Para detener el proceso interdisciplinario en contra de Carabineros que inició la Contraloría General de la República con la formulación de cargos a siete generales de la institución por sus eventuales responsabilidades durante el estallido social, diputados oficialistas enviaron una carta al Onlacefs, organización de la que Jorge Bermúdez es el secretario ejecutivo.

Según consta en el sitio web de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Onlacefs), la Contraloría chilena, específicamente Bermúdez, fue electo en enero del 2013 y hasta el 31 de diciembre del 2020.

Este antecedente, según confirmaron a EL DÍNAMO fuentes al interior de Contraloría, mantendría la calma en el ente fiscalizador, ya que Bermúdez podría intervenir a favor del proceso iniciado contra Carabineros.

Además, durante la pandemia del COVID-19 el organismo, a través de charlas virtuales, ha instado a sus miembros a promover y aumentar las fiscalizaciones a instituciones públicas, por lo que no tendría problemas con las acciones que lleva a cabo la Contraloría General de la República.

El alegato del oficialismo

La carta enviada a la Onlacefs fue firmada por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) y su par Camila Flores (RN), quienes aseguraron que el proceso sancionatorio que busca la Contraloría excedería a sus propias atribuciones.

“En Chile hemos sido testigos de un inédito hecho, a saber, inicio del procedimiento sancionatorio dirigido por la Contraloría General de la República, en contra de altos mandos de las fuerzas policiales de nuestro país, exigiendo responsabilidad administrativa a dichos funcionarios, por el actuar de la policía en momentos de altísima tensión social, donde se suscitaron graves episodios de violencia y delincuencia que pusieron al país en un estado de alteración del orden público evidente, y que se sostuvo por varias semanas”, se lee en el documento preparado por los legisladores”, se lee en el documento.

Además, el diputado Coloma acusó directamente al contralor Bermúdez de “sesgo” y “persecución” contra Carabineros y sus siete generales cuestionados.

“Esperamos que la organización (Olacef) pueda establecer los márgenes de acción de la Contraloría, el límite de sus atribuciones y el sentido su actuación”, pidió el parlamentario.

Similar a lo que opinó Flores cuando dijo a los medios de comunicación que “la Contraloría debe ser un ente objetivo, que no tenga sesgo y que no pueda politizarse esta institución que es fundamental para la fiscalización de los actos administrativos de nuestro país”.

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