La autonomía del Banco Central ha entrado en el debate de la nueva Constitución, enfrentando distintas visiones respecto a las reglas que deberá seguir el organismo a futuro.

En una columna de opinión en La Tercera, el economista (ex PS) Gonzalo Martner indicó que la nueva Constitución “no debiera mencionar el estatuto del Banco Central. Éste debiera mantenerse en el marco de la ley”.

“La preocupación de los economistas neoliberales, cuya fe en la democracia es un tanto limitada, es dejar en piedra, ojalá con un quórum de 150%, que el Banco Central es autónomo del Poder Ejecutivo elegido por el pueblo”, indicó Martner.

En respuesta, el también economista Raphael Bergoeing respondió en su cuenta de Twitter que “una cosa es pensar mandato más amplio para el Banco Central o un mecanismo que separe objetivo y herramienta, y otra es omitir por qué los Bancos Centrales s son autónomos”.

“A Martner, que firma como académico, le haría bien estudiar la evidencia. Y lo digo con respeto”, agregó Bergoeing.

Uno de los que había expuesto condiciones a la autonomía del Banco Central fue Fernando Atria, expresando que éste debería responder políticamente al Congreso.

En entrevista con El Mercurio, Atria señaló que “las decisiones que toma el Banco Central pueden causar muchas penurias y sufrimientos”, expresando que se debiera evaluar que los miembros del organismo puedan ser acusados constitucionalmente.

Atria tuvo respuesta: Pablo Ortúzar, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), afirmó que el presidente de Fuerza Común “tiene una especial sensibilidad para detectar y denunciar ‘trampas’, pero también para desplegarlas”.

La respuesta dirigida como carta al medio nacional estableció que “el ex precandidato presidencial sabe perfectamente que un consejo del Banco Central expuesto a juicios políticos jamás se atrevería a tomar medidas drásticas y dolorosas en el corto plazo, pero necesarias a mediano y largo”.

En esa línea, Ortúzar defendió la autonomía del Banco Central argumentando que busca proteger de los vaivenes del Congreso y que sus consejeros pasen “a la lista de chivos expiatorios ideales en los escenarios de crisis económica”.

El Banco Central, órgano constituido en 1925, está regido por una ley orgánica de rango constitucional de octubre de 1989, donde se garantiza su autonomía. Esto quiere decir que no está sujeto ni a la fiscalización de la Contraloría General de la República ni a la de la Comisión para el Mercado Financiero.

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