciales debe ser “una prioridad nacional”. Un objetivo común y transversal. Desde esa perspectiva, se debe estar al servicio de los niños y niñas, y de nada más. Ni agendas políticas ni electorales caben aquí. Gobierno, municipios y, por cierto, el Colegio de Profesores deben esforzarse por dejar atrás la lógica adversarial y de suma cero, para lograr lo antes posible (y con el menor riesgo) el reencuentro insustituible entre profesores y alumnos y alumnas.

Que el retorno sea flexible, voluntario y gradual, como ha dicho el gobierno, es un buen camino. Con poder de decisión de cada comunidad, no un “todo o nada” en marzo, porque las realidades de las diferentes escuelas y comunas son distintas. Pero tampoco puede ser un retorno abierto y sin plazos: gran parte de los colegios particulares sí retornarán a clases presenciales (o híbridas), y las brechas sociales se agrandarán cada día más si no hay urgencia en que lo hagan también los demás.

Los niños y niñas, especialmente quienes están hoy en riesgo de desertar, no pueden esperar.

/Escrito por Paula Escobar para La Tercera

/gap