“Dispónese el abandono del país en 15 días”. Esta frase ya está impresa en 34 decretos de expulsión de extranjeros, los que fueron detenidos cometiendo delitos durante la crisis social, posterior al 18 de octubre del 2019. Sin embargo, el proceso no terminará con esos oficios, ya que el gobierno decidió sacar del país a más de 50 inmigrantes que habrían participado en actos ilícitos durante las protestas.

Esta tramitación, la cual es llevada adelante por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, ya tiene contemplado el abandono de 53 personas, donde 34 decretos ya fueron firmados, 12 están en trámite en el gabinete y siete oficios se encuentran en el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).

La mayoría de las expulsiones tiene que ver con imputados que fueron detenidos en medio de saqueos. El 68% de quienes ya fueron notificados del proceso de salida fue arrestado por la policía en medio de robos en supermercados y tiendas comerciales.

El subsecretario Galli explicó a La Tercera que “esto es parte de lo que hemos impulsado como una política desde el Ministerio del Interior. Chile es un país abierto a la migración y acoge sin problemas a quienes quieran venir a vivir a nuestro país, sin embargo, eso también tiene una responsabilidad, ajustándose a nuestras leyes y normas, y más sobre todo en medio de los desórdenes ocurridos ‘post 18 de octubre’, que era cuando el país más necesitaba tranquilidad en el orden público”.

Galli agregó que “hemos sido tajantes y lo seguiremos siendo: todas las personas extranjeras que participen en saqueos, agredan a las fuerzas policiales y cometan delitos en una situación migratoria irregular, serán expulsados de nuestro país. Además, hoy en una instancia de pandemia y crisis sanitaria, más que nunca se requiere que las personas cumplan con las disposiciones para cumplir el orden público”. La autoridad precisó que todos los deportados son personas que, además, estaban en una situación migratoria no regularizada.

En ese sentido, las cifras de expulsados también podrían seguir aumentando, dado que hay procesos penales que siguen vigentes, por ende, una vez concluidos, otros extranjeros involucrados en delitos también podrían ser deportados del país.

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