Cuando uno se enfrenta a una decisión en la que no hay mucho que ganar pero sí mucho que perder, lo más razonable es no embarcarse en esa aventura. El proceso constituyente que se iniciará en el caso de que gane el Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre implica una serie de riesgos que pueden llevar al país por el sendero de crisis e inestabilidad por el que ya transitan muchos otros países de América Latina. Aunque también existen oportunidades asociadas con la redacción de una nueva constitución, el valor de lo que se puede perder es sustancialmente superior al valor de lo que se puede ganar.

Los defensores del proceso constituyente reconocen que no hay nada garantizado y que, en el mejor de los casos, el nuevo texto será parecido al actual, pero sin el pecado original de la Constitución de 1980. Para ellos, tener una constitución que no haya sido inicialmente promulgada en dictadura justifica los riesgos que implica iniciar un proceso constituyente. Pero ese argumento pone demasiado énfasis en el origen de la constitución y no en el contenido. Una constitución se puede legitimar en su ejercicio. Llevamos 30 años con una democracia que incuestionablemente ha venido mejorando. Chile es hoy mucho más democrático de lo que era en 1990 o incluso en 2010. De hecho, el gran mérito de nuestra democracia ha sido su capacidad de desarrollarse y profundizarse pese al origen autoritario de su constitución.

Hay otros que valoran el contenido de la constitución, pero reconocen el pasivo de su ilegitimidad de origen. Para ellos, el mundo ideal sería que el proceso constituyente produjera un texto similar actual, pero que goce de incuestionable legitimidad democrática. En esa lectura, el proceso constituyente se asemejaría a lo que le ocurrió a Pierre Menard, el personaje de un cuento de Jorge Luis Borges, que quiso escribir su propio El Quijote de la Mancha. El texto debía ser idéntico al de Cervantes, pero en realidad sería diferente por el lugar y momento en que fue escrito. Para los que valoran el contenido actual de la constitución —incluidas las decenas de reformas realizadas desde 1989— pero objetan el origen de la carta magna, esperar una constitución con similares fortalezas y sin las debilidades es igual a creer que aquello que sería ideal es también inevitable.

Esas dos formas de pensar tienden a centrarse en los potenciales beneficios de redactar un nuevo texto constitucional —el upside— y no en los costos y riesgos del proceso—el downside. Un análisis más cuidadoso no puede dejar de considerar los potenciales obstáculos y complicaciones que implica avanzar por un proceso constituyente. La experiencia comparada de procesos constituyentes, especialmente la de América Latina —región de la que seguimos siendo parte, por más que hayamos entrado a la OECD, igual que Colombia o México— es bastante menos auspiciosa de lo que quisieran creer los promotores del Apruebo. Las experiencias de Venezuela, Ecuador y Bolivia —los tres casos más recientes de procesos constituyentes— no produjeron ni democracias más robustas ni economías más desarrolladas. En los tres países, el fin del boom de las commodities ha generado serios problemas económicos. Los tres países también han experimentado significativos retrocesos democráticos en los últimos años.

Las experiencias de Colombia y Brasil —que a menudo se consideran como los casos exitosos de la región— también nos muestran que los procesos constituyentes tienen costos. En Brasil, muchos de los problemas que existían antes de su nueva constitución —incluida la desigualdad—s iguen notoriamente presentes. Es difícil argumentar que Brasil es un país mejor producto de la constitución de 1988. En Colombia, la constitución de 1991 sentó las bases de una nueva institucionalidad. Pero el proceso político tuvo que pasar por el polémico gobierno de derecha de Álvaro Uribe para que el país pudiera comenzar a superar la oscura etapa de la guerra de guerrillas liderada por las FARC, ELN y otros grupos. Los casos de Brasil y Colombia nos enseñan que los procesos constituyentes pueden tener beneficios, pero también tienen costos y riesgos. Peor aún, muchos de los problemas que tenían los países antes de la nueva constitución sobreviven y se exacerban después del cambio constitucional.

En el debate sobre el proceso constituyente en Chile, muchos promotores del Apruebo comprensiblemente destacan las oportunidades que ofrece redactar un nuevo texto. Pero aquellos que quieren tomar una decisión informada deben saber también que hay muchos riesgos y costos altos. Si en el análisis que haga cada quien, surgen dudas —si hay una vocecita que le dice que tal vez ese no es el mejor camino— la única decisión razonable que pueden tomar las personas que aspiran a construir un mejor país es, actuar en consecuencia, y precisamente porque los riesgos y costos superan las potenciales ganancias, el 25 de octubre debieran votar Rechazo.

Por Patricio Navia, sociólogo, cientista político, académico UDP, para ellibero.cl

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